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El País

Piden Fondo único de reconstrucción nacional con la más absoluta transparencia en tiempo real

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El Presidente de la República debe emitir el decreto de creación de un fideicomiso público con plenas facultades de actuación, en el que se depositen todas las aportaciones internacionales, las bancarias, las partidarias, las sociales y las privadas&n

Redacción / Nosotrox.- La reconstrucción no es un episodio aislado, no es solo un problema de obras públicas o de viviendas, no es solamente un desafío presupuestario, no es un espacio de publicidad o propaganda, no es un negocio financiero de particulares, no es una tarea fragmentaria y no se limita a salir del paso.

La reconstrucción reclama la apertura a una concepción correcta del espacio público. En este sentido, debe evitarse cualquier tentación autoritaria, cualquier captura partidaria, empresarial o de poderes fácticos. Las claves están en la armonización de los valores compartidos –la solidaridad, el altruismo y la igualdad–, en la apertura total de la información que se obtenga y se produzca, y en la inclusión social.

Es imperativo responder desde un espacio institucional distinto: crear un fondo único de reconstrucción nacional con reconocimiento público y con la más absoluta transparencia en tiempo real, que coordine todas las tareas.

El Presidente de la República debe emitir el decreto de creación de un fideicomiso público con plenas facultades de actuación, en el que se depositen todas las aportaciones internacionales, las bancarias, las partidarias, las sociales y las privadas que confluyan para respaldar el proceso de reconstrucción, en el que todos debemos contribuir.

A ese fondo deben concurrir las dependencias con facultades y capacidades de colaboración, pero no deben dirigirlo. El comité técnico debe convocar a la participación de esos sectores y dotarles de los medios para vigilar y sancionar los planes, los proyectos y las acciones derivadas del fideicomiso. Toda la información debe abrirse a la vigilancia pública y a la colaboración de la sociedad civil. Y debe dirigirse por un cuerpo de profesionales de probada experiencia administrativa, de indiscutible autoridad moral y sin filiaciones partidarias.

Que sea nacional significa que no debe etiquetarse al gobierno, a ningún partido, a ninguna empresa y a ningún grupo social. Pero también significa que no debe excluir a nadie. Llamamos a los gobiernos estatales, a las fuerzas políticas organizadas del país, a los empresarios y grupos de empresarios, a los medios de comunicación, a la academia y a la sociedad civil a participar de la tarea, cada uno desde su trinchera y sus aportaciones propias, pero sin capturarlo.

La magnitud del problema público que debe resolverse exige respuestas que, desde el principio, anuncien sus propósitos transexenales y su desapego del proceso electoral en curso. Es urgente salvar este esfuerzo colectivo de sus limitaciones inminentes de carácter burocrático y político.

Tras la tragedia, el objetivo no puede ser simplemente levantar lo que se ha caído, sino generar un nuevo aliento y un mirador hacia el futuro democrático. Tampoco prosperará si se fragmenta y, mucho menos, si se captura o se utiliza para fines o intereses diferentes a su propósito. Por eso es fundamental que los actores capaces de participar en su diseño comprendan que cualquier intento de sacar provecho de la tragedia nacional hundiría el conjunto de la política pública que debe implementarse.

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