Redacción / Eduardo Lliteras Sentíes.- Los 21 empresarios que fueron acusados de operar “empresas fantasmas” para “lavar dinero para Mauricio Vila” en la actual administración municipal por el partido Morena, dieron a conocer que están denunciando a su candidato a la gobernatura, Joaquín (Huacho) Díaz Mena, “por difamación” ante el Ministerio Público. Tras ser entrevistados en la sede de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) acudieron a la casa de campaña del candidato de Morena ubicada en la colonia García Ginerés, para exigir al ex panista un “careo público ante los medios de comunicación” y “una disculpa pública”. Aseguraron que “hay tintes políticos” en las denuncias de Morena y que es absurdo que los señalen de “empresarios fantasma” cuando sus empresas son plenamente localizables por las autoridades como el SAT (Servicio de Administración Tributaria) o la misma ASEY.

Los 21 empresarios fueron citados por el auditor y empresario, Mario Marín Can, en la sede de la ASEY en calidad “de testigos”, y acudieron acompañados por algunos de sus trabajadores con sus utensilios de trabajo y vehículos –muchos mostraban camisetas con el logo del Ayuntamiento de Mérida- los que esperaron en la calle en las inmediaciones del Monumento a las Haciendas mientras ingresaba el auditor en su camioneta con chofer a las 9 de la mañana acompañado de otros funcionarios y empleados.

“Venimos a declarar supuestamente por una denuncia contra Mauricio Vila Dosal y Renán Barrera Concha, aunque obviamente todos somos particulares”, señalaron.

La ASEY, recordaron ante los medios de comunicación, tiene como función la auditoría de la cuenta pública: “es decir, nosotros somos particulares y no tenemos nada que ver con la cuenta pública: la molestia de todos nosotros es que somos empresarios legales –obviamente para concursar tienes que pasar muchos filtros y tener todo en regla- cuando la ASEY debería enfocarse al gobierno o al municipio”.

Los empresarios mostraron documentos, contratos desde la administración de la priista, Angélica Araujo Lara –a quien curiosamente la ASEY no cita y mucho menos la denuncia de Morena y de sus candidatos, Huacho Díaz Mena y Mariana Cruz, las que han circulado en redes sociales como publicidad pagada-.

Nos pidieron contratos desde el 2010, yo tengo contratos desde la administración de Angélica Araujo, mientras dicen que sólo he trabajado con Mauricio Vila, dijo el empresario Néstor Alonso Montero Chuil, persona física, según explicó, quien señaló que su empresa tiene su mismo nombre y que fue él quien denunció a Huacho Díaz Mena en primer lugar. Los demás dijeron que lo harían también de inmediato.

Los 21 empresarios dijeron que han sido sometidos a auditorías sin previo aviso por la ASEY, que les han realizado inventarios y revisado su documentación del Seguro Social, Infonavit o del SAT (Sistema de Administración Tributaria), trabajadores, entre otros.

Aseguraron que ya van para la sexta ocasión que los revisan y auditan: ya lo hizo el Ayuntamiento de Mérida, el Gobierno del Estado (varias dependencias), el mismo SAT, y ahora la ASEY, señalaron.

“Cómo vamos a ser empresas fantasmas, cómo me notificas, cómo hacemos el trabajo, cómo se mantiene limpia la ciudad, cómo se mantienen podadas las calles; todos hemos entregado documentos y más documentos, primero al Ayuntamiento de Mérida, porque lo golpearon, luego el Gobierno del Estado, luego otra dependencia, luego Hacienda, luego nos bloquearon cuentas: pagamos impuestos, pagamos seguro. El señor político que está buscando la nota, yo creo que ya perdió porque la ciudad está blanca, está limpia y la estamos cuidando”, afirmó.

El problema, además, dijo el empresario Gerardo Solís, es que esta situación provocada por intereses políticos los está perjudicando: ya no vamos a poder concursar, y además, otras empresas privadas o públicas, a las que proveemos de servicios, están cada vez más nerviosas y nos preguntan si somos fantasmas poniendo en riesgo el trabajo de miles de familias, afirmó.

“Me pidieron mi documentación, que ya le había dado al SAT, me mostraron mis contratos; me preguntaron que si son mis contratos en la ASEY. La entrevista en la ASEY en realidad fue un formulismo, pero no me dieron una resolución, lo que yo buscaba al presentarme –de hecho me presenté voluntariamente porque el que lleva las citas, nunca llegó- era que me dieran una resolución, un documento donde se compruebe que yo ya asistí, que ya llevé mi documentación, que vean que no soy un fantasma, que es lo que todos buscamos”, explicó la empresaria Titania Cristal Perera entrevistada afuera de la casa de campaña de Huacho Díaz Mena.

“Nos están perjudicando, por cuestiones políticas, no tenemos nada que ver con la política, somos gente trabajadora”, dijo y explicó que tiene 12 años trabajando para las diferentes administraciones municipales: desde el momento que me citó la ASEY es que estoy vigente, no soy un fantasma, tengo domicilio fiscal, y además para ser licitante del Ayuntamiento de Mérida tengo que tener toda mi documentación en forma y esa me la da el SAT. Es absurdo. Doy mantenimiento de áreas verdes”, añadió.

Además, los empresarios entregaron una “carta abierta dirigida a Mario Can Marín, Auditor Superior del Estado de Yucatán” en la que afirman son “empresarios que dan empleo y cuyo trabajo está a la vista de todos. Somos empresas yucatecas que dan servicios y han contribuido a que Mérida sea la mejor ciudad para vivir de México. Y hoy se nos acusa con el único objetivo de sacar raja política. Los abajo firmantes, hombres y mujeres comprometidos con su ciudad, hombres y mujeres de carne y hueso que representan a empresas, se nos acusa de fantasmas”.

El escrito también señala que “rechazamos el uso de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán con fines políticos, porque de paso nos dañan a los que estamos generando empleo”.

“Muchos de nosotros hemos dado servicio al Ayuntamiento de Mérida desde 2010, cuando la Comuna era presidida por el PRI. Para nosotros es un orgullo trabajar para los meridanos; lo hemos hecho así durante años. También a otras instituciones, como el Gobierno del Estado, universidades públicas y paraestatales. Con el uso electoral de las instituciones que imparten justicia se ponen en riesgo cientos de empleos”.