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El País

Informe de Universidad de Texas revela el control y sobornos de los Zetas a gobernadores, policías, militares

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Los Zetas tomaban precauciones adicionales para prevenir ser detectados por los marinos, incluyendo el volar en helicópteros del gobierno, usar teléfonos BlackBerry, y coordinar un sistema de vigilancia

Redacción.- Espeluznante informe han dado a conocer la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, en colaboración con el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Coahuila, México, en el que se afirma que el cártel de los Zetas sobornó a Humberto y Rubén Moreira, ex gobernador y actual gobernador de Coahuila, financió la campaña del ex gobernador veracruzano, Fidel Herrera, al grado de controlar dichos estados ya que tenían, además, bajo su poder a varias policías locales, a la policía estatal e incluso a agentes federales y soldados mexicanos. El otro gobernador que aparece en el documento es Javier Duarte, de Veracruz. La clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas publicó ayer lunes su informe “Control… sobre todo el Estado de Coahuila. Un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de Los Zetas en San Antonio, Austin y Del Rio, Texas”.

El informe explica cómo el cártel lavó dinero, sobornó y asesinó para tener el control de hasta 27 de los 32 estados de la República Mexicana. El informe se basa en las declaraciones de testigos en juicios contra miembros del grupo criminal realizados en Estados Unidos, en las declaraciones de testigos en tres juicios federales en los EE.UU. Entre el 2013 y el 2016, integrantes del cártel de Los Zetas fueron juzgados en tribunales en Austin, San Antonio y Del Rio, Texas por asesinato, conspiración para importar drogas y armas y lavado de dinero. Estos juicios dieron a conocer nueva información y corroboraron información que ya había sido documentada sobre las operaciones de Los Zetas y abusos a derechos humanos cometidos por el cártel, dice el informe del que citamos partes literales a continuación:

Los testimonios de las experiencias personales de ex integrantes del cártel de Los Zetas y familiares de las víctimas permiten un mejor entendimiento sobre la grave situación en Coahuila y proporcionan detalles sobre la estructura y los integrantes de Los Zetas. Así mismo, muestran los nexos entre el cártel y funcionarios e instituciones públicas.

Después de analizar los testimonios, la Clínica ha determinado dos conclusiones principales:

(1) el cártel de Los Zetas cometió numerosos abusos a los derechos humanos con impunidad; y

(2) las instituciones y funcionarios públicos tuvieron un papel, ya sea por acción o omisión, en la comisión de estos abusos.

Los testimonios describen el carácter y el grado de influencia de Los Zetas sobre funcionarios e instituciones municipales y estatales. Los Zetas pagaron sobornos e integraron a la policía en su jerarquía para garantizar que el cártel pudiera continuar con sus operaciones ilícitas sin resistencia alguna. Sin embargo, Los Zetas no solo influyeron sobre policías municipales o estatales de bajo rango; los testigos relatan que el control de Los Zetas se extendió a jefes de la policía municipal, procuradores estatales y federales, centros penitenciarios estatales, sectores de la Policía Federal y del Ejército mexicano y a políticos estatales. Varios testigos hicieron declaraciones sobre sobornos de millones de dólares pagados a Humberto Moreira y a Rubén Moreira, el anterior y el actual gobernador de Coahuila respectivamente, a cambio del control total del estado. Según los testimonios, la influencia de Los Zetas sobre el estado de Coahuila en todos los niveles de gobierno

les permitió llevar a cabo sus negocios a lo largo del estado con impunidad y, a menudo, con el apoyo directo de funcionarios públicos y policías estatales y municipales.

El informe también documenta los abusos a los derechos humanos que son mencionados en las declaraciones de los testigos, incluyendo las desapariciones y asesinatos masivos en marzo y abril del 2011 durante lo que se conoce como las Masacres de Piedras Negras y Allende. Estos crímenes fueron cometidos como venganza después de que tres integrantes de Los Zetas empezaron a cooperar con autoridades en los Estados Unidos. Como represalia, Los Zetas secuestraron, mataron y desaparecieron a más de 300 personas que supuestamente estaban vinculadas con estos ex integrantes del cártel.

Según los testigos, la crueldad que caracterizó las masacres no era inusual para Los Zetas.

