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Guille, víctima de la corrupción e impunidad frente al silencio de la CODHEY por René Ramírez Benítez

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La justicia en el estado es perezosa y sumamente lenta, y se ve tanto en el caso de Guille como en que la población carcelaria en el 2013, pues sólo 16 por ciento de ésta ha recibido sentencia.  

Redacción.- José Guillermo Ascencio Lara, Guille, fue asesinado por la impunidad y la corrupción. Su caso es uno más que evidencia (y continúa haciéndolo) cómo la justicia en Yucatán es selectiva y evasiva. El 22 de abril de 2014, Guille murió electrocutado en un hotel de Progreso, el cual funcionaba irregularmente, lo que se demostró con la falta de licencias de operación y una instalación eléctrica adecuada, y cuyo dueño es cercano a personajes políticos de alto nivel local. Por esa relación con la clase política, la Fiscalía General del Estado no realizó las investigaciones apropiadas y dictó el famoso "no ejercicio de la acción penal" porque para la autoridad "todo estaba bien".

 

No fue sino hasta que los padres de José Guillermo acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) y lucharon para que este organismo emitiera la recomendación 16/2015, en el cual se menciona que se violaron los derechos de legalidad y seguridad jurídica por parte del Ayuntamiento de Progreso y la FGE. Sin embargo, a tres años de la emisión de dicha recomendación, no ha sucedido absolutamente nada.

 

El caso de Guille demuestra una premisa dolorosa y constante en el imaginario colectivo de los ciudadanos de a pie: Si tienes los recursos o medios económicos y conexiones políticas, la justicia estará de tu lado. Un premisa que duele, persiste y erosiona el Estado de derecho con el que soñamos.

 

El problema va más allá de las fallidas instituciones de procuración e impartición de justicia y permea a otros entes garantes de los derechos como la Codhey y el Congreso, que con su silencio son partícipes e incluso cómplices. Porque los datos están ahí; de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2016 realizado por la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), en Yucatán el 72.8 por ciento de los delitos quedan totalmente en el olvido, por encima del promedio nacional en este rubro.

 

También es notoria la falta de investigación en hechos posiblemente delictuosos en las instituciones de procuración de justicia, pues sólo ocho por ciento por ciento de las carpetas de investigación abiertas conducen a un proceso penal, lo cual se puede traducir en una pereza absoluta sobre un tema tan importante. La justicia en el estado es perezosa y sumamente lenta, y se ve tanto en el caso de Guille como en que la población carcelaria en el 2013, pues sólo 16 por ciento de ésta ha recibido sentencia. En consecuencia, una gran población en la cárcel espera que las autoridades revisen su caso y se dicte sentencia condenatoria o absolutoria. El problema también envuelve a los cuerpos policiacos, ya que cuentan con 40 recomendaciones de la Codhey por violaciones a los derechos humanos, lo que supondría falta de preparación por parte de nuestras instituciones y cuerpos de seguridad. Ello desemboca en una cifra alarmante: 94.6 por ciento de los delitos cometidos no queda registrado, por la desconfianza de los ciudadanos.

 

Existe otro tema preocupante, relacionado a la eficacia de la Codhey, la cual organizaciones como Indignación han denunciado; esto es que en 2013, de las 30 recomendaciones emitidas, en ninguna se recomiendan medios de satisfacción o la debida reparación del daño, una actitud que persiste hoy día, y los procedimientos perseguidos a servidores públicos que han violado derechos humanos llevan a una sanción administrativa, sin la fuerza de reparación y no repetición que las recomendaciones deberían procurar, evitando a toda costa una sanción de mayor impacto como la penal; de ahí la idea de impunidad total de los actos de servidores públicos.

 

Es alarmante la complacencia de la Codhey ante la clase política dominante, que ha erosionado la supuesta autonomía con que debe conducirse. En 2009 era su responsabilidad impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las reformas a la Constitución local para evitar el matrimonio igualitario, cuestión que evidentemente viola derechos humanos y discrimina a cientos de yucatecos. Sin embargo, el "protector del pueblo" prefirió callar y aplaudir. Porque como menciona Indignación en su informe Análisis de Gestión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 2007 - 2015: "La realidad es que la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán ha sucumbido ante los empeños del Ejecutivo y Legislativo de hacerla inoperante, de hacerla cómplice de los abusos del poder". Es lastimoso ver que las instituciones encargadas de limitar el poder y aquellos que lo ejercen, sucumban ante él. Demuestran que, en nuestro país y estado, la justicia está circunscrita a lo que diga tu cuenta bancaria o tus conexiones políticas. Como a muchos otros, a Guille las instituciones no le dieron seguridad jurídica y acceso a un proceso de investigación adecuado, y el caso parece dormir el sueño de la impunidad.

 

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