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La justicia, en deuda con el pueblo maya: la ley al servicio de Monsanto

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Enorme riesgo que significa para quienes habitamos en la región el otorgamiento del permiso que el gobierno federal le ha concedido, por tiempo indefinido, a la empresa Monsanto para la siembra de su soya transgénica en nuestros territorios.

Pronunciamiento.- Han sido más de 500 años de imposición sobre nuestros territorios.

Han sido más de 500 años de sus intentos de exterminio contra los pueblos originarios.

Han sido más de 500 años de ecocidio contra nuestra madre tierra.

Hoy les decimos: ¡Ya basta"

Nosotras y nosotros, indígenas del pueblo Maya, organizados a través del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar y el Colectivo de Semillas Much’ Kanan I’inaj, queremos dar a conocer ante la opinión pública nuestra palabra y pensamiento sobre la sentencia emitida por los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a nuestra demanda de justicia y protección por el enorme riesgo que significa para quienes habitamos en la región el otorgamiento del permiso que el gobierno federal le ha concedido, por tiempo indefinido, a la empresa Monsanto para la siembra de su soya transgénica en nuestros territorios.

A partir del año 2012, instancias federales del gobierno mexicano entregaron a dicha empresa trasnacional un permiso que le autoriza a destruir la vida de nuestras comunidades mediante la siembra de sus semillas de laboratorio, mismas que forman parte de un modelo agrícola feroz y depredador, extensivo y dependiente del uso de venenos químico-biológicos.

Por la gravedad del asunto, promovimos una demanda de amparo en contra de la liberación para siembra comercial de soya transgénica tolerante al glifosato en la Península de Yucatán. Dos años más tarde, el Juzgado de Distrito que conoció del asunto nos negó nuestra petición principal, que era la cancelación del permiso, para ofrecernos a cambio la celebración de una consulta a destiempo, motivo por el cual interpusimos el recurso pertinente que nos llevó a que la Suprema Corte tomara el asunto en sus manos.

Nuestras comunidades han hecho un gran esfuerzo para que el más alto tribunal del país conozca y comprenda la manera concreta en que ese proyecto de muerte afecta nuestra vida y amenaza nuestra supervivencia como cultura. Los ministros tuvieron acceso a nuestras preocupaciones, alegatos y argumentos, pudieron hacerse de las pruebas necesarias para formarse un criterio objetivo y podrían haber escuchado el sentir de un pueblo amenazado, pero no fue así, parece que ni el hecho de que el otorgamiento del permiso esté plagado de groseras irregularidades, ni todos los riesgos que implica para la supervivencia de nuestro ecosistema y nuestra cultura, ni todas las normas internacionales que amparan el derecho de los pueblos indígenas, ni los dos amicus curiae presentados por expertos en la materia, han sido motivo suficiente para obtener la cancelación de ese permiso, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió lavarse las manos no prejuzgando la naturaleza dañina de los organismos genéticamente modificados y quitándose de encima la responsabilidad de ordenar medidas efectivas para evitar los riesgos que supone su siembra.

El modelo agroindustrial de siembra de semillas transgénicas y uso intensivo de tóxicos, que enferma a nuestras comunidades, que devasta nuestras selvas y, por ende, arrasa con actividades vitales para nosotros como son la apicultura y la milpa, fue aprobado por el Estado mexicano y ahora es ratificado por la Justicia de la Unión.

Quienes defendemos la vida en su más amplio sentido, sabemos que esto se traduce en miles de hectáreas de selvas deforestadas, en miles de litros de glifosato vertidos en nuestras tierras, sustancia tóxica que ya se encuentra hasta en la leche materna de nuestras hermanas mayas de Campeche; en la pérdida de especies de plantas y animales, la desaparición de las abejitas y con ellas de nuestra actividad milenaria, la apicultura; sabemos que con la entrada de Monsanto no sólo nos despojarán de nuestras tierras, destruirán nuestros ejidos que es nuestra manera de propiedad colectiva, sino que también acabarán con nuestra salud y con nuestros medios de subsistencia, orillándonos a ser su mano de obra barata, peones en nuestras propias tierras.

La decisión de la Suprema Corte es un paso más en la legalización del ecocidio y el exterminio de la población campesina e indígena de nuestro país, esta vez mediante el uso de agrotóxicos que contaminan el agua, esterilizan la tierra y matan todo a su paso.

Nosotros pensamos que las instituciones y órganos de justicia representan el camino para defender nuestro derecho a vivir en un medio ambiente sano y que con su intervención otras instancias de gobierno y particulares respetarían el derecho que tenemos como pueblo originario a la libre determinación.

Sin embargo, es muy triste entender que quienes nos debería proteger no sólo no lo hacen, sino que nos mandatan como único derecho reconocido una consulta tramposa que contraría el mismo espíritu del Convenio 169 de la OIT, el cual en su artículo 4 dice que “se deberán adoptar las medidas especiales que se precisen para salvaguardar los derechos y el medio ambiente de los pueblos indígenas, que no sean contrarias a los deseos expresados libremente por ellos”.

En clara contraposición con los estándares internacionales relativos a los derechos de los pueblos indígenas, los jueces federales han preferido recurrir a la figura de la consulta, no como derecho (pues su carácter previo, libre, informado y culturalmente adecuado no puede darse posterior al otorgamiento del permiso) sino como mero trámite administrativo (pues al no haber sido previo, sólo queda la reparación o negociación de supuestos beneficios). Sabemos, por lo que ha significado este mecanismo para otros pueblos hermanos, que es un instrumento maniatado que sólo legitima el despojo de nuestros territorios.

El pasado 5 de abril los ministros timoratos de la Segunda Sala se pronunciaron cómodamente por una opción que no resuelve el problema objetivo del daño al medio ambiente y la salud sino que lo posterga y lo reduce a la generación de acuerdos que doten de legitimidad y den viabilidad al proyecto.

Una vez más comprobamos que en México el camino de las leyes no es, por ahora, el medio óptimo para defender los derechos de los pueblos originarios, sino para defender el poder del dinero.

Hoy, no hay nada que celebrar. Lamentamos que el interés general no sea el motivo que ilumina las instituciones del Estado.

No obstante, al mirarnos sabemos que algo ha cambiado. El proceso nos ha vuelto más fuertes y nos ha renovado el deseo de continuar con la defensa de nuestro territorio. Hoy sabemos con más claridad hacia dónde tenemos que caminar, hoy miramos un horizonte más amplio y lo hacemos con otros ojos.

Sabemos que el permiso otorgado a Monsanto no es, ni será, la única amenaza a nuestro pueblo, cultura y territorios. Nuestra lucha es por la vida y por el derecho a seguir existiendo como pueblo maya. Nuestra lucha es por la defensa integral del territorio, porque ya vemos otras amenazas que con sigilo y rostro amable se acercan a nuestras tierras. No son sólo los organismos genéticamente modificados, a las comunidades indígenas de la Península de Yucatán también nos acosan los acuerdos de “economía verde”, “energías limpias” y “turismo cultural”. La economía depredadora y los modos autoritarios impulsados por las empresas privadas mediante las instancias de gobierno son incompatibles con los valores, la cultura y la cosmovisión de nuestras comunidades, con nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza y con nuestras normas de convivencia.

Las iniciativas del capital son contrarias a nuestra existencia, nosotros les estorbamos. Quieren acabar con nuestro modo de vivir, con nuestras costumbres y nuestra cultura… No nos quieren indios, muertos nos quieren.

Atentamente

Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar
Colectivo de Semillas Much’ Kanan I’inaj

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