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República de las Bananas

Que se vayan todos, gritan habitantes de San Felipe por Eduardo Lliteras Sentíes

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Estamos ante un malestar que se ha acumulado a lo largo de todo el presente sexenio, sin que la autoridad estatal siquiera asome el rostro por la zona: el gobernador tiene cinco años que no viene, recuerdan.

Eduardo Lliteras Sentíes.- “¡Que se vayan todos, que se vayan!” …es el grito unánime de los pescadores de San Felipe, los que secundaron el grito de los pescadores de Dzilam de Bravo y sus familiares de hace unos días: la exigencia es que salgan de su municipio los centenares de hombres traídos de otros Estados para participar en la captura del pulpo y en otras pesquerías.

“Están agotando nuestros mares para beneficiar solo a un grupo de empresarios y además, la gente de San Felipe tuvo que intervenir para salvar a sus policías de la gente de fuera que no están acostumbrados a respetar a su autoridad”, dicen. También los acusan de intentos de violación de una menor y de otros actos de agresión. De la inseguridad en el puerto.

La furia y el malestar fueron expresados a gritos al alcalde de San Felipe Gabriel Enrique Marrufo Marfil quien optó por refugiarse en su oficina de Palacio Municipal mientras los habitantes cerraron el ingreso por carretera a la población. La respuesta del Gobierno del Estado fue enviar una delegación para entrevistarse en privado con el alcalde y al menos 10 patrullas de la Secretaría de Seguridad y Vialidad, las que ingresaron en la población con los policías antimotines con el rostro cubierto y armas largas en las manos. Toda una demostración de poder que busca calmar los ánimos, amedrentar a los pescadores y controlar el estallido social de tonos xenofóbicos en un estado en el que las autoridades han promovido el discurso regionalista de tonos folklóricos frente a la descomposición del país de la que pretenden sustraerse a través de promover, precisamente, la identidad y “los valores yucatecos”, según les llaman.

Los turistas que visitaban San Felipe, promocionado como un lugar idílico de belleza y tranquilidad por las autoridades turísticas y en redes, se encontraron con el espectáculo de la virulenta protesta y de los gritos de los habitantes contra los “fuereños”.

“Lo hermoso de San Felipe Yucatán es que gozas de tranquilidad. Sus 2500 (pacíficos) habitantes, la playa en una isla virgen, no plazas, no bancos, no wifi, no tráfico”, dice la publicidad turística.

La realidad es que hay mucho hartazgo de los hombres del mar de las autoridades no sólo municipales o estatales sino federales, por el nepotismo y amiguismo en la entrega de los permisos de pesca por parte de la Conapesca y Sagarpa.

Hay clonación de permisos, acusan. Son los permisionarios, los empresarios, los que gracias a sus influencias con funcionarios estatales y federales, y al pago de mordidas, clonan los permisos de pesca y el número de lanchas y hombres pescando.

Por eso también el hartazgo de los hombres de la costa yucateca, al ver que el beneficio de los recursos naturales se va para afuera, que beneficia a unos cuantos influyentes, bien conectados con las autoridades.

El temor es que la depredación acabe con todos los recursos, que tantos hombres traídos de otros estados acaben también con la paz y la seguridad, tan presumida por las autoridades para atraer más inversiones y por lo tanto más “fuereños”.

Las diversas especies de pepino de mar, el que ya escasea, están en peligro de extinción por la imparable pesca furtiva para nutrir el insaciable mercado chino y a las mafias que desde Yucatán lo envían a la patria de Confucio vía Estados Unidos.

Las denuncias señalan que mucha de esa gente es traída al Estado “para capturar de forma ilegal las especies marinas e inclusive para realizar otras actividades delictivas como el tráfico de drogas”, según nos dicen vecinos que pidieron el anonimato.

De hecho, cabe recordar que una millonaria operación de contrabando y exportación de pepino de mar capturado ilegalmente en Yucatán y enviado a los Estados Unidos a través del territorio nacional gracias al apoyo de funcionarios corruptos hasta Tijuana, emergió luego de que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (Homeland Security) anunció cargos contra tres personas (entre estos Ramón Torres Mayorquín y su hijo David) por introducir en el vecino país toneladas de esa especie desde al menos 2010 con un valor aproximado de 17.5 millones de dólares, según información publicada en el vecino país. Hablamos de una auténtica red de tráfico ilegal de pepino de mar que involucra a autoridades de Yucatán y de otras partes del país para enviar el producto hasta la frontera estadounidense.

