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Espionaje en el Vaticano y censura por el Vatileaks con proceso contra periodistas Nuzzi y Fittipaldi

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Texto leído durante la presentación del cuadernillo recopilación de los reportajes de Eduardo Lliteras sobre los Vatileaks, en el restaurante Amaro

Eduardo Lliteras Sentíes.- En días pasados en plática en Radio Universidad me comentaban que cómo era posible que el Vaticano pretenda enjuiciar a dos periodistas: hablamos de los periodistas italianos, Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, autores de los libros Via Crucis y Avarizia, quienes se encuentran en el ojo del huracán del llamado Vatileaks II. El periodista Alejandro Pulido cuestionó el hecho de que el Vaticano arguyera o se escudara en el tema de seguridad nacional, para pretender someter a juicio a dos periodistas, ciudadanos de otro Estado. Y efectivamente, en días pasados, entrevistado por un medio de la Ciudad de México, Fittipaldi decía que el Vaticano lo juzga según sus leyes contra la revelación de informaciones que puedan poner en riesgo su Seguridad Nacional. Así literalmente, lo comentaba el periodista y escritor italiano, quien también señalaba que el proceso que inició en noviembre de 2015 tras la detención, en el mismo Vaticano, de las supuestas fuentes de documentos clasificados de la Santa Sede o corvi (cuervos) que sustrajeron información clasificada tiene rasgos kafkianos. Además de los dos periodistas mencionados, el Vaticano está procesando a monseñor Lucio Vallejo Valda, a Inmaculada Chaouqui y Nicola Maio tres personas que fueron contratadas por el mismo Papa Francisco precisamente para formar parte de una comisión investigadora de las finanzas de la Santa Sede.

Pues bien, Fittipaldi decía que el proceso al que están siendo sometidos él, así como el periodista Nuzzi y los soplones Vallejo Valda, Maio y Chaouqui,  tiene la intención de distraer al público de las acusaciones de su libro, en el que, asegura, habla de la mala gestión de los fondos del Vaticano y de la corrupción en la Santa Sede con nombres apellidos.

Por ejemplo, Fittipaldi ha dado a conocer lo que ya es un escándalo en Italia bien sabido, que el cardenal y ex secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, utilizó por lo menos 420 mil euros para realizar adecuaciones a un departamento con dinero destinado al hospital religioso Bambino Gesú, gestionado por el Vaticano. El departamento de súper lujo de Bertone tiene 600 metros cuadrados, con tres monjas a su servicio, así como una inmensa terraza 100 metros cuadrados dentro de los mismos muros del Estado Vaticano. De hecho, tras las denuncias de Fittipaldi y el semanario italiano L´Espresso, el Vaticano se ha visto obligado a abrir una investigación judicial para supuestamente determinar si los fondos donados para el funcionamiento del hospital pediátrico Bambino Gesù, es decir, para niños enfermos, fueron utilizados con otros fines, como el de dar nuevo lujo al departamento del principesco cardenal Tarcisio Bertone.

Bajo investigación se encuentran, asimismo, dos exdirectivos del hospital romano, el expresidente Giuseppe Profit y el extesorero Massimo Spina, ha informado el Vaticano.

Otro pequeño escándalo fue la revelación de que para canonizar, para santificar a alguien en el Vaticano, se requieren para empezar 500 mil euros, lo que deja fuera a las congregaciones menos ricas.

Sin ir más lejos, en su cuenta de Twitter, el periodista Gianluigi Nuzzi decía hace un día que “sarebbe interessante sapere come mai il saldo di alcuni conti Ior riconducibili a cardinali ammonta a diversi milioni di euro”. Es decir, decía que sería muy bueno que alguien explicara cómo el saldo de algunas cuentas del Instituto de Obras de Religión de varios cardenales, es decir, de cuentas abiertas por purpurados en el IOR o Banca del Vaticano, suman varios millones de euros.

