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Derechos Humanos

3 de mayo en Chablekal: un año después, persiste la impunidad

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Uso excesivo de la fuerza, allanamientos de la iglesia y de domicilio, golpes, amenazas e insultos generalizados contra pobladores de Chablekal y contra observadores de derechos humanos, detenciones ilegales y arbitrarias

Redacción / Comunicado .- Uso excesivo de la fuerza, allanamientos de la iglesia y de domicilio, golpes, amenazas e insultos generalizados contra pobladores de Chablekal y contra observadores de derechos humanos, detenciones ilegales y arbitrarias, robo de cámara de video, obstaculización de la labor de defensores, provocación a la población y uso excesivo de gas lacrimógeno que causó severos daños a infantes de la comunidad de Chablekal y otras personas fueron algunas de las violaciones a derechos humanos cometidas por la Policía Estatal de Yucatán el 3 de mayo en Chablekal, en un despliegue inusitado de agentes y de fuerza como parte de un operativo que se realizó en el contexto de un desalojo que gente de la comunidad considera injusto y que agravia a un abuelo mayor, al cual salió a defender gran parte del pueblo.

 

Así iniciaba la comunicación del equipo emitida al día siguiente de los hechos. Hoy, un año después, los abusos siguen impunes y una tibia y tardía recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) fue impugnada por agraviados de Chablekal y por el equipo Indignación. En la comunicación respectiva señalamos:

 

“Emitida casi un año después de los hechos y dirigida al Secretario de Seguridad Pública, la Codhey acreditó violaciones al Derecho a la Libertad Personal, a la Privacidad, a la Integridad y Seguridad Personal, así también de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos no catalogó la tortura ni los tratos crueles, inhumanos y degradantes ni señaló a todos los responsables ni dirigió la recomendación al Gobernador del Estado. Tampoco se refirió adecuadamente a las detenciones arbitrarias ni calificó el ataque contra defensores e incluso parece atribuirse funciones que no le corresponden, casi como coadyuvante del Ministerio Público pero contra los agraviados al señalarlos como responsables de ilícitos, lo cual es además falso, e incluso llegó al extremo de justificar el uso de armas no letales.

Esto último es particularmente grave pues una recomendación como la emitida por la Codhey podría justificar en el futuro operativos similares.”

 

A un año de los hechos, la impunidad que persiste en un caso que recibió el repudio generalizado de la población de Chablekal, así como de personas y organizaciones del estado y del país, un caso de uso excesivo de la fuerza que mostró la debilidad del programa Escudo Yucatán, la falta de capacitación de la fuerza pública y el desdén por los derechos humanos del gobierno de Rolando Zapata Bello, preocupa gravemente.

La tibieza de la Codhey ante estos hechos, su tardía respuesta, así como la tolerancia que el gobierno de Rolando Zapata mostró hacia agentes que violentaron derechos humanos y su propia participación al autorizar el operativo resultan una alarma.

Yucatán, lamentablemente, ha vivido diversos casos de abuso policíaco y, más aún, de torturas y tratos crueles. El gobierno, de forma reiterada y contumaz, desatiende recomendaciones, comunicaciones y exigencias que ponen en riesgo a la población ante abusos de poder.

Continúa siendo un reto, una obligación incumplida para este gobierno, respetar los derechos humanos, sancionar a responsables de violentarlos y combatir la impunidad.

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