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Derechos Humanos

Presentan ante diputados informe anual de Derechos Humanos: SSP y Segey, las que más los violan en Yucatán

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Los hechos violatorios más recurrentes durante el periodo que se informa fueron: prestación indebida del servicio público, 266; detención arbitraria, 266; violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal, 246; amenazas, 90; robo, 72; tratos

Redacción.- Agilizar los trámites de quejas, diseñar un modelo de seguimiento de casos de violencia en contra de las mujeres y convocar a las organizaciones civiles para establecer las problemáticas en materia de derechos humanos serán los ejes prioritarios de este año por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), afirmó Miguel Sabido Santana al rendir su informe anual 2017 ante diputados de la LXI Legislatura.  En el informe anual de actividades correspondiente al 2017, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán dio cuenta de 215 funcionarios públicos sancionados y 51 denunciados ante el Ministerio Público, por cometer, además de violaciones a derechos humanos, hechos presuntamente delictivos. A la cabeza de las denuncias se cuentan la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Educación Pública que encabezaba hasta hace poco, Víctor Caballero Durán.

 

Cumpliendo con el mandato Constitucional, el secretario ejecutivo y encargado de la presidencia de la Codhey, entregó el citado Informe ante la presencia de la secretaria General de Gobierno, Martha Góngora Sánchez; el magistrado representante del Poder Judicial del Estado, Santiago Altamirano Escalante, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, Celia Rivas Rodríguez y diputados de la LXI Legislatura.

 Los hechos violatorios más recurrentes durante el periodo que se informa fueron: prestación indebida del servicio público, 266; detención arbitraria, 266; violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal, 246; amenazas, 90; robo, 72; tratos crueles, inhumanos o degradantes, 68; retención ilegal, 67; allanamiento de morada, 66; violación a los derechos de los niños, 57; violación del derecho de los menores a que protejan su integridad, 49.

Las diez autoridades más señaladas por los quejosos fueron: Secretaría de Seguridad Pública con 212; Secretaría de Educación, 29;  Ayuntamiento de Progreso, 27; la Fiscalía General Justicia del Estado, 22; Ayuntamiento de Kanasín, 15; Ayuntamiento de Izamal, 10; Ayuntamiento de Mérida, 8; Servicios de Salud de Yucatán, 8; Ayuntamiento de Seyé, 6 y Ayuntamiento de Tekax, 6.

 

El encargado de la Presidencia de la CODHEY detalló que dentro de los procedimientos de quejas se dictaron 128 medidas cautelares a un total de 28 autoridades, de las cuales 110 fueron aceptadas, es decir, el 86 por ciento de las medidas dictadas.

 

Insistió en que las medidas cautelares son el recurso previsto en ley para restaurar de manera inmediata los derechos y exhortó a todas las autoridades a las que se dirijan, cumplirlas en todos sus términos.

 

Se interpuso ante el Ministerio Público un total de 51 denuncias penales contra funcionarios públicos por hechos que además de ser presuntas violaciones a derechos, a criterio de la propia institución, se pudieran desprender hechos presuntamente delictivos.

 

Se llevaron a cabo 208 diligencias con relación al incidente extraordinario de presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos ilegalmente ante autoridades.

 

Asimismo, se emitieron 34 recomendaciones, de las cuales 33 específicas  dirigidas a un total de 15 autoridades distintas y 1 General dirigida a los 106 municipios del Estado.

 

Las autoridades recomendadas fueron: Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 8; Fiscalía General Estado, 4; Presidente Municipal de Progreso, 3; Cabildo de Tekax, 2; Cereso de Mérida, 2; Presidente Municipal de Oxkutzcab, Peto y Tzucacab 2 a cada uno.

 

Secretaría de Salud, 2; Secretaría de Educación, 1; y a los presidentes municipales de Acanceh; Dzidzantún; Kinchil, Temax y Tizimín, una a cada uno.

 

Respecto a la Recomendación General, donde se exhorta a los ayuntamientos a realizar las modificaciones urbanas necesarias para garantizar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad en edificios públicos y otras instalaciones de uso público, la cual se emitió el mes de junio del 2017, dijo que hasta el momento son 26 los municipios que han aceptado y están en procedo de dar pruebas de cumplimiento.

 

Sabido Santana exhortó a los 80 municipios restantes cumplir con la recomendación y garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad.

 

También informó que los cuatro penales obtuvieron una calificación aprobatoria de 6.94, con lo que Yucatán se ubica en el lugar número 10 de los 32 estados de la República, en esta materia se reconoce un avance permanente en las supervisiones anuales.

 

Las calificaciones por centro fueron: 8.12 del femenil; 6.81 el de Mérida; 6.73 de Ebtún, Valladolid y 6.08 el de Tekax.

 

Se realizaron 106 visitas de supervisión a las cárceles municipales, donde se observó que el 70 por ciento  no cumplen con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos ni con los Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión.

 

Es decir, carecen de registros de ingresos y egresos de las personas detenidas, no se les practica ninguna valoración médica, presentan deficiencias en cuanto a higiene, ventilación e iluminación tanto artificial como natural, las comandancias se encuentran lejanas a las cárceles municipales, carecen de personal médico, entre otras.

 

Las 10 cárceles que presentaron mayores deficiencias fueron las de los municipios de Tzucacab, Ticul, Abalá, Tecoh, Chacsinkín, Acanceh, Chemax, Río Lagartos, San Felipe y Dzán. De igual manera, se reconoce las mejores en las de Suma de Hidalgo y Buctzotz.

