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Detecta la ASF probable daño a la hacienda pública en Yucatán por más de 825 millones de pesos

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El Palacio de la Música en la mira. El gobierno de Rolando Zapata aparece en la lista con otros gobernadores o ex gobernadores de mala fama, como Roberto Borge o Graco Ramírez

Redacción.- A contracorriente de lo que dice el BID y la propaganda oficialista la administración de Yucatán, encabezada por el priista Rolando Zapata, registra un probable daño a la hacienda pública por 825 millones 540 mil pesos por no presentar la documentación comprobatoria original del ejercicio de esos recursos.

En la revisión realizada por Infolliteras.com del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2016 Segunda Etapa, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se descubren uso de materiales de mala calidad en obras construidas con recursos federales así como aumento del costo total de la obra como ocurre con el Centro Nacional de la Música Mexicana o en el Hospital Materno-Infantil de 160 Camas en Mérida.

La ASF también analizó, por ejemplo, el proyecto carretero Mérida-Chetumal realizado en el estado de Yucatán por la SCT del que emergieron recuperaciones probables por 174.4 miles de pesos, nada menos.

El Gobierno de Rolando Zapata Bello aparece en la lista negra de Gobiernos estatales que mal gastan los recursos federales, dice El Heraldo.

El problema es que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) asegura que los gobiernos locales no gastan correctamente lo que el Gobierno Federal les da.

El Gobierno de Rolando Zapata Bello aparece en la lista negra junto con el gobierno del ex gobernador también priista, Roberto Borge Angulo o del perredista Graco Ramírez de Morelos, quien registra un probable daño a la hacienda pública -según la ASF- de 959 millones 651 mil pesos.

El Heraldo también menciona a Gabino Cué, con un probable daño a la hacienda pública por 341 millones 661 mil pesos por no registrar la información financiera de operaciones y obra pública, entre otros gobiernos estatales y gobernadores del país cuyas entidades federativas no gastan correctamente los recursos que la Federación les transfiere para atender problemas relacionados con la salud, la pobreza, la educación, el desarrollo social, entre otras cosas.

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