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Derechos Humanos

Estamos en una de las peores crisis de derechos humanos y justicia en México dice AI tras 10 años de guerra al narco de FCH y EPN

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En México son constantes los ataques contra defensores de Derechos humanos y la violencia endémica contra las mujeres, mientras peleamos también por asegurar la protección de los migrantes, dice AI

Redacción.- Estamos en una de las peores crisis de derechos humanos y justicia en México advierte en un informe anual Amnistía Internacional, la que señala que nuestro país padece violencia endémica contra las mujeres y niñas mientras continuaron las amenazas, el hostigamiento, la intimidación, las agresiones y los homicidios contra periodistas.

La desigualdad y la impunidad son los principales obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos humanos en las Américas y en México.

En este informe, La situación de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional presenta un análisis del estado de los derechos humanos en México y resalta la importancia de una sociedad unida frente a la crisis.

Diez años después del inicio de la denominada “guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada” que inició el ex presidente panista Felipe Calderón, Amnistía Internacional denuncia que se sigue empleando personal militar en operaciones de seguridad pública, y es generalizada la violencia en el país.

Durante la presentación del Informe Anual 2016/17, Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de la Sección Mexicana de la organización, expresó:

“Estamos en una de las peores crisis de derechos humanos y justicia en México, enfrentándonos a amenazas como la violencia generalizada, los constantes ataques contra defensores de Derechos humanos y la violencia endémica contra las mujeres, mientras peleamos también por asegurar la protección de las personas en movimiento en el país cuyas vidas están en riesgo por la retórica de odio que tiene grandes consecuencias para las personas mexicanas.

Diez años después del inicio de la denominada “guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada” se sigue empleando personal militar en operaciones de seguridad pública, y la violencia en el país continua siendo generalizada, aumentando notablemente. En 2016, hubo la cifra más elevada de homicidios desde el inicio del mandato del presidente Enrique Peña Nieto, y vemos con cada vez mayor preocupación que no se están fortaleciendo las policías, sino se está generando un marco legal que permita la continuación de la presencia militarizada en las calles.

También es importante destacar que en esta crisis las personas en movimiento son un blanco de las retóricas de odio de líderes internacionales.  México debe, ahora más que nunca, responder por los derechos de las personas en movimiento en ambas fronteras. Tiene la oportunidad de convertirse en un país de asilo y pelear la retórica venenosa que pone en riesgo la vida de los migrantes y las personas refugiadas; muchas de ellas connacionales pero también procedentes de Centroamérica que huyen de sus hogares por la violencia extrema.

En este informe también reportamos la violencia endémica contra las mujeres y las niñas. La falta de datos precisos, actualizados y desglosados sobre violencia de género constituyen un importante obstáculo para abordar el problema.

Por otro lado, en 2016, continuaron las amenazas, el hostigamiento, la intimidación, las agresiones y los homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, sin que el mecanismo federal de protección brindara seguridad adecuada a estas personas.

En este informe, lo que podemos ver es que los niveles récord de violencia y desigualdad, así como la impunidad generalizada causaron un retroceso de niveles históricos para los derechos humanos. Seguimos viendo casos de impunidad como Tlatlaya, Ayotzinapa y Tanhuato, y sigue habiendo fallos constantes en la realización de investigaciones prontas y expeditas.

Las consecuencias pueden ser devastadoras si no actuamos ya. El Estado es el responsable de concentrar sus esfuerzos para buscar soluciones estructurales para poner fin a la impunidad y garantizar el acceso a la justicia en casos de violaciones graves a los derechos humanos.

La violencia aumentó notablemente. En 2016, hubo la cifra más elevada de homicidios desde el inicio del mandato del presidente Enrique Peña Nieto.

Amnistía Internacional señaló que en México se han registrado 36,056 homicidios a noviembre de 2016 contra 33,017 homicidios en 2015.

Siguen impunes Tlatlaya, Tanhuato y Ayotzinapa.

Respecto a la tortura, la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, perteneciente a la Procuraduría General de la República, informó de que se estaban revisando a nivel federal 4,715 expedientes de investigación de casos de tortura.

En la mayoría de los casos no se aplicaron los dictámenes forenses especializados de la Procuraduría General de la República para supuestos de posible tortura; había más de 3.000 peticiones pendientes de tramitación.

En septiembre, en vista de que México no aplicaba sus recomendaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de 11 mujeres de Atenco.

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