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Se acabó para el gobierno del Estado y el Poder Judicial la discrecionalidad con la que actuaban en Mérida, explica Renán Barrera

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los ayuntamientos en el Estado de Yucatán tienen facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal expedidas por la legislatura del Estado, los reglamentos que organicen la ad

Eduardo Lliteras Sentíes /Infolliteras.com.- Se acabó para el gobierno del Estado la discrecionalidad con la que actuaba en Mérida y en los municipios de Yucatán para imponer su voluntad con el apoyo del Poder Judicial no raramente en contra del parecer de los gobiernos municipales y de los intereses de los ciudadanos de Mérida en particular, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los ayuntamientos en el Estado de Yucatán tienen facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal expedidas por la legislatura del Estado, los reglamentos que organicen la administración pública municipal, y por ende, están facultados para establecer tribunales contenciosos administrativos de los municipios.

Así lo consideró el ex alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha y Coordinador Nacional de Alcaldes CEN del PAN quien dijo a Infolliteras.com que se trata de una gran noticia para todos los municipios del Estado de Yucatán.

Vale la pena hacer recuento, señaló: “En el gobierno municipal de César Bojórquez, yo era coordinador de la bancada de los regidores del PAN  y se estableció la necesidad de contar con un tribunal municipal porque lo que ha pasado en estos años es que un tribunal estatal, del Poder Judicial, que a su vez está íntimamente ligado al gobierno del Estado, es el que ha estado regulando lo que sucede en toda la ciudad de Mérida”.

Renán Barrera dijo que cuando de repente escuchábamos a vecinos que decían cómo es posible que esta gasolinera se pueda construir aquí (en la colonia México, por ejemplo), cómo es posible que afuera de una escuela pueda haber una venta de licor, cómo es posible que se pueda construir un edificio cuando es una zona habitacional; todos estos casos, que a veces pareciera que es el municipio el que da lo permisos, son resultado de juicios en los que se imponía el Poder Judicial, puntualizó.

Y al no tener el Ayuntamiento ninguna facultad para evitar que eso sucediera, explica Renán Barrera, “pues prácticamente era el gobierno del Estado el que daba los permisos en materia municipal, de lo que sucedía en la ciudad”.

Y no sólo ha fallado el Poder Judicial en contra de Mérida en muchas ocasiones, sino en contra de las luminarias, contra el embargo de 30 millones de pesos que me tocó afrontar como alcalde --de la devolución del impuesto sobre la renta--, y muchas otras cosas que han afectado a los meridanos.

Renán Barrera asegura “que el Poder Judicial, a través de su tribunal estatal, estaba operando a favor de los intereses del gobierno del Estado y del PRI, por decirlo de alguna manera”.

Haciendo un recuento de la historia, dice que en el trienio de César Bojórquez los priistas sistemáticamente votaron en contra de la creación de éste tribunal por instrucciones obviamente de su partido.

“Luego llegó Angélica Araujo, que prácticamente no tocó el tema durante los tres años que estuvo, no era un tema importante para ellos. Luego al ser yo presidente municipal, no solamente conformamos nuevamente la integración del tribunal sino que lo propusimos en más de 20 ocasiones al Cabildo, porque la ley, tenía una ley vigente, que tenía que entrar en funciones, pero no podía entrar en funciones porque no se autorizaban los nombramientos de los magistrados municipales”, señala.

Explica que “prácticamente así estuvimos en los tres años municipales hasta que derivó en una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que afortunadamente el día de ayer los magistrados de la Corte fallaron a favor de que los municipios cuenten con sus propios tribunales municipales. Entonces sí, ahora las ciudades, los ayuntamientos van a poder tener la facultad de ser los que regulen en instancias jurídicas, cuál es la defensa que tiene que hacerse, primero de la ciudad”, de sus habitantes y luego de los intereses privados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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