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Derechos Humanos

La tortura persistente exhibe crisis de derechos humanos en Yucatán, dice Indignación

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El de Tekax no es un caso aislado.

El video que muestra a los policías municipales de Tekax torturando a una persona pone en evidencia un crimen que es sistemáticamente negado y encubierto y, por lo tanto, perpetuado. El de Tekax no es un caso aislado.

En el caso de Temax la evidencia es mucho más dolorosa: la muerte de William Roberto. Y, sin embargo, se ha intentado encubrir.

La persistencia de la tortura, perpetrada por agentes policiales de distintas corporaciones prácticamente en toda detención, exhibe una crisis de derechos humanos en Yucatán, profundizada por la negación y por el encubrimiento de las autoridades.

El video de Tekax, junto con el lamentable asesinato de William Roberto, obligan a establecer una serie de medidas para investigar TODOS los casos de tortura de acuerdo a los más altos estándares y a establecer garantías de no repetición, así como reparación del daño a las víctimas y a sus familiares.

Lamentablemente el Gobierno de Yucatán no muestra respeto ni conocimiento ni interés en materia de derechos humanos. La fiscalía no investiga y perpetúa la actuación criminal de la policía, contumaz en los maltratos, abusos, torturas.

La decisión de los diputados de posponer hasta septiembre la creación de una comisión que investigue los casos de tortura exhibe la profundidad y extensión de la crisis de derechos humanos que enfrentamos. Dicha comisión tendría que investigar, no sólo el caso de Tekax, sino todos los casos de tortura así como las múltiples deficiencias en las investigaciones, el encubrimiento y establecer responsabilidades.

La legislatura anterior no se tomó siquiera la molestia de calificar el juicio político contra el alcalde de Seyé, acusado entre otras cosas de torturar a un periodista de ese municipio. El tiempo le quitó el fuero que la negligencia de los diputados le mantuvo y ahora el ex alcalde enfrenta un juicio ante un juzgado federal, pero hasta ahora han omitido procesarlo precisamente por tortura.

El asesinato de William Roberto en Temax se suma a la muerte de Roberth Tzab Ek en Tekax en circunstancias que obligan a sospechar tortura y a otro caso consignado en la recomendación 7/2014 de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), que exhibe otro asesinato producto de la tortura infligida a un persona en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública en Mérida. Ni siquiera en esa ocasión el organismo público de derechos humanos concluyó tortura, crimen que suele calificar como “violación al derecho a la integridad personal”.

Es indispensable sancionar a quienes infligen la tortura, a quienes cometen el crimen, pero también a quienes lo han encubierto. Exigimos sanción, reparación y garantías de no repetición.


El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Tortura y otros tratos crueles, al presentar el informe sobre su visita a nuestro país en 2014, afirmó que en México la tortura es generalizada y llamó al gobierno a implementar prontamente sus recomendaciones y a la comunidad internacional a asistir a México en esta materia.

El relator, en el apartado de Recomendaciones, estableció entre otras cosas:

80. La impunidad de la tortura y el maltrato es aliciente para su repetición y agravamiento. Para combatirla (…) el Relator Especial recomienda:

a) Reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado, conforme a la normativa internacional, constitucional y penal;

b) Tomar todas las medidas necesarias para prevenir y castigar severamente toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, representantes y defensores de derechos humanos;

c) Garantizar el derecho de todas las víctimas a una reparación integral.

(…)

82. Respecto a las investigaciones:

a) Asegurar que todas las instancias de tortura y malos tratos sean investigadas prontamente como tales, incluyendo los sucesos pendientes de la Guerra Sucia; investigaciones imparciales, independientes y exhaustivas y que los responsables sean procesados y castigados tanto penal como administrativamente; y que se investigue y castigue, con sanciones acordes a la severidad del delito, tanto a los autores materiales como a quienes ordenaron, consintieron tácita o explícitamente, o no evitaron o reportaron la tortura;

b) Garantizar la suspensión administrativa inmediata de todo funcionario sujeto a investigación por tortura y malos tratos;

c) Documentar y sancionar los casos en los que los jueces o fiscales no ordenen investigaciones de torturas de oficio al recibir denuncias o constatar posibles torturas;

d) Garantizar la pronta realización de exámenes médicos conforme al Protocolo de Estambul por personal independiente y capacitado sobre los estándares que rigen su aplicación, proporcionar copia de los exámenes una vez concluidos y asegurar que la ausencia de evidencia física en el examen médico no se interprete automáticamente como inexistencia de torturas;

e) Garantizar la separación de los servicios periciales de los Ministerios Públicos para asegurar su independencia e imparcialidad;

f) Asegurar que las pericias forenses practicadas por particulares sean admitidas como pruebas y valoradas en iguales términos que las pericias oficiales.

 

Éstas son sólo algunas de las recomendaciones. El informe completo y todas las recomendaciones pueden consultarse en:http://sintortura.mx/wp-content/uploads/2015/03/A_HRC_28_68_Add_3_SPA.pdf

 

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