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República de las Bananas

Chocholá, Proser y la reindustrialización en Yucatán por Eduardo Lliteras Sentíes

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Estamos en uno de los puntos calientes de la geografía yucateca, con crecimiento económico por encima de la media nacional, basado en la explotación intensiva de sus recursos naturales

Eduardo Lliteras Sentíes- El ensordecedor crujir de una trituradora y de un inmenso trascabo que se mueve con agilidad en las profundidades de una excavación realizada por la empresa Asesoría Proser S.A. de C.V. en el municipio de Chocholá, Yucatán, a un costado de la carretera Mérida-Campeche, se escucha entre la abundante vegetación de la zona, atravesada por la recientemente remodelada vía férrea que conectará a una proyectada cementera del Grupo Fortaleza, anunciada por el gobierno de Yucatán como parte de la “reindustrialización” cacareada con bombos y platillos.

El trascabo mueve toneladas de material acumulado en gigantescas montañas producto de la excavación en una parte de las 24 hectáreas propiedad del poderoso empresario yucateco Carlos Abraham Mafud, conocido por su compra de tierras en numerosos puntos de la geografía yucateca donde la plusvalía escala a través de maniobras denunciadas por ejidatarios y organizaciones de derechos humanos como el Grupo Indignación A.C.

Ahora, en dicho lugar, se construye una calera o fábrica de cal en una parte de esas hectáreas de las que se ha apoderado Abraham Mafud (divididas por un camino). Para esta obra no tienen los permisos de la Seduma Yucatán, como confirmó el secretario Eduardo Batllori San Pedro a pregunta expresa. En dicho lugar se evidencia la desforestación de la selva y el inicio de las obras para la construcción de diversas infraestructuras donde trabajan obreros que confirmaron se trata de una fábrica de cal viva.

Estamos en uno de los puntos calientes de la geografía yucateca, con crecimiento económico por encima de la media nacional, basado en la explotación intensiva de sus recursos naturales y en la mano de obra barata y en el control férreo de cualquier atisbo de insurrección por parte de los ejidatarios mayas. De hecho, en esta misma zona, en unas 3,500 hectáreas de selva, milpas y apiarios, se estaría planeando la construcción de otra mega inversión anunciada por el gobernador Rolando Zapata en su tercer informe de gobierno: una cementera de Fortaleza, del Grupo Elementia, en el que figuran como inversionistas Carlos Slim y Antonio Lavalle del Grupo Mexichem.

Al otro lado del camino, frente a la calera, está el ingreso al banco de material pétreo también de Carlos Abraham Mafud. Bordeando el hoyo de la excavación se asoman los árboles y la abundante vegetación que envuelve la zona ubicada en el cinturón de cenotes del estado, donde habitan además de venados cola blanca, pavo de monte, pecarís, tejones, temazate  (pequeño venado de color rojizo) entre otras especies.

El banco de material pétreo de Chocholá es explotado por lo menos desde el 2010. Y ahora también están erigiendo una calera, como dijimos y próximamente una cementera de Fortaleza, ya que la zona ofrece abundante agua y tiene la conectividad necesaria (carretera y vía férrea) así como un gasoducto en las inmediaciones.

 

HACIENDO JUGOSOS NEGOCIOS EN YUCATÁN

La empresa Proser sólo ha pagado 280 mil pesos a los ejidatarios por intervenir 6 hectáreas del banco de material del año 2010 a 2013, tocándoles 500 pesos por cabeza a los 560 ejidatarios. Es decir, una proporción mínima o más bien una miseria, si se considera las utilidades que obtienen los Abraham Mafud y sus socios por la venta del material.

Versiones no confirmadas, indican que los anteriores comisarios (Albino Núñez y luego Natividad Quintal) podrían haber vendido 3500 hectáreas más, como señalamos, y que podrían haber cobrado hasta 70 millones de pesos, lo que explicaría ciertos bienes visibles (como casas y autos) de ellos y de sus allegados, según afirman ejidatarios. Pero esto no se ha podido demostrar, hasta ahora.

