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CIDH condena el asesinato del periodista Maximino Rodríguez Palacios en México

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Este es el cuarto asesinato de un periodista en México este año del cual tiene conocimiento la Relatoría Especial. Cuando tales delitos quedan impunes, esto fomenta la re

Redacción.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Maximino Rodríguez Palaciosel 14 de abril en La Paz, estado de Baja California Sur, e insta a las autoridades mexicanas a actuar de manera pronta y oportuna para investigar, identificar y sancionar a los responsables del crimen, tanto materiales como intelectuales.

Rodríguez Palacios, recibió una ráfaga de disparos mientras estacionaba su automóvil en compañía de su esposa (quien salió ilesa del atentado). De acuerdo con la información disponible, el periodista llevaba cerca de dos años trabajando para el Colectivo Pericú, un blog de denuncia y noticias sobre crimen, corrupción y otros, en el estado de Baja California Sur y habría sido víctima de amenazas después de que publicara el pasado 11 de abril información sobre una supuesta célula criminal llamada "Los Colores".

De acuerdo con un comunicado emitido por la Procuraduría General de la República, tanto la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), en su Delegación estatal en Baja California Sur, así como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), iniciaron la investigación por el homicidio del periodista.

El Estado informó que el periodista Rodríguez no era beneficiario del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sin embargo en comunicado la Junta de Gobierno del Mecanismo, condenó el asesinato del periodista y exhorto a las autoridades a investigar el crimen y sancionar los responsables. También informó que el Mecanismo se encuentra evaluando la situación de riesgo en la que se encontrarían otros comunicadores que publican en el mismo blog.

Este es el cuarto asesinato de un periodista en México este año del cual tiene conocimiento la Relatoría Especial. El 2 de marzo, el periodista Cecilio Pineda fue asesinado en el estado de Guerrero; el 23 de marzo fue asesinada Miroslava Breach en el estado de Chihuahua y el 19 de marzo fue asesinado el periodista Ricardo Monlui Cabrera, editor del impreso El Político y columnista de los periódicos El Sol de Córdoba y Diario de Xapala, en el estado de Veracruz.

La Relatoría Especial exhorta a las autoridades a investigar de manera exhaustiva la hipótesis según la cual estos crímenes estarían asociados con el ejercicio de la libertad de expresión y a poner en práctica todos los instrumentos con los que cuenta para identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. También considera fundamental que se adopten medidas de reparación justas para los familiares de las víctimas.

La Relatoría Especial estima necesario evaluar de manera urgente si deben activarse los mecanismos de atracción de manera que estos casos puedan ser investigados y judicializados de inmediato por las autoridades federales. Asimismo, considera esencial que se fortalezcan los mecanismos de coordinación interinstitucional entre las autoridades federales y los distintos niveles del gobierno para asegurar la adecuada adopción e implementación de las medidas de protección necesarias para garantizar el ejercicio del periodismo.

Conforme a los estándares desarrollados por el Sistema Interamericano, los Estados tienen una obligación reforzada de proteger a quienes están expuestos a un riesgo especial respecto de sus derechos fundamentales. La obligación de adoptar medidas concretas de protección está supeditada al conocimiento de que existe una situación de riesgo real e inminente para un individuo o grupo de individuos determinado y la posibilidad razonable de prevenir o evitar ese daño.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

Cuando tales delitos quedan impunes, esto fomenta la reiteración de actos violentos similares y puede resultar en el silenciamiento y en la autocensura de los y las comunicadoras.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la CIDH con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático. 

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