El informe documenta un patrón de secuestros, asesinatos, tortura y desaparición en contra de cualquier persona que Los Zetas consideraran una amenaza a sus operaciones ilícitas. Para ejercer control, Los Zetas también arremetieron en contra de personas inocentes que no estaban vinculadas al cártel. Los testigos hicieron declaraciones sobre la manera cruel en la cual Los Zetas despojaban a sus víctimas de su humanidad, les asesinaban y se deshacían de sus cuerpos.

Los Zetas mantuvieron un férreo control sobre Coahuila a través de estrategias de violencia e intimidación, como amenazas de muerte y el reclutamiento forzado de residentes de Coahuila—

incluyendo a menores de edad. Los testimonios también dejan claro que los testigos recibieron amenazas incluso cuando integrantes de Los Zetas ya estaban detenidos en los Estados Unidos.

Los testimonios analizados también subrayan el carácter transnacional del tráfico de drogas y la violencia asociada con este negocio ilícito. En particular, los testigos relataron como armas adquiridas en los Estados Unidos fueron importadas a México y drogas producidas en México fueron traficadas a los EE.UU. Las operaciones de Los Zetas se extendieron a varias ciudades en los Estados Unidos, incluyendo San Antonio, Houston, Austin, Eagle Pass, Chicago y Atlanta, y a varios otros estados, como Nuevo México, California y Oklahoma.

Los Zetas financiaron esta operación transnacional a través de una amplia red de negocios, los cuales usaron para lavar dinero y para impulsar sus operaciones de tráfico de personas, armas y drogas. Los Zetas tuvieron ranchos, hipódromos e instalaciones para criar caballos en los Estados Unidos y México como parte de un negocio de carreras de caballos. Además de tener propiedades en conexión con el negocio de caballos, Los Zetas también tuvieron varios negocios en México, incluyendo tiendas, casinos, restaurantes, gimnasios y negocios de lavados de carros. Estos negocios fueron usados como casas de seguridad, puntos de reunión para operaciones del tráfico de drogas y dinero o instrumentos para el lavado de dinero. Los testigos explicaron como Los Zetas pagaron sobornos y contribuyeron a las campañas electorales de gobernadores y candidatos políticos para garantizar la continuación sin restricciones de sus negocios ilegales. Estos sobornos también garantizaron que las compañías de Los Zetas recibieran contratos públicos y permisos de construcción.

Además, los tres juicios analizados dejan claro que el gobierno de los EE.UU. tiene información importante sobre asesinatos, desapariciones, amenazas y otros abusos a derechos humanos cometidos por Los Zetas en México. Las declaraciones de los testigos y las investigaciones realizadas para estos juicios incluyen datos claves, como las ubicaciones de diversas desapariciones y asesinatos. Esto indica que es posible que el gobierno de los EE.UU. tenga información que no ha compartido que podría ayudar a esclarecer algunos asesinatos y desapariciones cometidos en México. Sin embargo, los testigos dejaron claro que el Estado mexicano no ha investigado estos casos, incluso cuando el gobierno de los Estados Unidos le compartió información importante directamente.

Las autoridades mexicanas se han negado deliberadamente a impulsar procesos de justicia a pesar de tener mucha información sobre los numerosos abusos a los derechos humanos perpetrados por integrantes del cártel de Los Zetas. Tanto Los Zetas como el Estado son responsables por la violencia en Coahuila. En el mejor de los casos, el Estado hizo caso omiso a la corrupción generalizada y los graves abusos a los derechos humanos cometidos por Los Zetas en Coahuila, y en el peor de los casos, participó directamente en cometer estas violaciones.

En los últimos once años, México ha adoptado e implementado una estrategia de seguridad principalmente militarizada, la cual ha tenido consecuencias desastrosas para los derechos humanos  en el país.11 En diciembre del 2006, Felipe Calderón, el nuevo presidente en ese momento, anunció que empezaría una campaña en contra del crimen organizado en su estado de origen, Michoacán.

Desde ese momento, casi todo México ha sido militarizado bajo el pretexto de la guerra contra las drogas- con el Ejército y la Marina realizando tareas de seguridad pública a lo largo del país.

