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República de las Bananas

Presiones a familia de taxista asesinado en Yucatán por Eduardo Lliteras Sentíes

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Alberto de Jesús Lara Acosta. Su asesinato se mantiene impune en el Estado líder del llamado sistema oral. En la foto, la demanda contra los propietarios del taxi, que resultaron familiares de funcionarios estatales del Despacho del Gobernador

Redacción.- El año pasado nos enteramos de una noticia espeluznante en Mérida, una de las ciudades menos inseguras de uno de los países más violentos y peligrosos del mundo, donde la impunidad campea a sus anchas. Había sido asesinado a cuchilladas de forma salvaje un taxista mientras circulaba por el sur de Mérida a bordo de un “Taxi Seguro”. El taxista, en la madrugada del 30 de octubre, fue emboscado, aparentemente, por un grupo de pandilleros o de jóvenes de la zona, los que según las versiones que circularon por esos días, colocaron piedras en la calle para interceptarlo. Tras lo cual, abrieron el vehículo y agredieron a navajazos al taxista, perforando con una de las armas su corazón, herida que le causó la muerte.

El taxista asesinado se llamaba Alberto de Jesús Lara Acosta, y su asesinato se mantiene impune en el Estado líder del llamado sistema oral, el que por ahora sólo ha demostrado ser costoso, pero con las mismas lacras que veníamos arrastrando en materia de justicia.

Por mientras su familia padece, no sólo la falta de justicia, sino todo tipo de carencias debido a la pérdida del padre de familia que les daba de comer.

El caso es que éste brutal asesinato ha resurgido a raíz de la publicación de un reportaje de Telemar –que posteriormente desapareció de las redes sociales misteriosamente-  en el que se afirmaba que la familia ha sido presionada por parte de las personas propietarias del auto y de las placas para que retire una demanda ante Conciliación y Arbitraje.

Esas personas, comentaba el reportaje, eran funcionarios públicos, del Gobierno del Estado. Y por demás señas, del Despacho del gobernador.

Ante la indudable importancia del tema, buscamos al abogado Martín Méndez Vargas, quien lleva el caso de la familia, y quien nos confirmó que, efectivamente, la familia había recibido la visita de un funcionario del Despacho del Gobernador –así se había ostentado con una tarjeta de presentación que dejó a la familia- para ofrecerles un “trato”, consistente en una liquidación de 15 mil pesos por la muerte del padre de familia. Es decir, un acuerdo a todas luces inaceptable para la familia.

La madre de familia, además de llamar al abogado, de inmediato, rechazó la “oferta”, a todas luces ridícula del funcionario de marras, que resultó ser el señor Sergio Marín Vadillo Lora, “Jefe del Despacho del Gobernador”, como decía la tarjeta que le dejó a la señora del taxista difunto hace aproximadamente tres semanas.

El abogado también nos comentó que la concesión del taxi y el vehículo eran de un familiar del señor funcionario público, quien pretendía de esa forma solucionar el conflicto que se encuentra ya en una instancia federal. El vehículo y la concesión, según documentos que obran en nuestro poder están a nombre de Silvia Irene Correa Mendoza, quien aparece como demandada junto con José Luis Vadillo Rosado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Junta Especial Número Veintiuno, expediente 87/2016. Asimismo, en la demanda laboral aparecen como terceros interesados, el gobernador Rolando Zapata Bello, el secretario General de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, el director general de Transporte, Humberto Hevia Jiménez, entre otros funcionarios. 

La familia se quejó de presiones, además de que señalaron que toda la conversación con el señor Vadillo y con otra persona que lo acompañó, fue grabada en un audio que obra en poder de Infolliteras.

Hasta ahora, no hay una versión oficial al respecto. Pero el tema es relevante sin lugar a dudas, ya que estamos ante una familia yucateca, de escasos recursos, que quedó huérfana de padre de forma violenta en la ciudad presumida como remanso de paz en el violento México. Que no ha obtenido justicia y que además está luchando, por los cauces legales pertinentes, obtener lo que por derecho le corresponde en materia económica.

Este es un caso al que debe poner atención el señor gobernador, Rolando Zapata Bello, a quien estamos seguros, le interesa que ninguna familia sufra atropellos o injusticia alguna.

El tema, además, llega en el momento de la coyuntura en que el transporte se ha convertido en centro del debate por la llegada de la empresa Uber, la polémica legislación posterior en el Congreso y la exigencia de transparentar, por parte de algunos diputados del PAN locales, los nombres de los propietarios de concesiones de taxis.

Se nos ha dicho que el PAN a través del INAIP –ahora convertido en el Instituto de Transparencia local con todo y un flamante “consejo ciudadano”- solicitó los nombres de los concesionarios de taxis en Yucatán, entre los que muchos deben ser políticos, o sus prestanombres.

La tardanza y la negativa podrían hacer pensar, no descabelladamente, que se quieren encubrir los conflictos de interés de muchos influyentes, los que tienen trabajando a numerosos hombres del volante en condiciones muy lamentables, sin seguro, por ejemplo ni derechos laborales, como era el caso de Alberto Jesús Lara Acosta. Hasta ahora, los funcionarios del INAIP no han dicho si ya se recibió la solicitud, y si se le ha dado cauce. Habrá que preguntarles.

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