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El País

Monsanto, enorme negocio de agrotóxicos, le recuerdan a la SCJN ante fallo sobre permiso de la Sagarpa en la Península de Yucatán

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La concesión de ese permiso es el motivo de nuestra petición de amparo bajo el cobijo de las leyes nacionales e internacionales que deberían vigilar y resguardar los derechos de los pueblos indígenas dicen en carta a nuestra redacción

Redacción / Cartas a la Redacción.- Desde la región Poniente de Bacalar, les saludamos nuevamente quienes, pequeños como somos, pero claros en dignidad y honor, hemos emprendido desde hace ya casi 5 años, la lucha legal en contra de la concesión que otorgó la SAGARPA a la empresa Monsanto Company, multinacional estadounidense que se vende a sí misma como una gran benefactora de los campesinos y promotora de la “sustentabilidad”, pero que en realidad es un enorme negocio de agrotóxicos que (ya está demostrado en Argentina y Paraguay) va dejando a su paso despojo, enfermedad, muerte y destrucción de la naturaleza. La concesión de ese permiso es el motivo de nuestra petición de amparo bajo el cobijo de las leyes nacionales e internacionales que deberían vigilar y resguardar los derechos de los pueblos indígenas, aunque también hemos visto que los tribunales, a veces, se alejan de la justicia. 

Escribimos hoy esta palabra porque, nosotras y nosotros, indígenas mayas, apicultores y milperos cuidadores de las semillas nativas de esta región, aún creemos que la justicia puede ser la mediadora entre el exceso y la carencia, entre la ambición y la vida. 

El próximo 22 de marzo de 2017, los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Gallán, José Fernando Franco González, Javier Laynez Potisec, Eduardo Tomás Medina Mora Icaza y la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, celebrarán la audiencia en la que atenderán nuestra denuncia de inconstitucionalidad de la Ley de Bioseguridad y todo lo concerniente al permiso otorgado a Monsanto para la siembra comercial de soya transgénica, por tiempo indefinido en nuestros territorios.

A los ministros y la ministra queremos decirles que nosotros interpusimos nuestra demanda de amparo para que la justicia de la Unión: 

1) Reconozca las diversas ilegalidades y arbitrariedades ocurridas durante el otorgamiento del permiso; recordando que la CONABIO, el INE y la CONANP emitieron dictámenes negativos, es decir, que recomendaron a la SAGARPA no otorgar el permiso. 

2) Reconozca que las violaciones cometidas en materia de consulta y consentimiento son irreparables y, por tanto; 

 3) Anule definitivamente el permiso otorgándonos su amparo y protección contra los actos de las autoridades federales a favor de la empresa Monsanto. 

 También queremos aclararles, a los ministros y a todo el pueblo en general, que las comunidades indígenas de Bacalar no queremos que se nos consulte, pues nuestras comunidades, en ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación contenido en el artículo 2° de nuestra Constitución y en el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, reconocido por el Estado mexicano, ya hemos decidido rechazar la siembra de cualquier tipo de semilla genéticamente modificada en nuestros territorios por los riesgos que pueden traer a nuestra salud, al medio ambiente que habitamos, a la economía de nuestros pueblos y sobre todo, para proteger y defender nuestras semillas nativas que son la base de nuestra vida; y porque sabemos que esa consulta no es vinculante, es decir, sólo simula preguntarnos para después dejar la decisión de si se mantiene o no el permiso de siembra de soya transgénica en nuestros territorios, en manos de las autoridades administrativas. 


 ¡Queremos que la decisión sea nuestra y no de las instancias gubernamentales!

 Sabemos que el modelo agroindustrial intenta despojarnos de nuestros territorios y de nuestros modos ancestrales de vida, como la milpa y la apicultura para imponernos la siembra de sus semillas patentadas de soya transgénica.

¡No lo lograrán! 

 Sabemos del gran impacto que esos cultivos causan al medio ambiente por la gran deforestación que conllevan y por el uso del glifosato que contaminará nuestros suelos, agua y aire. Sabemos que la siembra de la soya transgénica autorizada requiere la aplicación de, al menos, dos millones de litros de glifosato al año y sabemos que desde el 2015 la Organización Mundial de la Salud declaró al Glifosato como posible cancerígeno. 


 ¡No permitiremos que destruyan nuestra salud, nuestro medio ambiente, nuestra cultura, nuestra autonomía y nuestra vida comunitaria! 


 Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar 

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