Un cálculo aproximado del costo al que se vende el metro cúbico de material extraído de la cantera (800 pesos) da un aproximado de 960 millones de pesos ganados por Proser en los últimos años, nos señalan los ejidatarios.

Al respecto la empresa Proser se negó a darnos cualquier dato, a pesar de que en dos ocasiones llamamos a sus oficinas en Mérida. Nunca quiso contestar el apoderado legal y en la segunda llamada nos dijeron que estaba de vacaciones. Lo mismo ha ocurrido con nuestras repetidas llamadas a las oficinas del Grupo Elementia, el que no responde a los cuestionamientos de dónde, cuánto y cuándo planean invertir en Yucatán. Todo se hace en extremo sigilo y silencio.

Cabe señalar que la extracción de material pétreo ha dejado al descubierto el manto freático, como hemos podido constatar desde el lugar de los hechos, lo que significa una clara amenaza a la reserva de agua del estado de Yucatán, la más grande del país y la que ya va a ser explotada por el Grupo Modelo en el municipio de Hunucmá. El Grupo Modelo anunció desde el año pasado la inversión de 5,000 millones de pesos (mdp) en dos plantas ubicadas en el estado de Yucatán, a través de su director general, Ricardo Tadeu. La cervecera invertirá 2,800 mdp en una planta de latas de aluminio y líneas de llenado de cerveza además de los 2,200 mdp para la nueva planta de producción que producirá cerveza Montejo en Mérida. Investigadores han advertido del serio riesgo para el manto freático que representa la instalación de la cervecera en Yucatán, la que ha recibido todo tipo de estímulos por parte del gobierno yucateco para instalarse.

 

NO A LA CEMENTERA

En un comunicado enviado a nuestra redacción, los ejidatarios afirmaron que se “planea instalar una gran cementera que contaminaría el aire, las tierras a su alrededor y el agua subterránea de la que se alimentan muchos pueblos cercanos y hasta la ciudad de Mérida”. Por ello la comunidad se organiza para proteger a sus familias, además porque los daños serían en cuevas y cenotes, porque ya se observan afectaciones en el material pétreo que se explota y que provocará problemas en la recarga de agua de una zona hidrológica muy importante para el estado y su impacto puede afectar hasta los sistemas humedales del occidente”.

Los ejidatarios afirman que también se prevé contaminación del aire por la emisión de gases de efecto de invernadero, por la quema de combustibles fósiles, así como enfermedades respiratorias y destrucción de selva y biodiversidad”.

Asimismo, aseguran que nunca nos explicaron que se intentaban destruir 3 mil 500 hectáreas de selva, milpa y apiarios, o que se quería escarbar la tierra varios metros de profundidad y muchos menos que se instalaría una fábrica de cemento o una calera en nuestro ejido.

El inmenso banco de material pétreo, anteriormente cubierto de selva baja caducifolia, que en algunos puntos alcanza los 10 metros de profundidad en el predio de 24 hectáreas, nutre de grava a las vías de ferrocarril que se están reconstruyendo en Yucatán.

Dicho contrato, por ejemplo, fue obtenido recientemente por Proser entre otras obras en un estado en pleno proceso de reindustrialización que se basa en la explotación de los recursos locales de forma no sustentable y con muy escasos beneficios para la población local, como evidencia el caso de Chocholá.

Del jugoso negocio de la extracción de material pétreo, a los 566 ejidatarios les han tocado muy poco dinero, mientras Proser ha continuado perforando en los últimos dos años a pesar del rechazo de los ejidatarios y de la exigencia de llegar a un nuevo acuerdo beneficioso para ambas partes.

Nosotros queremos nos paguen una indemnización y que reforesten en la zona, dice Claudia Cob Durán. Ellos dijeron que sí lo harían, pero les salió el trabajo de las líneas férreas y afirmaron que por eso no han reforestado. Ellos querían pagar únicamente 40 mil pesos por las hectáreas que han explotado sin un contrato, ya que todo fue de palabra para la concesión del 2010 y 2013. Pero del 2013 al 2016 el convenio no fue renovado, nos dice.

