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Opacidad en el manejo de los recursos federales en Yucatán / Inflan costo del Palacio de la Música en casi 92 millones de pesos

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Detectan obras con materiales de mala calidad, pagos en demasía a contratistas y burócratas, entre otras irregularidades. No realizó gestión eficiente y transparente

Eduardo Lliteras Sentíes / Reportaje Especial.- La administración encabezada por Rolando Zapata Bello registra un probable daño a la hacienda pública de Yucatán por 825 millones 540 mil pesos por no presentar la documentación comprobatoria original del ejercicio de esos recursos según el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2016 Segunda Etapa, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y presentado el martes pasado por el auditor Juan Manuel Portal, en la Cámara de Diputados de San Lázaro, en la Ciudad de México. En una revisión del documento de la ASF realizado por La Jornada Maya e Infolliteras.com de las 664 auditorías practicadas a los gobiernos estatales y el gobierno federal se descubre que el gobierno de Rolando Zapata Bello “no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de Participaciones Federales 2016” y “no ejerció el 8.5% de los recursos transferidos lo que generó opacidad en el manejo de los recursos”. La ASF pidió las investigaciones pertinentes al Gobierno del Estado de Yucatán y, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos reportadas a continuación.

Cabe recordar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de gestión, encargada de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.

En la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-31000-02-1706 1706-DE-GF la Auditoría Superior de la Federación “revisó una muestra de 7,918 millones de pesos, que representó el 68.4% de los 11,572 millones pesos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán mediante las Participaciones Federales 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado no había ejercido el 8.5% de los recursos transferidos; ello generó opacidad en el manejo de los recursos”, afirma.

Según la ASF “en el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Código Fiscal de la Federación, por no presentar documentación comprobatoria y justificativa original, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 825 millones de pesos, el cual representa el 10.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes”.

La ASF es muy clara y contundente: “el Gobierno del Estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de Participaciones Federales 2016, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”.

La ASF señala que entre las principales irregularidades detectadas en la revisión se descubrieron falta de acreditación del pago a terceros, falta de documentación comprobatoria del gasto, recursos no entregados a los ejecutores y municipios e irregularidades y retrasos en la ministración de recursos o de rendimientos financieros a los entes ejecutores y municipios así como otras irregularidades.

En la revisión del desglose de las irregularidades descubiertas por la ASF, se informa que “el Gobierno del estado presentó diferencias por 122 millones de pesos entre los registros contables y la información financiera presentada en la Cuenta Pública”.

Además, “el Gobierno del estado no presentó la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa original de la muestra seleccionada de los capítulos de gasto 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales en virtud de que quedó pendiente por comprobar un monto de 9 millones 831 mil pesos”.

La ASF dice que “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 9,830,926.34 pesos (nueve millones, ochocientos treinta mil novecientos veinte seis pesos 34/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se hubieran generado desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones, por la falta de documentación comprobatoria y justificativa original de los capítulos de gasto 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios Generales), respecto de los recursos de las Participaciones Federales 2016”.

Asimismo, “el Gobierno del estado no presentó la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa original de la muestra seleccionada del capítulo de gasto 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, en virtud de que quedó pendiente por comprobar un monto de 621 millones 552 mil pesos”. Entre los entes que no han cumplido se cuentan, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Yucatán (174 millones), el Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (23 millones), el Instituto de Historia y Museos de Yucatán (22 millones) o la Secretaría de Salud (274 millones), entre otros.

La ASF afirma que “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 621,552,485.25 pesos (seiscientos veintiún millones quinientos cincuenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 25/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se hubieran generado desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones, por presentar parcialmente documentación comprobatoria y justificativa original de los capítulos de gasto 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas)”.

Puntualiza que “el Gobierno del estado no dispone de la documentación comprobatoria y justificativa original de los gastos realizados con recursos de Participaciones Federales 2016 de los capítulos de gasto 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales” por un monto de 10 millones 943 mil pesos”.

Señala la ASF que “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 10,943,165.96 pesos (diez millones novecientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y cinco pesos 96/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se hubieran generado desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones, por no disponer de la documentación comprobatoria y justificativa original de los capítulo de gasto 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios Generales), respecto de los recursos de las Participaciones Federales 2016”. Asimismo, la ASF afirma que “el Gobierno del estado no presentó documentación comprobatoria y justificativa original de la muestra seleccionada del capítulo de gasto 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, por un monto de 13 millones 360 mil pesos”. Explica que “de la revisión a la muestra seleccionada, el Gobierno del estado no canceló la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones realizadas con recursos de Participaciones Federales 2016 con la leyenda “Operado”, como se establece en la normativa aplicable”.

La ASF descubrió también que “la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), excedió el tabulador de sueldos autorizados para el ejercicio fiscal 2016 por un importe de 41 mil 400 pesos a 20 trabajadores”. Dichos trabajadores aparecen con el puesto genérico de “inspector de educación terminal” pero no se añaden nombres y apellidos.

