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Cultura

ASF pide a Rolando Zapata investigar y sancionar a funcionarios por inflar costo de Palacio de la Música

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Tras el descubrimiento de la Auditoría Superior de la Federación de modificaciones sin justificación al proyecto ejecutivo original del Palacio de la Música

Eduardo Lliteras Sentíes / Especial .- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió realizar las investigaciones pertinentes al gobierno de Rolando Zapata Bello e iniciar los procedimientos administrativos contra los servidores públicos involucrados que modificaron el proyecto ejecutivo del Palacio de la Música (Centro Nacional de la Música) que se edifica en el centro en la ex sede del Congreso de Yucatán resultando en un daño al erario público de más de 91 millones de pesos ya que no logró sustentar “las ventajas y los beneficios de los cambios a los procesos constructivos pactados” con la federación para la entrega de los recursos. La ASF es contundente al respecto y no deja lugar a dudas: “resultan innecesarias las referidas modificaciones para el cumplimiento eficaz y eficiente del objetivo de la obra” y además puntualiza que “la supervisión externa (de la obra) no cumplió con su funciones” sin pasar por alto que “los trabajos ejecutados no cumplen con la calidad especificada en el proyecto y en las especificaciones particulares, ya que existen filtraciones de agua en los muros del sótano”.

En efecto. Tras el descubrimiento de la Auditoría Superior de la Federación de modificaciones sin justificación al proyecto ejecutivo original del Palacio de la Música y del aumento de costos en más de 91 millones de pesos emitió una “Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión autorizaron la celebración de dos convenios que modificaron sustancialmente el proyecto ejecutivo original autorizado y el sistema constructivo de los entrepisos”.

La Auditoría Superior de la Federación explica en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 que “tras la revisión del contrato de obra pública núm. LO-931059970-N30-2015” del Gobierno del Estado de Yucatán “constató” que el gobierno de Rolando Zapata Bello no pudo justificar las modificaciones al proyecto del Palacio de la Música que edifica en el centro de Mérida en donde se ubicaba la sede del Congreso de Yucatán.

Los cambios se hicieron “mediante la celebración de dos convenios, que modificó sustancialmente el proyecto ejecutivo original autorizado y el sistema constructivo de los entrepisos a base de losa acero del Palacio de la Música, indicados en las bases de licitación, sin que exista justificación técnica en la que se sustenten las ventajas y los beneficios de los cambios a los procesos constructivos pactados en el catálogo original del contrato”, afirma la Auditoría Superior de la Federación.

Es decir, el gobierno yucateco modificó el proyecto original sin justificación alguna inflando el costo del Palacio en casi 91 millones y medio de pesos.

La estratagema para inflar los costos, por ejemplo, echó mano del “cambio de losas de entrepiso a base de losa acero por losa prefabricada tipo Bubbledeck de 70 y 80 cm de peralte, lo que ocasionó que se modificara el concreto premezclado de 250 kg/cm por concreto premezclado de 450 kg/cm y que se incrementara el volumen de este último; cambios en el sistema de apuntalamiento para cimbrar las losas y su plazo de permanencia y reforzamiento con mayores cantidades de acero de refuerzo y concreto de la estructura de acero estructural, muros, castillos y los elementos de cubos de elevadores; adicionalmente, se modificaron los pisos y las fachadas por elementos prefabricados, lo que representó un incremento en el costo de la obra por 91,356 millones de pesos, siendo que con lo originalmente pactado conforme al proyecto ejecutivo y al sistema constructivo se daba cumplimiento a lo requerido funcionalmente para la instalación y operación del Centro Nacional de la Música, y resultan innecesarias las referidas modificaciones para el cumplimiento eficaz y eficiente del objetivo de la obra”, dice la Auditoría Superior de la Federación.

Al respecto, afirma la Auditoría Superior de la Federación, se concluye que el proyecto original tenía un costo de 100 millones 854 mil pesos y con las modificaciones descritas la obra terminó costando al erario público 192 millones 211 mil pesos”. Es decir, casi el doble.