 

Asimismo, se realizaron 115 visitas de supervisión a centros de salud ubicados en los diversos municipios y comisarías del estado,  siendo los 10 centros que presentaron mayores deficiencias en cuanto a personal, infraestructura o equipamiento médico, los ubicados en los municipios y comisarías de: Sanahcat; Tunkás, Yobaín, Hocabá, Chumayel, Pisté, Kanasín, Popolá, Emiliano Zapata (comisaría de Valladolid) y Tzucacab.

 

En materia de capacitación se realizaron diversos cursos y talleres en 18 ejes temáticos, alcanzando a más de 69 mil personas.

 

Durante su intervención, el encargado de la presidencia de la Codhey hizo un llamado para que las autoridades, de todos los niveles, que finalizan o iniciarán una nueva gestión lleven a cabo acciones significativas en materia de Derechos Humanos, en especial cuando se conmemorará el 70 aniversario de la promulgación de los derechos universales en la materia.

 

“En especial acciones que beneficien y mejoren las condiciones y la calidad de vida de quienes han estado y se encuentran históricamente en una situación de mayor desventaja social y económica”, recalcó.

 

Al hablar de cifras, Sabido Santana declaró que en el año que se menciona se sancionaron a 215 funcionarios estatales y municipales, además de que fueron denunciados 51 ante el ministerio público, por cometer violaciones a los derechos humanos y hechos presuntamente delictivos.

 

Ante ello, fueron amonestados, arrestados, suspendidos temporalmente sin goce de sueldo o se les dio de baja definitiva de sus cargos, dependiendo de la gravedad de los hechos.

 

Así mismo, señaló que se recibieron un total de 4,181 solicitudes de atención con un promedio de 11 asuntos por día en las oficinas de Mérida, Valladolid y Tekax; al igual que se formaron mil 390 expedientes de gestiones, 114 conciliaciones, se integraron 386 quejas y se iniciaron de oficio 21 expedientes.

 

“Las 10 autoridades mas señaladas por los quejosos fueron: la Secretaría de Seguridad Pública (212); la Secretaría de Educación(29); Ayuntamiento de Progreso (27); la Fiscalía General de justicia del Estado (22); Ayuntamiento de Kanasín (15); Ayuntamiento de Izamal (19); Ayuntamiento de Mérida (8); Servicios de Salud de Yucatán (8); Ayuntamiento de Seyé (6) y Ayuntamiento de Tekax (6).

 

El encargado de la presidencia de la Codhey, detalló que dentro de los procedimientos de quejas se dictaron 128 medidas cautelares a un total de 28 autoridades, de las cuales 110 fueron aceptadas; es decir el 86 por ciento de las medidas dictadas.

 

Asimismo, se emitieron 34 recomendaciones de las cuales 33 especificas fueron a 15 autoridades distintas y una general dirigida a los municipios del Estado. Las autoridades recomendadas fueron: Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, Presidente Municipal de Progreso, Cabildo de Tekax, Cereso de Mérida, Presidente Municipal de Oxkutzcab, Peto y Tzucacab, así como la Secretaría de Educación y los presidentes municipales de Acanceh, Dzidzantún, Kinchil, Temax y Tizimín.

 

“Los hechos violatorios más recurrentes fueron la prestación del servicio público, la detención arbitraria, las violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal, amenazas, robos, tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otros.

 

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

 

En sesión ordinaria de este martes, a la que también asistieron autoridades federales, estatales, municipales y asociaciones civiles, las cinco fuerzas políticas aprobaron las modificaciones a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para que prorrogue un año las funciones de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SEAY, además de avalar la fecha en que rendirá su informe anual de actividades el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP).

 

Respecto a las modificaciones a la Ley del SEAY, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, Celia Rivas Rodríguez (PRI) afirmó que esta iniciativa  se vio reforzada con dos oficios de la Comisión de Selección y el Comité de Participación Ciudadana para otorgar esta prórroga, que hará que los períodos de designación de cada miembro se recorran un año más cada uno, para que ahora su vencimiento sea el 31 de marzo de 2019 y sucesivamente el 2020, 2021, 2022 y de 2023.

 

“Con ello, no solamente le permitiremos al Comité de Participación Ciudadana consolidar sus esfuerzos para poner en marcha al Sistema, sino que le permitiremos igualmente un mayor plazo para que el primer Presidente del Comité Coordinador pueda presentar en tiempo y forma su informe de labores, así como para cumplir con los siguientes pasos de la lucha anticorrupción en Yucatán: el nombramiento del Secretario Ejecutivo y el establecimiento de un plan de trabajo entre todos los miembros del Sistema”, enfatizó.

 

En el mismo sentido, Raúl Paz Alonzo (PAN) indicó que esta adecuación que se hace a todo el SEAY es para un mejor funcionamiento y consolidación, pero manifestó que también hay que ser claros y concisos de que no es suficiente, sino hasta que cuente con la autonomía de gestión y presupuestaria.

 

“Es fundamental para el buen funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, tenemos que impulsarlo en el Congreso del Estado para que se apruebe antes de que finalice la LXI Legislatura”, añadió.

 

Previamente, los legisladores avalaron que el próximo 22 de marzo del año en curso a las 11 de la mañana, la comisionada presidenta del INAIP, Susana Aguilar Covarrubias, rinda el informe anual de actividades del instituto correspondiente al primero de enero al 31 de diciembre de 2017, al abordar ante el pleno el oficio suscrito por la titular de este organismo.

 

Además se turnó a la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, la Iniciativa para modificar la Ley de Hacienda del Estado, en materia de Servicios de Seguridad Privada, enviada por el Ejecutivo Estatal; para finalizar, se aprobó realizar la siguiente sesión ordinaria el próximo martes 6 de marzo del año en curso a las 11 de la mañana.

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