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Ecología

Más anuncios gubernamentales con promesas de protección de los ecosistemas de la Península de Yucatán

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Ahora se anuncia que se suman universidades de Campeche, Quintana Roo y Yucatán en medio del avance de la devastación histórica de los ecosistemas costeros, marinos y terrestres de la región

Redacción.-Como se recordará, los gobernadores de la Península de Yucatán anunciaron en 2016 el llamado Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán, el que promete, entre otras cosas, “lograr cero deforestación neta en el año 2030” y reducirla en un 80 por ciento para el 2020, lo que no es poca cosa si consideramos que en el presente la deforestación avanza a ritmos acelerados y sin freno. Ahora se anuncia que se suman universidades de Campeche, Quintana Roo y Yucatán en medio del avance de la devastación histórica de los ecosistemas costeros, marinos y terrestres de la región y ante el anuncio de que llega la industria petrolera a las costas yucatecas, únicamente dilatada por el proceso electoral.

Como hemos dado a conocer en días recientes, la Península de Yucatán es una de las regiones más devastadas del país ambientalmente, no sólo en cuanto a bosques se refiere, sino a sus ecosistemas costeros, en peligro por el crecimiento urbano ligado al boom turístico e inmobiliario.

En efecto. En días pasados dimos a conocer que Campeche, Yucatán y Quintana Roo se han vuelto territorio de depredación de intereses regionales, nacionales e internacionales que están arrasando sus bosques a un ritmo devastador. Entre los tres estados de la Península de Yucatán suman más de 95 mil hectáreas perdidas de selva, sólo el año pasado. Yucatán perdió 23 mil hectáreas, su peor cifra desde 2007. A éste ritmo, no quedará nada selva en la Península para antes de fines de siglo.

Además, los arrecifes de la Península de Yucatán se encuentran en riesgo. Están siendo afectados por el cambio climático que provoca su blanqueamiento, así como por la sobrepesca que trae como consecuencia la falta de grandes depredadores. Pero también, y sobre todo, por la industria turística y el desbordado crecimiento urbano costero, que muestran la necesidad urgente de protegerlos de forma real e incorporar a aquellos arrecifes de la Península de Yucatán que no están bajo alguna categoría de protección. De esta forma se podría evitar su futura degradación, advirtieron Greenpeace y la UNAM en una reciente investigación que dimos a conocer tras un viaje marino en el que visitaron diferentes arrecifes de la Península de Yucatán con el propósito de investigar su actual estado.

A raíz de estas informaciones y publicaciones los gobiernos de la Península idearon un nuevo plan propagandístico en pleno proceso electoral y anunciaron que universidades de Yucatán, Campeche y Quintana Roo se suman a “la agenda conjunta que reúne los esfuerzos de las tres entidades, dirigidos hacia la valoración de la biodiversidad y el desarrollo rural sustentable en la región, a través del Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península (ASPY)”.

Se anuncia que instituciones de educación superior: la UADY, la UCAM y la UQROO se adhieren al ASPY (Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán) 2030 “para incorporar la sustentabilidad en el ámbito académico”. Y claro, como ya es de rigor, también se sumaron empresarios de la Península de Yucatán junto a los Gobernadores de Quintana Roo, Campeche y Yucatán los que firmaron el Acuerdo en 2016.

Se informó que durante el acto, que encabezó en representación del Gobernador Rolando Zapata Bello el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Eduardo Batllori Sampedro, signaron la declaratoria las Universidades Autónomas de Yucatán (UADY) y de Campeche (UAC), de Quintana Roo, Marista de Mérida, La Salle de Cancún y el Instituto Campechano.

Entre las promesas se afirma que se pretende “restaurar dos millones de hectáreas terrestres así como lograr que el 50 por ciento del territorio terrestre y costero de la Península de Yucatán esté bajo esquemas de conservación y/o manejo forestal”.

Asimismo, prometen “promover paisajes bioculturales mayas en 5,484,000 hectáreas y atraer recursos provenientes de fuentes privadas y/o internacionales que representan lo equivalente a la inversión de los recursos públicos destinados actualmente a actividades que promuevan la economía verde”.

Además, por si fuera poco, prometen “restaurar el 20 por ciento de las crestas arrecifales (54km) y el 30 por ciento de los sistemas playa-dunas costeras alterados por asentamientos humanos (80 kilómetros) que protegen comunidades humanas, playas e infraestructuras”. 

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