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El País

No al albazo en Fiscalía, piden al Senado organizaciones ciudadanas en carta

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Las personas y organizaciones firmantes expresan su preocupación, y presentan peticiones, en relación al proceso de construcción de la Fiscalía General de la República.

Redacción / Carta para el Senado.- Nos sumamos a las voces que se oponen a posible albazo en el Senado mexicano que permita la creación de una Fiscalía Carnal que hundiría más a nuestro país en la impunidad y la corrupción, afirman organizaciones civiles del país. ¡Exigimos una Fiscalía Que Sirva!

En una carta dirigida al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, a los Integrantes de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales del Senado de la República, a los Senadores y Senadoras de la República, las personas y organizaciones firmantes expresan su preocupación, y presentan peticiones, en relación al proceso de construcción de la Fiscalía General de la República.

Explican que el 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al apartado A del artículo 102 constitucional, para  transformar la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General de la República con autonomía constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propios.

El 23 de septiembre de 2014, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, una iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de Ley de la Fiscalía General de la República, que a juicio de especialistas en la materia, no reúne los requisitos indispensables para garantizar una transformación verdadera del sistema federal de procuración de justicia, la creación de un modelo que rompa con las inercias y responda a las problemáticas actuales, y permita ofrecer al país la Fiscalía que requiere y merece.

El 05 de diciembre de 2017, la Comisión de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó modificaciones al artículo décimo sexto transitorio del decreto de reforma publicado el 10 de febrero de 2014 eliminando el pase automático del Procurador General de la República a Fiscal General de la República, pero sin un esquema de transición respecto de los demás operadores del sistema de procuración de justicia. Dicha reforma constitucional fue aprobada por el Senado en fecha 14 de diciembre de 2017. Actualmente está en proceso de aprobación por la mayoría de las legislaturas de los Estados, sin fecha cierta para que esto suceda. En este sentido, al momento no podemos decir que se haya eliminado la posibilidad del pase automático de quien es procurador para que sea nombrado como fiscal por 9 años. Al margen de este proceso nos hemos pronunciado en el sentido de que eliminar el pase automático del Procurador General al cargo de Fiscal General no es suficiente, dado que la autonomía de la Fiscalía no depende únicamente de su titular, sino de todos los operadores y sistemas que integran el modelo.

En distintas ocasiones, las abajo  firmantes hemos expresado, por escrito y públicamente, nuestra postura, pues sin una reforma integral y adecuada del artículo 102, apartado A constitucional, la nueva Fiscalía General de la República arrastraría los vicios y problemáticas endémicas de la actual Procuraduría General de la República; sin una modificación constitucional que garantice una transformación de fondo del sistema de procuración de justicia, la innovación comprometida se resumiría a un mero cambio de nombre de la Institución.

En septiembre de 2017, los colectivos Fiscalía que Sirva y Vamos por Más, presentamos ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, un Dictamen Ciudadano que contiene elementos esenciales para contar con una fiscalía verdaderamente autónoma, con base en una reforma integral del artículo 102, A constitucional; al mismo tiempo que solicitamos, respetar y garantizar la participación directa de la sociedad civil en los trabajos parlamentarios de construcción del marco normativo que sustentará dicha reforma bajo el modelo de Parlamento Abierto, así como en la posterior creación de la Ley de la Fiscalía General de la República.

Sobre un posible albazo a la Fiscalía Autónoma

En esos momentos, quienes conocieron de dicha propuesta se comprometieron públicamente con una transformación efectiva del modelo de procuración de justicia y la creación de una fiscalía autónoma; sin embargo a la fecha seguimos sin contar con una respuesta satisfactoria ni hemos tenido conocimiento de acciones que demuestren un compromiso con dichos objetivos.

Ahora bien, nos preocupa sobremanera que a escasos días de finalizar el periodo de sesiones de la actual Legislatura, y tomando en consideración el contexto políticoelectoral, se pretenda aprobar una Ley de la Fiscalía General, que no responda a las necesidades del país ni al sistema penal acusatorio, aunado a la ausencia de un proceso previo, plural y abierto de discusión, basado, entre otros, en el dictamen ciudadano antes referido.

A la ciudadanía le urge la creación de la Fiscalía General, sin embargo tal urgencia no puede ser a costa de un proyecto de ley orgánica inadecuado y que redunde en los males que se quieren eliminar. Aprobar una legislación no razonada ni discutida ampliamente con la ciudadanía y los actores interesados, ignorando las propuestas técnicas como la de los aquí firmantes, representaría una negativa a escuchar la voz de la sociedad civil y transparentar el proceso de construcción de la nueva Fiscalía, perpetuando en cambio, un modelo fallido de procuración de justicia.

Tenemos claro que la transformación del sistema debe llevar un orden, sin el cual no podemos pretender conseguir los resultados esperados: 1) Una reforma integral al artículo 102, A, constitucional; 2) La creación de la Ley de la Fiscalía General de la República, en base al modelo constitucional establecido; 3) La designación del Fiscal General de la República; 4) la etapa de transición y diseño institucional.

Insistimos en que no existen actualmente las condiciones de aprobación de ley de la Fiscalía General de la República, y que dar cauce a la iniciativa publicada el 23 de septiembre de 2014, sería un acto irresponsable y contrario a los principios democráticos.

