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El País

PRI y PVEM pretenden dar albazo legislativo y aprobar la Ley General de Biodiversidad

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Redacción.- Los institutos políticos PRI Y PVEM, promueven la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley General de Biodiversidad, la cual abre las puertas a la explotación de recursos en áreas naturales protegidas y legaliza el despojo de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado de los pueblos indígenas.
En México el territorio de los pueblos indígenas representa el 14% del territorio nacional, en este se encuentran 152 áreas protegidas, yacimientos minerales y petroleros, reservas acuíferas, bosques y selvas con aproximadamente 7000 plantas con utilidad conocida por los pueblos indígenas; en el mundo solamente el 12% de las especies estimadas están descritas, por ello, el potencial agroalimentario, farmacéutico, biotecnológico y por supuesto ecológico es inconmensurable, así el 62% de los territorios indígenas son prioritarios para la conservación de la diversidad biológica del país.
Asociado a esta diversidad biológica se encuentra el conocimiento tradicional de los pueblos y comunidades indígenas para satisfacer diferentes necesidades humanas, conocimiento que ha sido construido a lo largo de generaciones.
Son precisamente los recursos minerales, energéticos, diversidad biológica y los conocimientos tradicionales asociados, los que se han convertido en motivo de intereses privados nacionales e internacionales, particularmente de los consorcios corporativos multinacionales de la industria farmacéutica, biotecnológica, alimentaria, cosmética, minera, maderera, entre otros; empresas que han desplegado un fuerte cabildeo para impulsar leyes que den cobertura a la legalización del saqueo de recursos genéticos y conocimiento tradicional que realizan a costa del capital natural.
En esta la lógica de legalización del despojo y apropiación de los recursos bioculturales de la Nación, el PRI Y PVEM, promueven la Ley General de Biodiversidad que violenta flagrantemente, desde su origen, el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, cuando la medida legislativa propuesta, sea susceptible de afectarles, como es el caso.
Por lo anteriormente expuesto, los miembros de la Red Nacional Indígena nos pronunciamos:
¡En contra de la aprobación de esta Ley que legaliza el despojo del patrimonio biocultural de los pueblos indígenas y, de todos los mexicanos!
¡Se realice la consulta previa libre, informada y culturalmente adecuada a los pueblos indígenas conforme lo establece la legislación nacional y bajo los estándares internacionales, no hacerlo implica, violar flagrantemente la Constitución!
¡Exigimos a los diputados del PRI y PVEM, a rectificar su posición de promoción de la Ley General de Biodiversidad que afectaría a todas y todos los mexicanos, en beneficios de intereses empresariales!
¡Demandamos a los diputados de los demás Grupos Parlamentarios en la Cámara de Diputados, en el marco de sus atribuciones, a no permitir se vote una iniciativa de Ley que incurriría en inconstitucionalidad!
¡Llamamos a todas y todos los mexicanos y ciudadanos consientes del mundo a manifestarse, por todos los medios a su alcance, por la defensa del patrimonio biocultural y en contra de la ley que promueve el PRI y el PVEM!

Múltiples organizaciones, investigadores y defensores de derechos han advertido las faltas y los riesgos de esta ley. Como etnólogos y antropólogos sociales condenamos el hecho de que los pueblos no han sido consultados y advertimos con preocupación la pretensión de potenciar el supuesto desarrollo económico de los pueblos indígenas y originarios al aprovechar los recursos genéticos y su conocimiento tradicional asociado. Las especies y ecosistemas son parte del entorno y base de la subsistencia, pero también son el fundamento de prácticas y saberes, cosmologías, narrativas y rituales, compartidos por comunidades, que trascienden las individualidades y traspasan las localidades, municipios y regiones. De todo esto se pretende imponer propiedad intelectual y beneficios privados, contraviniendo así el bien común, los derechos colectivos y culturales.


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