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El País

Zeid insta a México a no aprobar la ley de seguridad interna propuesta al Senado mexicano

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La Ley de Seguridad Interna fue aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre y ahora ha sido remitida para su debate y aprobación en el Senado.

Redacción / ONU.- La legislación propuesta en México que consagraría el papel de las fuerzas armadas en la aplicación de la ley es profundamente preocupante, dijo el martes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein.

"Reconozco plenamente que México enfrenta un gran desafío de seguridad, dada la violencia y el miedo sembrado por poderosos grupos del crimen organizado. Pero más de una década después del despliegue de las fuerzas armadas en la llamada guerra contra las drogas, la violencia no ha disminuido y muchas violaciones y abusos contra los derechos humanos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las desapariciones forzadas, continúan siendo cometidos por varios Estados y no "Agentes estatales", dijo Zeid.

La Ley de Seguridad Interna fue aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre y ahora ha sido remitida para su debate y aprobación en el Senado.

Zeid recordó que, durante su visita a México en 2015, las autoridades dijeron que el despliegue inicial de las fuerzas armadas había sido inevitable dada la debilidad de las diversas fuerzas policiales, y le habían asegurado su compromiso de reemplazar gradualmente las fuerzas armadas con una fuerza más fuerte, una fuerza policial mejor preparada, tanto a nivel estatal federal como individual. El proyecto de ley actual no se refiere en detalle a la necesidad de fortalecer las instituciones policiales ni contiene una estrategia de salida para terminar gradualmente con el uso de las fuerzas armadas en la aplicación de la ley.

"Adoptar un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en seguridad interna no es la respuesta. El actual proyecto de ley corre el riesgo de debilitar los incentivos para que las autoridades civiles asuman plenamente sus funciones de aplicación de la ley ", dijo el Alto Comisionado.

El proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Diputados, contiene elementos preocupantes y permitirá que las autoridades civiles estén bajo el mando de las fuerzas armadas en algunas circunstancias. La autorización de la participación de las fuerzas armadas en la aplicación de la ley no va acompañada de controles y supervisión adecuados, y la legislación no contiene garantías adecuadas, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, contra el uso ilícito, arbitrario o excesivo de la fuerza.

Zeid señaló que en sus recomendaciones al gobierno mexicano después de su visita, había enfatizado la necesidad de promover un enfoque de seguridad ciudadana, para asegurar que las políticas de seguridad pública se desarrollen de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, y para investigar presuntas violaciones y garantizar la responsabilidad por las violaciones.

"Como mi Oficina en México ha notado en una carta que ha enviado al Senado, la legislación propuesta es inquietantemente ambigua, con el riesgo de que pueda implementarse extensivamente y de manera arbitraria. Estoy convencido de que en lugar de buscar la aprobación de esta ley, debería haber una discusión abierta e inclusiva sobre los problemas de seguridad del país y sus posibles soluciones, con la participación activa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, expertos y la sociedad civil mexicana ". él dijo.

El Alto Comisionado reiteró que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en México está lista para brindar asistencia técnica para fortalecer las capacidades de las autoridades civiles para enfrentar los graves desafíos de seguridad en el país.

Las preocupaciones sobre la ley propuesta son compartidas por una amplia gama de instituciones, organizaciones e individuos, destacó Zeid, incluidas la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, UNICEF-México, ONU-MUJERES-México, la sociedad civil y académica.

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