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Vídeo Bajo presión Alaine López del IPIEMH acepta alerta de género que exige sociedad civil

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La titular del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán bajo presión tras meses de silencio y el acumularse de los feminicidios cedió: habrá alerta de género 

Redacción.- La titular del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán bajo presión tras meses de silencio y el acumularse de los feminicidios cedió: habrá alerta de género. Yucatán ocupa el cuarto lugar nacional en violencia contra mujeres casadas o unidas, ya que 47 por ciento de ellas aseguran haber sido violentadas: 26 por ciento han sido víctimas de violencia física y 11 por ciento de violencia sexual, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares.

 

 

 

El gobierno de Rolando Zapata se negó sistemáticamente a decretar la alerta de género, pero ante la oleada de feminicidios (suman al menos 11 en lo que va del año) la titular del IPIEMH, Alaine López Briceño aceptó decretar la alerta de género.

 

 

 

En efecto. Organizaciones civiles y académicas de Yucatán solicitaron esta semana que se decrete en la entidad la Alerta de Violencia de Género (AVG) por violencia feminicida, violencia física y violencia sexual en los municipios de Mérida, Progreso, Tizimín, Peto, Umán, Tekax, Ticul, Valladolid, Kanasín y Hunucmá.

 

 

 

La solicitud para que se active la AVG en Yucatán fue presentada el 23 de junio ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a través de un escrito dirigido a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, y a la titular de la Conavim, Alejandra Negrete Morayta, y del cual Cimacnoticias tiene copia.

 

 

 

El documento fue suscrito por la representante legal de la organización Ni una más, Clemencia Adelaida Salas Salazar, y las organizaciones Ciencia Social Alternativa, el Centro de Apoyo Solidario, Documentación y Estudio A.C. y Yucatán Feminicida. También se sumaron las académicas Gina Irene Villagómez Valdés y Ligia del Carmen Vera Gamboa.

 

 

 

En Yucatán la AVG se solicitó porque, aseguraron las organizaciones y académicas, en la entidad son sistemáticas las violaciones al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

 

 

 

Ejemplo de ello es el caso de la defensora de Derechos Humanos Emma Gabriela Molina Canto, víctima de feminicidio el pasado 27 de marzo y por el cual se acusa a su ex esposo, Alberto Medina Sonda, como de autor intelectual, quien está encarcelado por el delito de operación con recursos ilícitos en Tabasco durante el gobierno del priista Andrés Granier.

 

 

 

Emma Gabriela denunció desde 2012 la violencia física y psicológica, la sustracción de sus dos hijas e hijo y el hostigamiento del que fue víctimas ella y su madre, la también defensora, Ligia Canto Lugo, por parte de su exesposo y la familia del mismo.

 

Ejemplo de ello es que desde hace nueve años el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán no ha integrado ni implementado el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, previsto en la Ley General del estado.

 

 

Además, las organizaciones y académicas solicitantes denunciaron que la omisión del Poder Legislativo de Yucatán que, en 2016, eliminó del Código Penal estatal a la violencia sexual de la lista de delitos graves.

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