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Albazo legaloide contra el comisariado ejidal de Chocholá urdido por Proser y Omar Corzo

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Una venganza política urdida a través de las instituciones es la que se está tejiendo contra el comisariado ejidal del ejido del municipio de Chocholá encabezado por Claudia Cob Durán

Eduardo Lliteras Sentíes.- Una venganza política urdida a través de las instituciones es la que se está tejiendo contra el comisariado ejidal del ejido del municipio de Chocholá, encabezado por una valiente mujer: Claudia Cob Durán, a quien ya le armaron un expediente en la Fiscalía General del Estado por extorsión por atreverse a denunciar a la empresa Proser que explota un banco de material pétreo desde 2010 en un terreno supuestamente obtenido en usufructo por el empresario Carlos Abraham Mafud.

Además de la denuncia ante la FGE, ahora se pretende destituirla del cargo convocando a una asamblea aprobada por la Procuraduría Agraria que encabeza Omar Corzo Olán, de forma expedita. Dicha convocatoria para el 23 de febrero en curso fue pegada en los bajos del Palacio Municipal en lugar de en la Casa Ejidal el viernes por la noche.

Entre las justificaciones o motivos para pedir la remoción del comisariado ejidal se afirma que “los integrantes del Comisariado Ejidal han amenazado a varios compañeros ejidatarios que se han acercado para decirles que sus actos son contrarios a la Ley, diciéndoles que los van a privar de sus derechos con la asesoría de terceras personas ajenas al Ejido, con las cuales se encuentran confabulados y/o coludidos”.

Llama mucho la atención tal afirmación, ya que en el ejido, quienes están operando desde hace años, precisamente, son Carlos y Raúl Abraham Mafud y los demás accionistas de Proser, los que obviamente no son de Chocholá y sí se han coludido con los anteriores comisarios ejidales para poder seguir explotando un banco de material pétreo a pesar de los daños al medio ambiente y nulos beneficios para la mayor parte de los ejidatarios del ejido de Chocholá.

De hecho, en un auténtico albazo legaloide, las autoridades agrarias actuaron de inmediato tras la denuncia publicada en Infolliteras.com de la construcción de una calera enfrente del terreno donde se lleva a cabo la explotación de material pétreo, el que está nutriendo la reconstrucción de las vías férreas en Yucatán, precisamente.

Dicha calera o fábrica de cal viva no tiene permisos de ningún tipo de la Seduma ni de la Semarnat, pero ya se inició su construcción de forma ilegal talando la selva baja de la zona, en la que habitan venados cola blanca, por ejemplo.

Cabe señalar que en días recientes Infolliteras.com pudo constatar que en el banco de material pétreo que explota Proser SA de CV se tocó el manto freático y se abrió tremendo hueco por el que afloró agua. Dicha exposición del manto freático implica que la Profepa debe intervenir por los posibles daños ambientales, pero hasta ahora no lo ha hecho.

Además, en días recientes, Claudia Cob, Gonzalo Alcocer, Natividad Romero y Samuel Martín, autoridades ejidales de Chocholá, informaron que se planea instalar cerca del poblado de Chocholá una gran cementera que contaminaría el aire, las tierras a su alrededor, y el agua subterránea de la que se alimentan muchos pueblos cercanos y hasta la ciudad de Mérida. Declararon que la comunidad se ha comenzado a organizar con el objetivo de proteger la salud de las familias en el pueblo. Dicha cementera sería de la empresa Fortaleza y del Grupo Elementia, en el que es accionista el todo poderoso Carlos Slim.

La actual comisaria ha dicho que los anteriores comisarios. Albino Núñez y luego Natividad Quintal, nunca nos explicaron que se intentaba destruir 3,500 hectáreas de selva, milpas y apiarios, o que se quería escarbar la tierra a varios metros de profundidad, y mucho menos que se instalaría una fábrica de cemento en nuestro ejido.

Adicionalmente, Claudia Cob Durán y pobladores del ejido han expresado su descontento por las prácticas de corrupción y criminalización de la defensa de sus tierras y la selva que la empresa Proser está empleando echando mano de sus influencias y poder: “La nueva comisaria ha sufrido difamación y amenazas, y también nuestro abogado”, comentó el señor Mariano Quintal, poblador y ejidatario, pues han descubierto y dado a conocer la entrega de 70 millones de pesos de parte de la empresa a las anteriores autoridades ejidales, los cuales dieron su parte solo a algunos de los ejidatarios; desconocemos qué sucedió con el resto. Este abuso y corrupción ha dividido al pueblo y ha hecho que se pierda la confianza en nosotros mismos y en nuestros líderes”.

Esto explica el albazo legaloide bendecido por Omar Corzo Olán para ratificar o remover a los integrantes del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia, propietarios y suplementes, encabezados por Claudia Cob Durán.

Estamos ante un claro ejemplo de lo que significa la reindustrialización en Yucatán: beneficios para una élite todo poderosa, confabulada con las autoridades de los diversos niveles de gobierno, en los que el uso faccioso de las instituciones es herramienta fundamental para doblar a quienes se atreven a alzar la voz y rechazar los proyectos industriales a costa del medio ambiente y de los legítimos derechos de las comunidades mayas y campesinas del Estado de Yucatán. 

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