La Auditoría Superior de la Federación determinó, además, que el gobierno de Rolando Zapata Bello no pudo aclarar ni justificar los cambios al proyecto y el estratosférico aumento de los costos del Palacio de la Música, por lo que “subsiste la observación, en virtud de que el gobierno de Yucatán aún y cuando entregó la ampliación de las fianzas de cumplimiento y del anticipo otorgado del 30.0%; no proporcionó la documentación con la justificación técnica en la que se sustenten las ventajas y los beneficios de los cambios a los procesos constructivos pactados en el catálogo original del contrato, ni los documentos donde CONACULTA indica los cambios del proyecto original dado que éste fue sometido primeramente para su evaluación y autorización donde se determinó que dicho proyecto cumplía con las necesidades requeridas de inicio con la cual se licitó la obra, tampoco presentó los estudios de acústica que realizó CONACULTA para modificar las áreas y que motivaron las modificaciones de los procedimientos constructivos. Y en lo que respecta al indirecto no presentó el cálculo que acredite que la contratista obtendrá una diferencia favorable”.

La ASF no deja lugar a dudas y señala que “con lo originalmente pactado conforme al proyecto ejecutivo y al sistema constructivo se daba cumplimiento a lo requerido funcionalmente para la instalación y operación del Centro Nacional de la Música, y resultan innecesarias las referidas modificaciones para el cumplimiento eficaz y eficiente del objetivo de la obra”.

Pero las irregularidades del gobierno de Rolando Zapata Bello fueron muchas más, ya que su gobierno, por ejemplo, “omitió solicitar a la Secretaría de la Función Pública la correspondiente autorización para revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados para ajustarlos a las nuevas condiciones, y entregar la ampliación de las fianzas de cumplimiento y del anticipo otorgado del 30.0%”.

Además, señala que se observó que la supervisión externa no cumplió con su funciones, en virtud de que en el concepto extraordinario núm. 5ZZZ-006 “Suministro e instalación de membrana delta en piso y muros directo al sustrato natural en contacto con el concreto, para evitar el paso de agua y o humedades hacia el interior del edificio mediante rollos de membrana 3.00 X 20.00 m…”, los trabajos ejecutados no cumplen con la calidad especificada en el proyecto y en las especificaciones particulares, ya que existen filtraciones de agua en los muros del sótano”.

Sobre éste último punto la ASF puntualiza que el gobierno de Rolando Zapata Bello “informó que aún quedan trabajos por ejecutar los cuales sellaran completamente el paso del agua, además de que el contrato se encuentra hasta el momento vigente por lo que se ha indicado a la contratista atender las reparaciones de los trabajos”.

Sin embargo, “la Auditoría Superior de la Federación determinó que subsiste la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada no ha enviado la información y documentación adicional que acredite las reparaciones de los trabajos observados”. E insiste en que “el Gobierno del Estado de Yucatán aclare y proporcione la documentación adicional

justificativa o comprobatoria de los ajustes que resulten a los importes pagados a la supervisión”.

Y como señalamos en anterior entrega, la ASF pilló con los dedos en la puerta al gobierno yucateco por el pago de los “conceptos extraordinarios de pintura primario epóxico RP-6 y la aplicación de acabado RA-28 por un importe de 2,363.7 miles de pesos sin que estas sean retardantes al fuego como lo específica la norma” en el Palacio de la Música.

Por si fuera poco la ASF observó que el gobierno de Yucatán “por conducto de su residencia de obra omitió aplicar las retenciones por atraso en la ejecución de los trabajos del 5.0% conforme a lo siguiente: para el primer contrato en los meses de enero, febrero, marzo, julio, agosto, septiembre y octubre de 2016 por un importe de 953 mil pesos; para el segundo en los meses de enero, febrero, marzo, julio, agosto, septiembre y octubre de 2016 por un importe de 542 mil pesos; y para el tercero en los meses de enero, febrero, marzo, julio, agosto, septiembre y octubre de 2016 por un importe de 573 mil pesos, ya que el avance real de los trabajos fue menor que el establecido en los programas de obra autorizados y vigentes en 2016”.

Asimismo, la ASF afirma que “se observó que a la fecha de la revisión (julio de 2017), el Gobierno del Estado de Yucatán, por conducto del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (INCCOPY), no elaboró las actas de entrega recepción, las actas del finiquito, ni las actas de extinción de derechos, no obstante que los trabajos bajo el amparo de dichos contratos concluyeron para el primer y tercer contrato el 10 de noviembre de 2016; y para el segundo el 3 de noviembre de 2016”.

 

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