La ASF dice que de la muestra seleccionada a la nómina de 19 dependencias pagadas con recursos de Participaciones Federales 2016, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), pagó el concepto “Compensaciones Especial (CO/CG)” por un importe de 14 millones 565 mil pesos, que no está autorizado en el tabulador de percepciones autorizadas para el ejercicio fiscal 2016”.

La ASF puntualiza que “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 14,565,755.41 pesos (catorce millones quinientos sesenta y cinco mil setecientos cincuenta y cinco pesos 41/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se hubieran generado desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones, por realizar pagos de percepciones que no están autorizadas en el tabulador de percepciones para el ejercicio fiscal 2016”.

La ASF afirma que en la “muestra seleccionada a las nóminas pagadas con recursos de Participaciones Federales 2016, se constató que el estado no enteró diversas retenciones realizadas a los empleados por un importe de 3 millones 846 mil pesos”.

En la revisión del desglose, sin entrar a mayores detalles, se descubre que “el Gobierno del estado no presentó expedientes unitarios de adquisiciones arrendamientos y servicios de la muestra seleccionada por un importe de 146 millones 821 mil  pesos, por lo que no fue posible constatar los procesos de adjudicación y contratación, así como los entregables de los bienes y servicios adquiridos”. Por lo que se presume, añade la ASF, “un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 146,821,426.00 pesos (ciento cuarenta y seis millones ochocientos veintiún mil cuatrocientos veintiséis pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se hubieran generado desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones”.

 

EL PALACIO DE LA MÚSICA

En la revisión realizada por La Jornada Maya e Infolliteras.com del Informe de Resultados de la Cuenta Puìblica 2016 Segunda Etapa, elaborado por la Auditoriìa Superior de la Federacioìn (ASF) se descubren uso de materiales de mala calidad en obras construidas con recursos federales, filtraciones de agua, diferencias de costos favorables a los contratistas, pagos en demasía a contratistas así como un notable e injustificado aumento del costo total de la obra, etcétera, como ocurre con el Centro Nacional de la Música Mexicana que el gobierno de Rolando Zapata Bello edifica en el centro de Mérida en el predio que ocupara el Congreso del Estado antes de trasladarse a su nueva sede en el periférico.

En la Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-31000-04-1702 1702-DS-GF practicada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la cuenta pública de 2016 a la construcción del Centro Nacional de la Música Mexicana, se descubrió que el “proyecto original tenía un costo de 100,854,724.45 (cien millones ochocientos cincuenta y cuatro mil setecientos veinticuatro pesos 45/100 M.N.) y con las modificaciones descritas la obra terminó costando al erario público 192,211,503.76 (ciento noventa y dos millones doscientos once mil quinientos tres pesos 76/100 M.N.)”.

Asimismo, se descubrieron reparaciones de los trabajos y uso de materiales de mala calidad. Por ejemplo, por no haber aplicado la correcta protección contra el fuego así como filtraciones de agua en el sótano y haber omitido aplicar las retenciones por atraso en la ejecución de los trabajos del 5.0%.

La ASF señala que “siendo el Centro Nacional de la Música Mexica, un edificio de tipo A, con una superficie de construcción de 8,606.24 m2, se debió proteger con placas o recubrimientos resistentes al fuego. Lo que no se hizo”.

Explica que el gobierno de Rolando Zapata Bello recibió “recursos federales por un importe de 100 millones 854 pesos para incrementar los espacios para el desarrollo de la cultura, específicamente de la música tradicional y popular de la ciudad de Mérida, así como promocionar y difundir la música como la trova, entre la población general”, según se justificó.

Sin embargo, mediante la celebración de dos convenios el Gobierno del Estado de Yucatán modificó “sustancialmente el proyecto ejecutivo original autorizado del sistema constructivo de los entrepisos a base de losa acero indicados en las bases de licitación, sin que exista justificación técnica en la que se sustenten las ventajas y los beneficios de los cambios a los procesos constructivos pactados en el catálogo original del contrato lo que representó un incremento en el costo de la obra por 91 millones 356 mil pesos, siendo que con lo originalmente pactado conforme al proyecto ejecutivo y al sistema constructivo se daba cumplimiento a lo requerido funcionalmente para la instalación y operación del Centro Nacional de la Música, resultando innecesarias las referidas modificaciones efectuadas al proyecto original para el cumplimiento eficaz y eficiente del objetivo de la obra”, señala la ASF.

Es decir, el Gobierno de Rolando Zapata Bello “incrementó el costo original de 100 millones 854 mil pesos con las modificaciones efectuadas sin justificación descritas en la obra” con “un impacto económico al erario público de 192 millones 211 mil pesos sin acreditar el cambio”. Es decir, hubo un aumento en casi 92 millones de pesos en el costo del palacete de la música que se edifica en el centro de Mérida.