También está bajo presión el caracol, la langosta, el mero, nos dicen. A éste ritmo no van a dejar nada, insisten.

Estamos ante un malestar que se ha acumulado a lo largo de todo el presente sexenio, sin que la autoridad estatal siquiera asome el rostro por la zona: el gobernador tiene cinco años que no viene, recuerdan.

-Hace unos días vinieron a hacer encuestas en Dzilam de Bravo. Nos preguntaron qué calificación le poníamos al presidente EPN, al gobernador, y dijimos que cero--, nos dice un habitante del puerto quien también denuncia las mordidas que cobraba hasta hace poco personal de la Capitanía de Puerto. De las amenazas para quitarles los apoyos en temporada de veda o de la intención de funcionarios de embolsarse una parte. De cobrar su mochada en dicho municipio donde también el brote de descontento generó tremendo tumulto frente a Palacio Municipal entre gritos de “fuera los fuereños”.

En realidad, desde que inició el presente gobierno estatal, los problemas vinculados a las mafias que explotan el pepino de mar y otras especies de forma ilegal, comenzaron a estallar en particular en el municipio de Progreso con escenas de violencia no vistas en Yucatán.

Cinco años después, y al final del gobierno de Rolando Zapata Bello, el problema se ha extendido a lo largo de toda la costa del oriente del Estado desde Dzilam de Bravo hasta San Felipe aunque hay otros  municipios como Dzilam González, Ría Lagartos donde la población también ha externado su hartazgo con la situación creada por la llegada de “fuereños” o personas contratadas por los empresarios del sector pesquero para capturar el pepino de mar y que en algunos casos cometen ilícitos o agreden a los vecinos, según insisten los habitantes.

De allí que los llamados de atención de la CODHEY resulten por lo menos tendenciosos, al enfocarse exclusivamente en condenar la “xenofobia” y emitir medidas cautelares a los alcaldes de Dzilam de Bravo y San Felipe. Pareciera que llama al orden por interpósita persona o autoridad, soslayando el conflicto social, ambiental, político y de seguridad en el que tienen responsabilidad autoridades de los tres niveles de gobierno.

A todo esto, por su parte el senador panista, Daniel Ávila Ruíz dijo que se aprobó en la comisión permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para que haya vigilancia permanente para combatir la pesca ilegal en Yucatán. Dicho punto de acuerdo ya fue turnada a la secretaría de Gobernación para que se giren instrucciones a Sagarpa, Conapesca y a la Marina para que haya vigilancia en las costas yucatecas para que no pesquen pepino de mar, caracol o langosta de forma ilegal.

Asimismo, el senador panista dijo que “se hace un exhorto al gobierno de Rolando Zapata Bello para que en coordinación con la Marina y con Conapesca haya vigilancia permanente en las costas de Yucatán para combatir la pesca ilegal de éstos moluscos”.

Sobre el mismo tema, cuestionado por Infolliteras y La Jornada Maya, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Yucatán, Gustavo Cisneros Buenfil dijo que el Estado “tiene fama ahora de que ofrece oportunidades, seguridad, y muchos han llegado a trabajar en las pesquerías, en la costa y realmente trastornando la vida de las comunidades”.

El líder empresarial insistió en que se ha generado una situación que la sociedad tiene que denunciar y en la que también el gobierno tiene que participar activamente.

“Los ayuntamientos vemos que no tienen en muchos de los casos un compromiso directo para hacerlo, entonces la policía lo tiene que hacer y los ayuntamientos tienen que participar activamente en esto”, añadió.

Gustavo Cisneros dijo que los alcaldes “de pronto encabezan movimientos en los que no atacan la raíz del problema: la raíz del problema –si bien todos somos mexicanos y nos podemos establecer donde queramos- es que si yo permito actos delincuencia, solapo, estoy coludido, entonces no hay forma de que haya una convivencia de forma normal”.

Insistió en que “lo que se tiene que hacer es aplicar el estado de derecho. Ya hemos hablado con las autoridades, están conscientes de esto. Aquí hay que reconocer que se necesita el mando único, donde la SSP tendría que tomar el control (de las policías municipales de los municipios costeros), no se ha dado en muchos de los casos y tenemos muchas policías municipales que dejan mucho que desear y los presidentes municipales tampoco están ejerciendo su trabajo como debe de ser”, concluyó.

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