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República de las Bananas

Reemplacamiento en Yucatán, Apá por Eduardo Lliteras Sentíes

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Pero bueno, en otro año de recortes presupuestales, de caída del crecimiento, de encarecimiento de todo vía los aumentos de las gasolinas, la electricidad, cobrarán por reemplacamiento

Con la seguridad como pretexto, el gobierno del estado se apresta a ingresar 440 millones de pesos a sus arcas por el concepto de reemplacamiento de todos los vehículos que circulan en Yucatán. Si el año pasado se cobró tenencia a quienes no hicieron el trámite de solicitar su cancelación –a pesar de haber comprado autos que no la pagaban- y el gobierno del estado presumió que se había sacrificado dejando de cobrar 200 millones por tal concepto, en 2017 planea rehacerse a través de la obligación de renovar matrículas.

No es nada nuevo, dirá alguno. Y, en efecto, no lo es. En todos los estados del país la manera más sencilla de sacar dinero de los bolsillos de los ciudadanos es cobrar tenencia, reemplacamiento o renovación del tarjetón (si todas juntas, mejor), en un país donde el transporte público además de terriblemente malo e ineficiente, es peligroso.

En Yucatán, el transporte público, qué duda cabe, es muy peligroso. Los accidentes que involucran a vehículos de transporte de pasajeros, son la regla, no la excepción, incluidos el incendio de autobuses en Mérida, sin que hasta ahora, por pura suerte, no haya habido muertos o quemados de gravedad. Las escenas de vehículos despedazados, personas heridas o muertas, atropellados y autobuses humeantes forman parte de ese Yucatán adonde no llegan las optimistas palabras de crecimiento y prosperidad emitidas desde cámaras empresariales, gobiernos y propaganda de los candidatos convertidos, en algunos casos, en auténticos mesías y salvadores del pueblo de Yucatán.

A las imágenes idílicas del Yucatán de postal (para consumo turístico) en redes sociales se suman la firma de convenios –todos los días- en los que se prometen todo tipo de cosas que nunca se cumplen, desde poner alto a la tala en la Península –allá en el lejano 2030, total, quién que esté vivo ahora, se acordará en esa fecha, si aún sigue con vida- hasta abatir los brutales niveles de desigualdad o acabar con la pobreza que lacera a la inmensa mayoría de la población de la península. De lengua, me echo un taco, o más bien una docena.

Pero bueno, en otro año de recortes presupuestales, de caída del crecimiento, de encarecimiento de todo vía los aumentos de las gasolinas, la electricidad –que se prometieron bajarían gracias al edén que traerían las reformas- resulta que se pretende cobrar placas y tarjetón nuevos a los ciudadanos que utilizan un vehículo para transporte. Claro, nadie discute que por “seguridad” se haga, pero sí el costo que tendrá que pagar cada ciudadano, de más de 1000 pesos por cabeza.

Pero eso sí, durante su “comparecencia” en el Congreso del Estado, el secretario de Administración y Finanzas, Alfredo Dájer Abimerhi, si bien dijo que el costo de la hojalata para imprimir las placas costará 200 millones (con una ganancia fiscal de otros 220 para el gobierno) no explicó a qué empresa se le concesionará tal jugoso negocio ni tampoco puntualizó el costo por unidad de cada matrícula nueva por la que deberán pagar los yucatecos.

Y esos datos, mínimamente, deberían pedirlos las y los diputados del Congreso, así como exigir un descuento a la ciudadanía (como dijo la diputada de Morena, Jazmín Villanueva) en un año de vacas flaquísimas, si bien el gobierno del estado prevé millonarios recursos, por ejemplo, para la secretaria general de gobierno (383 millones), para comunicación social (300 millones, por lo menos) o para el despacho de la Seder (150 millones).

Es decir, la austeridad, no se ve por ningún lado mientras se vuelve a pedir, por si las moscas, un crédito para tenerlo ahí de reserva en caso que el gobierno federal no cumpla con enviar la lana pactada. Crédito que otros años se ha pedido (y no se ha utilizado) y que como dijo Raúl Paz, tras los millonarios recursos que se le aprobaron a Rolando Zapata Bello para seguridad (Escudo Yucatán) y remodelación de escuelas, no se le ve justificación. Y sí una posible tentación de inflar aún más la deuda del estado en el año en que la maquinaria electoral se echará a volar para catapultar a los alicaídos candidatos.

Y bueno, por último, las inundaciones de los últimos días, además de dejar ver el impacto del cambio climático en Mérida, vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de que la ciudad blanca cuente con drenaje. Aunque sea echar dinero en el subsuelo, como decía por ahí un preclaro político del paleolítico divinizado, dejando ver que no valía la pena. Quizá en su segundo periodo el alcalde Vila podría emprender dicha tarea, pero necesitaría contar, conditio sine qua non, con el apoyo de los otros niveles de gobierno. Y eso no se ve, más que las grillas en Cabildo.

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