La ASF explica que “con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada al Gobierno del Estado de Yucatán, cuyo objetivo consistió en fiscalizar y verificar que la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada por 122 millones 295 mil pesos, se concluye que en términos generales no cumplió con las disposiciones legales y normativas Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado que son aplicables en la materia debido a los resultados descritos en el presente informe de auditoría, los cuales arrojaron deficiencias importantes, entre las que destacan las siguientes:

• No evaluó correctamente la propuesta técnica de dos licitantes debido a que no presentaron los documentos requeridos en las bases de la licitación y que era causa de desechamiento, sin embargo, se adjudicó a uno de éstos el contrato de obra pública núm. LO- 931059970-E4-2016.

• Trabajos de mala calidad en las instalaciones sanitarias de las tuberías ya que son de PVC y las instaladas en piso no cuentan con cama de arena y no son adecuadas para resistir las altas temperaturas; las losas de azotea no tienen la pendiente adecuada; los ductos y difusores están mal sellados y los pisos de loseta cerámica presentan desniveles y fracturas.

• Incorrecta cuantificación de volúmenes de obra en los conceptos núms. 236660, “Desalojo de material, producto de la excavación…” y 236659, “Excavación en material tipo III o “C” por medios mecánicos…”, por cantidades de 9,010.35 m3 y de 8,328.09 m3 con importes de 1 millón 657 mil y 5 millones 094 mil pesos.

• No acreditó el concepto extraordinario núm. 5ZZZ-8 “Tratamiento anti termita” por un importe de 253 mil pesos, al no presentar la justificación técnica de su ejecución ni el diagnóstico de la existencia de termita en el terreno.

• Pago de los conceptos extraordinarios de pintura primario epóxico RP-6 y la aplicación de acabado RA-28 por un importe de 2 millones 363 mil pesos sin que estas sean retardantes al fuego como lo específica la norma.

• Pago del concepto extraordinario núm. 5ZZZ-017, “Limpieza con chorro de arena a metal comercial (sanblasteado)…” sin contar con la justificación técnica para su utilización por un importe de 258 mil pesos.

• El concepto extraordinario “Suministro e instalación de membrana protectora de filtraciones” no cumple con la calidad especificada en el proyecto ni en las especificaciones ya que existen filtraciones de agua en los muros del sótano.

• La entidad fiscalizada, mediante la celebración de dos convenios, modificó sustancialmente el proyecto ejecutivo original autorizado y el sistema constructivo de los entrepisos a base de losa acero indicados en las bases de la licitación, sin que exista justificación técnica en la que se sustenten las ventajas y los beneficios de los cambios lo que representó un incremento en el costo de la obra por 91 millones 356 mil pesos, siendo que con lo originalmente pactado conforme al proyecto ejecutivo y al sistema constructivo se daba cumplimiento a lo requerido funcionalmente”. También, por ejemplo, la ASF descubrió en “la revisión del contrato de obra pública núm. LO-931059970-N30-2015, que se efectuó un pago en demasía a la contratista por un importe de 1 millón 657 mil pesos en el concepto de catálogo núm. 236660, “Desalojo de material, producto de la excavación…”.

La ASF hizo una solicitud “para que el Gobierno del Estado de Yucatán aclare y proporcione la documentación adicional justificativa o comprobatoria de los ajustes que resulten a los importes pagados a la supervisión, por la ejecución de los trabajos del concepto extraordinario núm. 5ZZZ-006 "Suministro e instalación de membrana delta en piso y muros directo al sustrato natural en contacto con el concreto, para evitar el paso de agua y o humedades hacia el interior del edificio mediante rollos de membrana 3.00 X 20.00 m...", mismos que no cumplieron con la calidad especificada en el proyecto y en las especificaciones particulares, ya que existen filtraciones de agua en los muros del sótano”.

Asimismo, la ASF respecto a la construcción del Hospital Materno-Infantil de 160 Camas en Mérida en la visita de inspección física que personal de la ASF realizó en forma conjunta con personal del INCCOPY en junio de 2017  se constató lo siguiente: “las instalaciones sanitarias en todas las áreas del hospital son de tubería de PVC sanitario y en las tuberías que van por el piso no se colocó la cama de arena para su amortiguación, lo que ya ocasionó fracturas en dicha tubería al estar colocadas sobre el terreno natural, y en un futuro ocasionará fugas; además, la tubería de PVC no soportará las altas temperaturas que se manejan en algunas áreas, lo que conllevará a cambiarlos por otro tipo de material más resistente; asimismo, en las losas de azoteas las pendientes no son las correctas, ya que presentan encharcamientos; los ductos de aire acondicionado y los difusores no están protegidos ni sellados, lo que ocasiona que éstos se contaminen, toda vez que las contratistas siguen trabajando en obra negra dentro del hospital generando mucho polvo; y la loseta cerámica que se ha colocado presenta estrellamientos y las juntas varían de nivel teniendo un tope entre uniones de dichas losetas; por lo anterior se determinó que dichos trabajos no cumplen con la calidad especificada en el proyecto ni en las especificaciones particulares”.

La ASF dijo que la ASFU señaló “que los extractores se encuentran bajo la contratación y supervisión de obra de los Servicios de Salud de Yucatán, y respecto a la loseta cerámica se notificó a la contratista para que sea atendido a la brevedad”.

 

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