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Que caiga quien tenga que caer por Eduardo Lliteras Sentíes

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Mientras no se resuelva si el Jefe del Despacho del gobernador, Sergio Vadillo está involucrado, o si está involucrado el presidente del comité municipal del PAN, Jesús Pérez Ballote, ambos entreguen sus licencias

Aún no empiezan las pre campañas en Yucatán y ya tenemos las redes sociales inundadas de memes y vídeos donde se representa al alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal y a Jesús Pérez Ballote, arrojando ácido en las calles de la ciudad o al encargado del Despacho del gobernador Rolando Zapata, Sergio Vadillo, cubierto de ratas o emitiendo la “roloseñal” al cielo en la que aparece la silueta de un roedor.

Este escenario preocupa ya que prefigura campañas donde prevalecerá el lodo y la calumnia por encima de cualquier propuesta y reflexión auténtica sobre el rumbo que debe seguir Yucatán, su capital Mérida, la justicia o los 106 municipios del Estado. Una manera de apelar a los instintos más bajos de los electores pero también de eludir la confrontación inteligente sobre nuestros problemas, como la corrupción, por encima de la propaganda, y los insultos. La apuesta partidista sería al meme, al fake news en Facebook, para evitar cualquier reflexión seria sobre el modelo de desarrollo, la desigualdad social que nos atenaza, el enriquecimiento ilícito desde el poder o la manera en que gobiernos y clientelas se reparten los presupuestos anuales.

No cabe duda de que estamos ante una coyuntura que definirá el clima político-electoral en el que se desarrollarán las campañas y que hasta ahora se ha convertido en una bomba de relojería que no ha podido (¿o querido?) desactivar la Fiscalía General del Estado.

La propuesta panista (realizada por el senador Gil Zuarth) de que la Procuraduría General de la República atraiga el caso, ha sido respaldada por otros sectores como el regidor perredista, Tonatiuh Villanueva o el mismo presidente del PRD, Alejandro Cuevas, aunque algunos expresan sus dudas, bien fundadas, de la incapacidad de la autoridad federal para resolver los casos. Allí están los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, sin ir más lejos.

Las mismas cámaras empresariales esperan que se investigue y dé con los culpables del ácido arrojado en las calles de la ciudad con el objetivo de dañar obras pagadas con recursos públicos y obtener ganancia política. Lo que es totalmente inaceptable. Medrar con el perjuicio de la ciudadanía, de otros desde el poder, debe tener un costo no sólo político, sino económico y personal para quien tuvo la idea de afectar las obras del Ayuntamiento. Ya vemos el desastre en que se convirtieron Estados como Quintana Roo o Veracruz, precisamente por permitir que la corrupción y la delincuencia se alojaran y crecieran desde los mismos gobiernos sin freno.

Pero, a cui prodest, a quién beneficia el ácido y los daños infligidos a obras municipales. O quizá, si invertimos la pregunta, ¿a quién perjudica, en primera instancia? Hasta ahora, el primer damnificado sería el alcalde Vila y le seguiría Jesús Pérez Ballote. Después Sergio Vadillo, quien ha salido a diversos medios de comunicación a desmentir que tenga algo que ver con el asunto, que se haya enriquecido ilícitamente y a ofrecer “transparencia” (aunque no ha puntualizado si publicando su 3 de 3 o la lista de convenios que gestiona con proveedores).

De allí que no suene nada mal la propuesta del regidor Tonatiuh Villanueva Caltempa, en el sentido de que atraiga la PGR la investigación pero también de que mientras no se resuelva si el Jefe del Despacho del gobernador, Sergio Vadillo está involucrado, o si está involucrado el presidente del comité municipal del PAN, Jesús Pérez Ballote, ambos entreguen sus licencias. Es lo más sano y correcto, coincidimos, se lo deben a la ciudadanía.

Coincidimos en que se debe llegar hasta las últimas consecuencias y que caiga quien tenga que caer. No hacerlo nos acercará al estercolero quintanarroense o veracruzano.

Hasta ahora, el gobernador del Estado, Rolando Zapata Bello, no ha dicho una palabra sobre el caso y ha dejado que el titular de la FGE, Ariel Aldecua, dirija las investigaciones.

Sin embargo, el alcalde de Mérida sí ha pedido al fiscal que actúe de manera imparcial en la investigación sobre los daños a las calles de Mérida con ácido. “Le pedimos que no convierta esto en un tema político, como desafortunadamente se está tornando”, ha dicho Vila.

Papa caliente en manos del fiscal, no cabe duda, pero también un llamado a la sociedad, al congreso, a los diputados, para que quienes combatan la corrupción o impartan la justicia sean designados lo más lejos posible de los palacios del poder. Tarea pendiente.

 

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