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Derechos Humanos

Acusan a CODHEY de obstrucción de la justicia y de complicidad en caso de joven electrocutado en hotel de Progreso

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Luis Ascencio Maldonado dijo que  se interpuso un recurso de impugnación para que la CNDH asuma el caso.

Redacción.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yuca-tán (CODHEY) ha incurrido en actos de obstrucción de la justicia y ha sido cómplice en el encubrimiento de la muerte del joven José Guillermo Ascencio Lara, quien falleció electrocutado el 22 de abril de 2014 en el hotel Embajadores del Mar, ubicado en el municipio de Pro-greso, Yucatán, en circunstancias que fueron denunciadas por sus familiares quienes recientemente obtuvieron el amparo número 555/2017-II concedido por el Poder Judicial de la Federación en el que se ordena a la Fiscalía General del Estado y al fiscal, Ariel Aldecua Kuk, reabra el caso, investigue y dicte otra resolución contraria al dictamen de no acción penal para los implicados. El papá de José Guillermo, José Luis Ascencio Maldonado es enfático en acusar a la CODHEY de “complicidad, ya que no ha pedido castigo para los funcionarios públicos implica-dos en el encubrimiento de la muerte de su hijo, por lo que están buscando que el caso pase a manos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Si no hay castigo para estas personas se está consumando la impunidad en el caso de mi hijo, dijo a Infolliteras.com. Fue una burla lo de la recomendación de la CODHEY el apercibimiento emitido que equivale a una palmadita en el hombro de los funcionarios, afirma en entrevista tele-fónica. La CODHEY pudo haber pedido una sanción ejemplar para todos ellos pero no quiso, dice.

Luis Ascencio Maldonado dijo que  se interpuso un recurso de impugnación para que la CNDH asuma el caso.

Según el recurso de impugnación “no cabe duda que el Fiscal General del Estado de Yucatán incumplió la primera recomendación dispuesta por la Comisión Local, en tanto la sola existencia de un procedimiento administrativo de responsabilidad no es acorde con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Huma-nos si se lleva a cabo atentando contra las reglas del debido proceso”.

Como se recordará, el 22 de abril de 2014, el turista José Guillermo Ascencio Lara –universitario de 18 años– murió electrocutado en el hotel donde se hospedaba, el Embajadores del Mar, ubicado en el municipio de Progreso, ese hotel pertenecía en ese entonces a uno de los empresarios más influyentes del estado, Héctor José Navarrete Muñoz, director de la cadena de aeropuertos Asur. Según la autopsia realizada por la Fiscalía del Estado (FGE), Jo-sé Guillermo murió por “fibrilación ventricular”, provocada por un “choque eléctrico” cuya intensidad osciló entre los 10 y los 120 wats (es decir, una descarga de baja tensión, que le provocó un paro cardiaco) lo que contra-dice las mismas conclusiones de la FGE para cerrar el caso –y no ejecutar acción penal alguna- tras afirmar que falleció por una descarga  al estirar la mano con la que portaba la camisa y tocar un cable de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad ubicado frente al balcón del hotel. Esos cables habrían provocado una descarga de 13.2 mil voltios, no una descarga de baja tensión y las lesiones habrían sido quemaduras graves, internas y externas, heridas que no presentaba el cuerpo de Guillermo. De hecho, el cuarto en el que este joven turista se hospedó presentaba electrificación de muros y piso, a causa de una instalación eléctrica deficiente, según se constató en las primeras indagatorias.

Oficialmente, la FGE concluyó que José Guillermo había tocado los cables de alta tensión que pasaban frente al balcón de su recámara, y que fue por su culpa que perdió la vida. Pero el Poder Judicial de la Federación ha dicho que tal conclusión no se sostiene y que hay que volver a investigar.

En el amparo concedido por el Poder Judicial de la Federación se explica de forma pormenorizada las razones de la impugnación del carpetazo dado por la FGE a la muer-te del joven Guillermo Ascencio Lara ya que “al momento de analizar el segundo elemento del cuerpo del delito la autoridad responsable no realizó una debida motivación al valorar las pruebas que obran en la averiguación previa de origen para poder determinar que se confirmaba el no ejercicio de la acción penal”.

Además, señala el Poder Judicial de la Federación, “al momento de realizar la valoración de las pruebas pericia-les, la autoridad responsable incurrió en contradicciones, así como en la expresión de consideraciones que son contrarias a los principios de valoración de la opinión de peritos”.

La familia de Guillermo Ascencio Lara pide ahora que la CNDH también reabra el caso a través del recurso de impugnación de la actuación de la CODHEY.

“Es menester manifestar nuestra inconformidad y agravio sobre la resolución del procedimiento administrativo en contra de los tres funcionarios públicos sancionados, Alicia de Fátima Carrillo Dzib, Miguel Ángel Tugores Sánches y Eduardo Alberto García Marrufo, ya que si bien fueron  apercibidos públicamente, de acuerdo con el Expediente Administrativo de Procedimiento Disciplinario No. Q-008/2015 en el oficio No. FGE/VG/548/2016 consistente en el Dictamen de Resolución de Procedimiento Disciplinario; ello fue realizado sin la presencia de las víctimas de sus actos y responsabilidades.  De tal forma, no sólo existía y existe una insatisfacción de nosotros como quejosos ante el tipo de sanción, producto de la falta de previsión de proporcionalidad entre las omisiones cometidas y el daño ocasionado.  Dicha falta de participación, por nosotros los quejosos José Luis Ascencio Maldonado y María del Rosario Lara Buenfil, consta en el dictamen de resolución de procedimiento disciplina-rio número Q-008/2015, por lo que reiteramos nuestra afectación a las posibilidades de ser oídos y actuar en el proceso, formular nuestras pretensiones y presentar elementos que permitieran un análisis completo y serio de los hechos o las responsabilidades de los servidores públicos implicados”.

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