Y bueno, en estos días tuvo lugar otra sesión del juicio que inició en noviembre pasado contra todos estos personajes. El juicio se lleva a cabo dentro del Vaticano. Para ingresar a la sala donde se realiza el proceso, hay que pisar, para empezar territorio del Estado Vaticano, hablo de caminar por la Plaza de San Pedro y después traspasar la línea defensiva de la Guardia Suiza en el llamado Arco de las Campanas, por donde suelen ingresar dignatarios y jefes de Estado y de Gobierno a la Santa Sede, ubicada del lado izquierdo de la basílica de San Pedro según se mira de frente. Tras traspasar el arco, con la venia de los guardias, previo permiso de la Sala de Prensa del Vaticano y/o de la Secretaría de Estado del Vaticano, se pasa más allá de la Domus Santa Marta (donde ahora duerme el Papa) y luego, tras caminar varios pasos, se encuentro uno con un muro en el que hay una inscripción en mármol que reza: Stato della Citta del Vaticano, Uffici Giudiziari, es decir, Estado de la Ciudad del Vaticano, Oficinas Judiciales. Si siguiéramos de frente, llegaríamos a los jardines vaticanos.

Pues bien el Vaticano acusa a los periodistas de haber pedido a monseñor Vallejo Valda, Francesca Chaouqui y Nicola Maio los documentos internos y secretos de la comisión en la que laboraban. Por estos supuestos “crímenes”, según los califica el Vaticano, de los que son acusados los dos periodistas, podrían afrontar 8 años de prisión.

El juicio se lleva a cabo bajo el signo de un crucifijo y un policía de la Gendarmería del Vaticano armado con una pistola al cinto, así como bajo un escrupuloso control de lo que allí se dice, a través de la prohibición de realizar grabaciones a los periodistas que acceden a la sala.

Cabe recordar que el Vaticano, con apenas una superficie 44 hectáreas es el más pequeño estado independiente del mundo, sus confines son delimitados por los muros que lo circundan y la misma plaza de San Pedro, aunque la jurisdicción del Vaticano se extiende en algunas zonas de Roma e inclusive fuera de Roma, que gozan el derecho de la llamada extraterritorialidad, misma que suele verse recordada en inscripciones ad hoc cuando uno ingresa a uno de estos edificios.

El tema es muy interesante porque estamos ante la pretensión de un estado, con presencia global, de someter a juicio a dos periodistas por haber ejercido su profesión. El Vaticano no niega la veracidad de lo publicado, sino que carga contra los periodistas por el hecho de haber publicado dichas informaciones. De allí que el juicio contra ambos tenga mucha más trascendencia de la que hasta ahora se le ha dado en medios de comunicación de todo el mundo. Aunque se duda que ambos periodistas terminen tras las rejas en el Vaticano, el solo hecho de procesarlos, de acusarlos, ya es un intento, demoledor, de censurar cualquier intentona futura de publicar informaciones que pudieran lastimar la imagen de la Santa Sede y sus jerarquías o de la Iglesia católica.

Por último, esto me ha recordado los procesos con pretextos semejantes contra Julian Assange fundador, editor y portavoz del sitio web WikiLeaks, que ha publicado un sin número de informaciones secretas, filtradas, fugadas, de gobiernos e instituciones, que han puesto en jaque a gobernantes alrededor del mundo, incluido Yucatán, como ha ocurrido con las filtraciones de Hacking Team, y los sistemas de espionaje contratados por el gobierno yucateco.

Julian Assange, el soldado Bradley Manning –hoy conocida como Chelsea Manning- o Edward Snowden, todos tienen en común la persecución de gobiernos occidentales y en particular del gobierno estadounidense, por haberse atrevido a revelar informaciones que los gobernantes, Washington, el Pentágono, no querían se hicieran públicas, como las entretelas del espionaje internacional y doméstico contra los ciudadanos fuera de control.

En días pasados supimos de las cuentas en paraísos fiscales dadas a conocer a través de los Panamá Papers así como cables en los que se revela que Michael Temer, ahora presidente de Brasil tras defenestrar a Dilma Roussef, es soplón y espía al servicio de la CIA.

En fin. Mientras en Cannes triunfa el documental de Laura Poitras dedicado al equipo de Wikileaks, nos topamos en México con una sucesión irrefrenable de muertes de periodistas y de un clima sumamente adverso inclusive desde el punto de vista legal con la ley mordaza llamada la ley del derecho de réplica, que prevé juicios sumarios que a la larga pueden derivar en millonarias multas y costosos litigios para los medios de información. Medios como Proceso se ampararon y obtuvieron en días pasados, un fallo a su favor de la SCJN.

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