El empresario yucateco Carlos Abraham Mafud aparece como titular de la totalidad de los derechos de la parcela número 632 del ejido de Chocholá donde se ubica el banco de extracción de material pétreo  en un contrato de usufructo que no quedó debidamente registrado en el Registro Agrario y que ha impugnado el nuevo comisariado ejidal, abriendo un conflicto entre los empresarios y los ejidatarios.

Por ello Proser ha sido denunciado ante el Tribunal Agrario pero también penalmente ante la Fiscalía General del Estado (818/2016)

En la empresa Proser aparece Raúl Abraham Mafud (hermano de Carlos Abraham) como uno de los accionistas junto con Carlos Aguilar Bates, Jorge Raúl Ancona Riestra, Manuel Bates Vidal y Mercedes Bates Vidal.

De hecho, al nuevo comisariado ejidal, encabezado sorpresivamente por una mujer de nombre Claudia Cob Durán y a un grupo de ejidatarios los acusaron de pretender “extorsionar” a los propietarios de Proser y de “dañar” un vehículo en una denuncia cuya carpeta de investigación lleva el número P3/3905/2016. Como prueba, Proser presentó los testimonios de los vigilantes de la misma empresa en una denuncia que lleva el número 00013/2017. Siete ejidatarios (varios de ellos ancianos) que se manifestaban en el ingreso del predio fueron detenidos y llevados en 6 patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública el pasado 5 de enero de 2017 en un despliegue policiaco. En la denuncia, se afirma que un grupo de personas impedían el acceso al banco de material bajo las órdenes de Rodolfo Bernardo Macossay (abogado) y de Claudia Fabiola Cob Durán (comisario) Asimismo, se asegura que los ejidatarios amenazaron con hacerles la vida imposible y que si no pagaban nunca iban a recuperar las máquinas. Sin embargo, la calera está funcionando sin problemas, como pudimos constatar.

Asimismo, al comisario y a los ejidatarios se les acusó de pretender extorsionar por 12 millones a los propietarios del banco de extracción pétrea.

Como “evidencia” para armarles un expediente (el P3/390/2016) en la Fiscalía General del Estado, se mostró la foto de un camión que tenía una llanta baja.

A los ejidatarios los pasearon hasta el municipio de Maxcanú, donde fueron posteriormente liberados, no sin antes decirles que “esta primera detención había sido solamente una advertencia”.

Sin embargo, el procedimiento legal con la acusación de extorsión contra los ejidatarios prosigue en la Fiscalía General del Estado (expediente P3/3905/2016)

Según explicaron los ejidatarios, la denuncia contra Proser ante el Tribunal Agrario y la FGE es porque están trabajando ilegalmente, no tienen contrato o concesión con el ejido. La denuncia penal (con número 818/2016) fue interpuesta por la comisario en diciembre pasado, antes de la denuncia por extorsión a la que reviró Proser y que las autoridades dieron siguimiento de inmediato.

De hecho, Ignacio Salgado García, apoderado legal de Proser se acercó personalmente a dialogar en un inicio con el nuevo comisario ejidal y reconoció verbalmente que no tienen permiso. En un principio, se dijo que se iba a llegar a un arreglo.

Éste caso es todo un ejemplo de cómo procede la llamada reindustrialización de Yucatán, no sólo ambientalmente, sino en términos sociales, culturales, legales y jurídicos. 

Por último, además de la denuncia ante la FGE, ahora se pretende destituir a la comisario Claudia Cob Durán del cargo convocando a una asamblea aprobada por la Procuraduría Agraria que encabeza Omar Corzo Olán, de forma expedita y pegada en la noche en los bajos del palacio municipal de Chocholá.

De hecho, estamos ante un auténtico albazo legaloide, ya que las autoridades agrarias no actúan solas, sino bajo la presión de los poderosos grupos económicos que operan o pretenden operar en la zona así como de las autoridades del gobierno del Estado de Yucatán.

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