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Derechos Humanos

El niño maya José Adrián, detenido arbitrariamente, golpeado, torturado, por policías yucatecos

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José Adrián fue arrestado por policías municipales, que lo detuvieron en la calle, acusándolo de haber dañado una patrulla, pese a que él no estaba allí. Retrato de José Adrián: Amnistía Internacional/Sergio Ortiz.

Redacción / Eduardo Lliteras Sentíes.-Verónica Razo, de 28 años de edad;  el niño yucateco José Adrián, de 14 años de edad; Enrique Guerrero, de 28 años de edad. ¿Qué tienen en común? A los tres los arrestaron policías en México sin ninguna justificación. Los sometieron a tortura y otros malos tratos, los mantuvieron en detención, incomunicados por horas o días, y aún no se ha sancionado a los responsables de estos hechos, señala Amnistía Internacional en su Informe reciente, Falsas Sospechas, Detenciones Arbitrarias por la policía en México, el que fue presentado en el restaurante Amaro por Carlos Zazueta, de la oficina regional para las Américas de Amnistía Internacional, con la participación de representantes de la organización defensora de los Derechos Humanos en Yucatán Equipo Indignación.

En el Informe se explica que en México, la policía detiene a miles de personas cada año y muchas veces lo hace violando los derechos de las personas. Este tipo de detenciones en dónde arrestan a alguien sin razón o sin seguir las leyes se llaman detenciones arbitrarias y le puede pasar a cualquier persona, incluso a ti en cualquier punto del país, incluyendo Yucatán, región del país con menos violencia en las calles, pero no menos violencia institucional, como señaló Carlos Zazueta, de la oficina regional para las Américas de Amnistía Internacional en entrevista con Infolliteras.com.

El caso de la brutal detención del niño yucateco, José Adrián, quien fue detenido arbitrariamente, golpeado, torturado y su familia extorsionada a cambio de dinero, es uno de los dos casos citados por Amnistía Internacional sobre Yucatán. El otro es Chablekal y la brutal represión policíaca operada en 2016.

 

CASO DEL NIÑO JOSÉ ADRIÁN EN YUCATÁN

José Adrián, un niño maya de 14 años, quien tiene una discapacidad que le impide escuchar adecuadamente, salió de la escuela secundaria y caminó de regreso a casa el 25 de febrero de 2016 en XCan, su pequeña comunidad en la parte más oriental del estado de Yucatán.

Ese día hubo una riña entre algunos jóvenes y un auto patrulla resultó apedreado. El hermano de José Adrián se dio cuenta de lo que había ocurrido y fue a buscarlo para asegurarse de que regresara a salvo a casa, pero José Adrián ya había sido arrestado por policías municipales, que lo detuvieron en la calle, acusándolo de haber dañado la patrulla, pese a que él no estaba allí cuando sucedieron los hechos. José Adrián fue el único detenido.

Cuando los policías lo arrestaron, no le explicaron qué estaba pasando ni por qué lo detenían, tampoco llamaron inmediatamente a su familia. En cambio, lo golpearon, lo arrojaron contra la patrulla y le pisaron fuertemente el cuello; le quitaron los zapatos, la camisa y lo esposaron. En esas condiciones fue subido a una patrulla y llevado a la cercana población de Chemax. Al llegar ahí, lo colgaron por las esposas en la parte alta de una pared y fue golpeado y amenazado para que se incriminara. Lo amenazaron diciéndole que pasaría muchos años allí. José Adrián recordó: “Me tiraron, me pisotearon… me metieron en un calabozo”. Él sufrió varias lesiones, sobre todo en el cuello, que tomaron días en sanar y la atención médica que le brindó el Estado fue deficiente.

Unas horas después llegaron los padres de José Adrián, quienes, para poder liberarlo, se vieron forzados a firmar un convenio ante un juez de paz, en él se comprometían a pagar 2500 pesos mexicanos (aproximadamente 138 dólares) por los daños ocasionados a la patrulla, además de una multa de 700 pesos (39 dólares). Si los padres no pagaban el monto requerido, las autoridades amenazaban con encarcelar a José Adrián. La familia pudo juntar el dinero de la multa y las autoridades acordaron que pagarían los supuestos daños en plazos. La familia interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y ante la Fiscalía del Estado, pero hasta ahora no hay avances en la investigación y nadie ha sido sancionado.

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