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República de las Bananas

Operativo policíaco sin padre en Yucatán por Eduardo Lliteras Sentíes

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Un grupo de encapuchados irrumpe pistola en mano y con violencia en una oficina. Es el 11 de enero de 2016, en Mérida, Yucatán. Con rapidez, se lanzan en persecución de un hombre

Un grupo de encapuchados irrumpe pistola en mano y con violencia en una oficina. Es el 11 de enero de 2016, en Mérida, Yucatán. Con rapidez, se lanzan en persecución de un hombre que huye escaleras arriba mientras arrojan al piso a una mujer con brutalidad, la que cae de bruces y queda tirada en el suelo boca abajo. Traen las armas desenfundadas, pistolas y armas largas, algunos visten ropas oscuras, otros camisetas blancas y vaqueros. No se escuchan sus voces porque el vídeo de seguridad no tiene audio.

Todos tienen el rostro cubierto por pasamontañas, no portan algún gafete o uniforme salvo en al menos un caso, en el que aparentemente se observa una persona con un uniforme que podría ser de algún cuerpo policiaco que no se puede identificar con precisión.

El operativo del comando dura pocos minutos, en los cuales husmean por la casa, alguno mete las manos en la bolsa de la mujer tirada en el piso, mientras otros bajan a toda velocidad del segundo piso con el detenido, con la camisa rota y ensangrentada. También cargan con computadoras y salen a toda velocidad del inmueble.

Todo fue captado por una cámara de seguridad, que dichos individuos no vieron. De tal manera, el vídeo llegó a nuestras manos, a las manos de La Jornada Maya y de Infolliteras. Ambos medios dimos a conocer dicho documento inédito que muestra un operativo ilegal y bajo investigación de la CODHEY por violaciones al debido proceso, que ahora resulta ninguna autoridad reconoce como suyo.

Un operativo de impacto mediático, realizado en el marco de las “investigaciones” del caso Crecicuentas, para aparentemente acabar con las protestas de los afectados. Operativo que no fue aislado, ya que ese día se llevaron a cabo otras detenciones sin orden de aprehensión, violentos allanamientos de morada, retenciones ilegales de libertad e incomunicación de personas, lesiones, amenazas entre otras violaciones a los derechos humanos. Un dato relevante es que el operativo fue llevado a cabo días antes del tercer informe de gobierno del gobernador, Rolando Zapata Bello, con la aparente finalidad de que tuviera lugar la fiesta del Ejecutivo sin manifestaciones que la empañaran.

El inmueble en el que irrumpieron los personajes descritos era la oficina de Miguel Argaez, involucrado en la quiebra de Crecicuentas. Dicho caso se ha convertido en un dolor de cabeza para el actual gobierno estatal ante las justas demandas de los centenares de afectados de que les devuelvan su dinero y ante las acusaciones de presunta complicidad política.

Sorprendente resultó, por lo menos, la afirmación del vicefiscal de la FGE, Javier León Escalante a la Jornada Maya, quien dijo que dicha institución no lleva a cabo operativos como el que se evidencia en el vídeo. Además, dijo desconocer quiénes eran dichos personajes.

Si la Fiscalía General del Estado desconoce quiénes son dichas personas armadas y enmascaradas, en el estado más seguro, según nos dicen, debemos preocuparnos, porque ello podría significar que en Yucatán operan comandos al margen de la ley y fuera del control de las instituciones de justicia encargadas de realizar las detenciones en el marco del estado de derecho vigente.

¿Quién operó dicho operativo? ¿Quién fue el responsable? ¿A qué fuerzas policíacas pertenecen dichos personajes armados? ¿O estamos ante una fuerza paramilitar?

Las preguntas son pertinentes y deben ser respondidas por la autoridad, ya que de otra manera sería sancionar la existencia de comandos al margen de la ley. Y de detenciones irregulares e ilegales.

Sin embargo, hay otras preguntas y evidencias que contradicen lo dicho por el vicefiscal. Por ejemplo, el jefe del grupo de la Policía Ministerial Investigadora de la Fiscalía General del Estado (FGE), César Israel López Pech, dio a conocer en su parte informativo, con fecha del 28 de enero de 2016, una versión muy distinta de la detención de Miguel Argaez. López Pech, en documento obtenido por la Jornada Maya e Infolliteras, informó que estaban a bordo de la camioneta oficial matrícula YR-07757 en la calle 17 entre 38 y 40 de la colonia San Damián, donde se encontraba Miguel Ángel Argaez. López Pech aseguró que alrededor de las 18:35 horas el ahora detenido salió del predio y se dio a la fuga, luego de que se “identificaron” como agentes de la FGE. No cito el parte policiaco por completo, por cuestiones de espacio, pero Pech López aseguró que se “identificó como Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Investigadora del Estado”. Y que luego Miguel Argáez López se dio a la fuga, “enfrentándolos después a golpes”, a él así como a su “compañero Agente de la Policía Ministerial Investigadora, Felipe Alpuche Canul”.

Es decir, toda una fábula, ya que como demuestra el vídeo de marras que describimos al inicio de la presente columna, Miguel Argáez López no fue detenido en la calle, sino en su oficina, por un comando del que nadie ha podido responsabilizarse ni explicar su proceder, ya que no sólo no mostraron orden de aprehensión alguna, sino que no la tenían.

Pero hasta ahora, nadie explica qué fue lo que pasó ese día. Por lo pronto, las Abuelas de la Plaza Grande se plantaron de nuevo ante Palacio de Gobierno el sábado pasado. Fue el sábado número 100. Ahora exigen al gobernador que acabe con la impunidad imperante y los jueces embarguen los bienes de los señores Argaez López. Acusan al Poder Judicial de complicidad.

El problema es que si las detenciones fueron ilegales, todo el proceso se puede caer, y todo por culpa de quien operó, en sus prisas motivadas por cuestiones políticas, el operativo policiaco que ahora no tiene padre. Como las derrotas.

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