Las modificaciones al marco normativo que fundamentará a una de las instituciones más importantes del país, como lo es la Fiscalía General de la República, requieren de un proceso de trabajo previo y organizado, que no debe supeditarse a los tiempos ni intereses políticos.

Por todo lo anterior y con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 39, 40 de la Constitución mexicana, artículos 1.1, 2, 8, 13 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los artículos 14 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, exigimos que no haya albazo en un tema tan delicado para el país, como la transformación de la institución de procuración de justicia y solicitamos:

PRIMERO.- De acuerdo a la propuesta del dictamen ciudadano entregado a la Cámara de Diputados y de Senadores: a) impulsar un proceso democrático de construcción de la Fiscalía General de la República, reformando en principio el artículo 102 y demás artículos constitucionales vinculados, bajo el modelo de parlamento abierto; b) impulsar la creación una ley orgánica acorde al modelo constitucional establecido bajo el modelo de parlamento abierto; c) llevar a cabo los nombramientos necesarios para la nueva Fiscalía Autónoma; c) iniciar el proceso de transición que se requiere.

SEGUNDO.- Insistimos como fundamental, establecer un sistema de coordinación específico con las organizaciones de la sociedad civil interesadas, para garantizar su participación activa y real en los trabajos parlamentarios que darán vida a las reformas constitucionales necesarias para la creación de un modelo adecuado de Fiscalía General de la República, y posterior adopción de la Ley que le corresponda.

TERCERO. Solicitamos que este Senado nos informe por escrito el estado que guarda el proceso actual para la materialización de una Fiscalía Autónoma.

CUARTO.- Anexamos documento que contiene los principales obstáculos observados en la Ley de la Fiscalía General de la República aprobada por la Cámara de Diputados en el año 2014.

Señalamos como domicilio para recibir todo tipo de notificaciones y documentos, el ubicado en la calle de Palenque 269, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03020 en la Ciudad de México; o bien al correo electrónico justiciayestadodederecho@gmail.com y autorizamos para recibir y oír notificaciones a Ana Lorena Delgadillo  Pérez representante legal de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Ixchel Cisneros Soltero Directora Ejecutiva de Centro Nacional de Comunicación Social AC, Pablo Girault de México Unido Contra la Delincuencia y Haydeé Pérez Garrido Directora Ejecutiva de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.

Gracias de antemano por su atención a este importante asunto.

Por qué no es adecuada la iniciativa de Ley de la Fiscalía General de la República aprobada por el Senado en el año 2014

● No regula aspectos fundamentales para garantizar la autonomía, como características para el perfil del titular y el proceso del nombramiento del Fiscal y los cargos más relevantes para la Fiscalía.

● El proyecto no ofrece una visión renovada del sistema, ni rompe con las falencias y problemáticas del modelo actual.

● Presenta una estructura sumamente vertical, que deja en manos del Fiscal General la mayoría de las decisiones, lo cual pudiera entorpecer el funcionamiento de la institución y generar trabas burocráticas.

● No es una ley adaptada a las necesidades del sistema acusatorio ni del Sistema Nacional Anticorrupción.

● No ofrece una estructura orgánica ni un modelo de gestión diferente con el que se cuenta actualmente.

La ley está pensada desde el mantenimiento de la institución y la creación de unidades, pero no desde la función fiscal a partir de sus principales metas sustantivas.

● No establece la obligación de que el Fiscal genere una estrategia de persecución a partir de un Plan de Persecución Penal, lo cual impide tener claridad sobre cuáles serán las acciones y prioridades del Fiscal.

● Crea Vicefiscalías sin especificar sus funciones ni su papel en la organización, favoreciendo compartimientos estancos que no tienen un correlativo con las funciones sustantivas de la institución.

● No ofrece posibilidades de generar un modelo de investigación acorde al sistema acusatorio ni acorde a la macrocriminalidad que enfrenta el país.

● No establece estructuras ni mecanismos internos de contrapeso y rendición de cuentas a las decisiones del Fiscal General.

● No establece ningún tipo de participación de la sociedad efectivo, que permita tener mayor cercanía con la ciudadanía y mayores mecanismos de comunicación y rendición de cuentas.

● No permite el desarrollo de una cultura organizacional en la cual el sistema de carrera crea sentido personal y profesional.

● No ofrece a los integrantes de la Fiscalía, garantías básicas de estabilidad.

● No incluye propuestas para el combate a los fenómenos criminales nacionales.

● No comprende entre las facultades del Ministerio Público, componentes estratégicos para la persecución criminal, particularmente en relación al anàlisis de contexto de los fenómenos y la naturaleza multidisciplinaria de las investigaciones.

● Es una ley con una estructura rígida. El proyecto sobre regula determinados aspectos de la Fiscalía que debieran ser flexibles para que el Fiscal pueda operar dependiendo de las necesidades, y carece de precisión en relación a otros aspectos fundamentales, por ejemplo respecto a tareas sustantivas de persecución penal.

● El modelo presentado es de corte “policial” con un modelo de investigación que no busca la aplicación de investigación de inteligencia, uso de tecnología y de la ciencia.

● Alude a la facultad de atracción de forma muy genérica, dejando en manos de reglamentación futura, un aspecto fundamental de la Fiscalía en términos de su competencia.

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