Entre el 2007 y el 2011, el número de soldados en las calles se duplicó de 45,850 a 96,261.13 El gobierno de los EE.UU. ha apoyado la guerra antidrogas en México con la concesión de $2.5 miles de millones de dólares en fondos para la Iniciativa Mérida.14

Aunque esta estrategia ha logrado arrestar a líderes de cárteles en México, no ha logrado desmantelar al crimen organizado o limitar el tráfico de drogas a los EE.UU. La lucha contra el narcotráfico ha resultado en un aumento de violencia y abusos a los derechos humanos generalizados.

Estos abusos son cometidos por fuerzas de seguridad del Estado y—como describe este informe— por grupos del crimen organizado, muchas veces con el apoyo y aquiescencia del Estado.15 Desde el 2006, más de 170,000 personas han muerto a raíz de la violencia vinculada con el combate al narcotráfico.16 En los últimos años, la desaparición se ha vuelto una crisis generalizada e innegable, con más de 32,000 personas desparecidas en México.17 Sin embargo, hay una falta de datos claros y precisos documentado el número de desapariciones y no existe un plan nacional de búsqueda para los desaparecidos.18 Recientemente, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa han organizado protestas a nivel nacional e internacional para exigir justicia. A pesar de esta movilización y la considerable presión de organizaciones internacionales para abordar el tema, el número de desapariciones sigue aumentando.

Hasta ahora, México está poco dispuesto a reconocer la crisis de desaparición en particular, y la crisis de abusos a derechos humanos en general. El contexto de impunidad sistemática y generalizada – documentado en este informe—promueve aún más estos abusos a los derechos humanos.19 Dentro de este contexto, los estados del norte de México han sido particularmente afectados por la violencia y los abusos a los derechos humanos.

En el 2011, Rubén Moreira, el hermano de Humberto Moreira, se convirtió en el nuevo gobernador de Coahuila. Según Tavira, Rubén Moreira también colaboró con Los Zetas. Tavira describió una ocasión en la cual Los Zetas entregaron un pago a Rubén Moreira en el rancho de otro narcotraficante, Beto Casas,178 a través de una camioneta Suburban llena de maletas repletas de dinero.179 No solo en el estado de Coahuila existieron estas presuntas conexiones entre Los Zetas y funcionarios públicos. José Guillermo Herrera Mendoza, un político del estado de Veracruz, fue implicado en el secuestro y extorción de Alfonso del Rayo, un empresario de bienes raíces de Veracruz.180 Herrera Mendoza era el Subsecretario de Turismo para el estado de Veracruz durante esta conspiración la cual empezó en diciembre del 2010.

Los testigos también implicaron a dos gobernadores de Veracruz durante los juicios. Uribe describió una reunión que él tuvo con Lazcano, Cien, Daniel Menera y una contadora en una casa que le pertenecía a Javier Duarte, el gobernador de Veracruz del 2010 al 2016.182 Según Uribe, Lazcano mató a la contadora después de esta reunión justo en el jardín de esta casa.183 En otra ocasión, Efraín Torres, un líder de Los Zetas, le dio $12 millones de dólares a Colorado Cessa para apoyar la campaña electoral de Fidel Herrera para gobernador de Veracruz en el 2004.184 El objetivo de esta “donación” era congraciarse con el gobernador para que la empresa de Colorado Cessa, ADT Petroservicios, recibiera contratos de PEMEX y obtuviera grandes utilidades.185 Como es detallado en la sección sobre negocios y propiedades de este informe, estos contratos fueron otra fuente de ingresos para Los Zetas y les sirvieron también para sus operaciones de lavado de dinero. No era inusual para Los Zetas el pagar cierto porcentaje del valor total de los contratos como soborno al gobierno para obtener dichos contratos. Según Hinojosa, un contador de Los Zetas, entre el 10% y el 16% de cada contrato con el gobierno era destinado para pagar sobornos a autoridades estatales. Según la declaración de Uribe, no era solo a través de contratos de PEMEX que obtuvieron sus ganancias y lavaron dinero. Presuntamente, también se vieron involucrados escuelas, mineras, y el mismo gobierno directamente en actos relacionados con el lavado de dinero, de una u otra manera.

LEÁLO COMPLETO:

“Control… sobre todo el Estado de Coahuila. Un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de Los Zetas en San Antonio, Austin y Del Rio, Texas”.

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