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República de las Bananas

Opacidad y silencio en el caso del Instituto Patria, por Eduardo Lliteras Sentíes

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Por todas respuesta, con un tono muy engallado, Víctor May Vera, me dijo que era un asunto privado

A inicios de año pregunté al entonces presidente consejero del INAIP, Víctor May Vera, si no veía un conflicto de interés, que debía ser aclarado, entre fungir como funcionario público de transparencia y estar envuelto en la desaseada disputa por los terrenos del Instituto Patria con la diócesis local, a la que despojaron de una institución que había bendecido desde sus orígenes y en cuya construcción pusieron dinero y esfuerzo muchas personas católicas de buena fe dentro y fuera de la Iglesia.

Por todas respuesta, con un tono muy engallado, Víctor May Vera, me dijo que era un “asunto privado” y que la actuación de la señora consejera Aguilar Cobarrubias en el INAIP, no le resultaba incongruente con la forma de proceder de ella y su marido en el caso del Instituto Patria.

Después de esa delicado conflicto que involucró al nuevo arzobispo –quien por no ser de Yucatán y tener poco tiempo en el estado decidió denunciar los hechos sin consideraciones de tipo político- acaba de estallar otro lío aún más grave, si cabe, con una institución educativa con presencia nacional. Hablamos de Nacer Global y de su empresa filial, Servicios de Desarrollo Patrimonial del Sureste SA de CV. Nacer Global es uno de los mayores grupos educativos de México, con operaciones en 32 estados, más de 150 planteles educativos y 204 mil alumnos, no se trata de una universidad o institución educativa patito, como varias de las que han surgido en Yucatán, por cierto, en los últimos años.

El conflicto con Nacer Global ha elevado el nivel de gravedad en torno a los malos manejos y turbiedades que circundan al Instituto Patria. Involucra acusaciones de fraude y de complicidad por parte de una autoridad (y quizá de otras más), es decir, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, además de demandas de tipo penal.

El asunto no es menor, ya que el señor David Abraham Achach y la señora Susana Aguilar Covarrubias, ahora son acusados de no sólo vender, en dos ocasiones, el mismo inmueble, sino de utilizar la primera compra-venta para sanear la deuda con el SAT (Servicio de Administración Tributaria) que venía arrastrando el Instituto Patria desde hace años al grado de que ya no podía emitir facturas y estaba por pasar a remate.

Por si fuera poco, resulta que los pagos de los padres de familia al Instituto Patria iban a parar, de forma anómala, a las cuentas de David Abraham y de Susana Aguilar. Y aquí, vale la pena detenerse, porque hasta ahora poco se ha dicho del perjuicio que se ha hecho a las familias y a los niños y jóvenes inscritos en dicho instituto, el que naufraga en medio de disputas legales, engaños y secretismo.

El interés público de éste caso es más que evidente, es de perogrullo decirlo, pero por si faltara aún más, resulta que Nacer Global y su filial registraron el día 25 de abril de 2016 la operación de compra venta del Instituto Patria ante el registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC) de Yucatán. Misma que después fue desconocida por el mismo RPPC para dar paso a otra compra-venta (registrada apenas el pasado día 14 de julio a personas avecindadas en Yucatán), la que dio a conocer la semana pasada el apoderado legal de David Abraham y Susana Covarrubias en una conferencia de prensa organizada de forma críptica por el área de comunicación del INAIP. Según el apoderado legal del Instituto Patria, José Hernán Conde Narvaéz, la filial de Nacer Global (Servicios de Desarrollo Patrimonial del Sureste SA de CV) no tenía el respaldo de la primera y no cumplió con los acuerdos pactados intentado un fraude maquinado. Esta versión queda desmentida a través del desplegado publicado en La Jornada Maya, en el que se aclara que la compra-venta sí se registró y tuvo el respaldo de Nacer Global.

A éste conflicto legal entre particulares se sumó públicamente el gobierno del estado tomando partido, luego de que el director del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial, Rubén Segura Pérez, dijo “que en este caso el Registro Público conoció en su momento de una cancelación de un aviso definitivo de compraventa, y que la cancelación cumplió con lo previsto en la Ley y no hay una doble venta en este caso como se ha difundido, es un término equivocado”, según declaraciones publicadas por el diario Por esto!. Dichas declaraciones, suscribiendo la versión del apoderado legal de David Abraham Achach y Susana Aguilar Covarrubias, tuvieron lugar tras el comunicado dado a conocer por el gobierno del estado y el primer reportaje publicado en el Diario El Economista, replicado también en el programa de Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula nacional.

Las afirmaciones de Segura Pérez resultan aún más sorprendentes si tomamos en cuenta que inclusive la primera operación de compra-venta contaba con el status de aviso definitivo en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Yucatán, según Nacer Global, la que además señala que la actuación del Registro fue contraria a derecho y consta de varias irregularidades ya que nunca renunciaron a su opción de compra y de que no hay un solo documento que justifique la rescisión del contrato de compra venta.

Si a esto le sumamos el apoyo de la fuerza pública –elementos de la Secretaría de Seguridad Pública- para desalojar a petición de David Abraham Achach el jueves de la semana pasada, a un abogado de nombre Juan Galindo Valadez, quien intentó ingresar en el Instituto Patria para tomar posesión de dicha institución por parte Nacer Global, pues estamos ante una clara postura a favor de una de las partes por parte de la autoridad estatal en demérito del estado de derecho y de la “certeza jurídica patrimonial” que tanto se presume y que son conditio sine qua non para atraer inversiones al estado. Así como instituciones que funcionen sin opacidad o complicidad desde su interior como sucede con el Instituto de Transparencia.

Por último, sólo recordaríamos que recientemente, cuando el Congreso del Estado aprobó el Consejo Ciudadano del “renovado” Instituto de Transparencia, comentamos que era buen momento para cambiar a sus consejeros, como había ocurrido cuando desapareció a nivel federal el IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos) y se creó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Sin embargo, los diputados del Congreso del Estado les dieron carta blanca para seguir en el cargo a los actuales consejeros y ahora nos encontramos con un Instituto sin credibilidad alguna, con consejeros que juegan a esconderse y a esconder información.

 

 

 

 

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