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Detenciones indiscriminadas en Teabo tras detención y sospechosa muerte en cárcel municipal

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Redacción / Comunicado Indignación.- Ahora fue en Teabo. José Nery murió en la cárcel municipal y a las condiciones que obligan a sospechar tortura se suma el testimonio de quienes escucharon que lo golpearan, lo cual relataron al equipo Indignación.

La noche de ayer, en el contexto de una manifestación que exigía Justicia en el palacio municipal de Teabo al final de la cual, lamentablemente, un reducido número de personas golpeó a dos policías municipales y dañó vidrios y mobiliario del edificio a pesar de la insistencia de la familia y de la mayoría de mantener la manifestación pacífica, la Policía Estatal realizó detenciones indiscriminadas, incluyendo a menores de edad, con características de “razzia”, lo cual es ilegal y mostró de nuevo la incapacidad de la policía de actuar debidamente en estos casos.

A la actuación deficiente se suma la tardanza de la Policía Estatal en dar información sobre los detenidos, su ocultamiento a pesar de que eran menores de edad, a difundir información confusa sobre su paradero, el traslado de familiares a Ticul donde estuvieron durante horas sin información sobre sus detenidos. Es hasta esta mañana que la Comisión de Derechos Humanos, ante la cual iniciamos la queja desde anoche, ha confirmado que se encuentran seis detenidos en Ticul. Los  menores fueron entregados anoche a sus familiares después de insistentes solicitudes y nos encontramos verificando que, efectivamente, no haya alguno que no esté con su familia.

El sábado 19 de mayo fue detenido José Nery por policías municipales de Teabo y fue detenido en la cárcel municipal. Al poco tiempo de la detención los policías municipales, de acuerdo con testimonios de los familiares, fueron a avisar a la esposa que su marido se había suicidado en circunstancias que parecen poco creíbles.

En Temax, también en mayo pero de 2016, un hombre que fue golpeado por la policía después de ser detenido murió y la autopsia determinó “parasitosis”.

En Tekax, también en 2016, un policía filmó un acto de tortura contra un detenido, lo difundió y fue a su vez torturado. El Congreso del Estado, en esa ocasión, se negó a citar a alcalde.

En Teabo, mientras la gente protestaba ayer por lo que consideraron homicidio de José Nery, el  equipo Indignación recabó al menos tres testimonios de casos de tortura cometidos en los meses recientes por la policía municipal de Teabo y otro ocurrido ocho días después de que inició su gestión el alcalde Fabián.

Esto implica una grave responsabilidad para el Presidente Municipal, Daniel Fabián Puc Naal, que lo haría acreedor no sólo a la inhabilitación política, sino a sanciones penales tal como establece el Código Penal de Yucatán en materia de tortura, pues establece que cualquier servidor público que sepa de este crimen está obligado a denunciarlo de inmediato.

La continuación de casos de tortura a manos de los distintos cuerpos policíacos que operan en Yucatán es también responsabilidad del gobierno de Rolando Zapata Bello, que ha omitido investigar debidamente y sancionar estos crímenes y, antes bien, ha preferido encubrirlos mediante las omisiones de la fiscalía.

En el caso de Temax, la Codhey estableció únicamente violaciones al derecho a la salud, convalidando y encubriendo tanto a la fiscalía como al alcalde y a los responsables.

Que una persona fallezca en un centro de detención obliga a sospechar e investigar tortura, tal como se deriva del Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU, publicado con motivo de su visita a México en el año 2008.

Los Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptados por la Asamblea General en su resolución 55/89 Anexo, de 4 de diciembre de 2000, establecen que

2. Los Estados velarán por que se investiguen con prontitud y efectividad las quejas o denuncias de torturas o malos tratos. Incluso cuando no exista denuncia expresa, deberá iniciarse una investigación si existen otros indicios de que puede haberse cometido un acto de tortura o malos tratos. Los investigadores, que serán independientes de los presuntos autores y del organismo al que éstos pertenezcan, serán competentes e imparciales. Tendrán autoridad para encomendar investigaciones a expertos imparciales, médicos o de otro tipo, y podrán acceder a sus resultados. Los métodos utilizados para llevar a cabo estas investigaciones tendrán el máximo nivel profesional y sus conclusiones se harán públicas.

Indignación ha documentado que la tortura en Yucatán es un crimen que distintos cuerpos policíacos cometen sistemáticamente y que, lamentablemente, es también sistemáticamente encubierto por las autoridades que tienen obligación de investigar.

Al emblemático caso de Roberth Tzab, también fallecido en Tekax hace 8 años en condiciones que obligaban a suponer e investigar tortura pero que ha requerido tres amparos y diversos recursos para evitar que la fiscalía cierre la investigación, se suman varios casos más, como el de José Adrián, menor detenido ilegalmente y torturado por policías de Chemax.

Casos de fallecimiento en cárceles no se investigan de acuerdo a un protocolo que implique descartar tortura. El insistente y contumaz encubrimiento constituye un crimen y es precisamente eso lo que ha evitado erradicar la tortura del estado.

Exigimos a las autoridades una investigación inmediata, basada en los más altos estándares y en los protocolos internacionales en materia de tortura que lleve a esclarecer los hechos con efectividad, así como a identificar a todas las personas que tengan alguna responsabilidad en el fallecimiento de José Nery y en los hechos de tortura cometidos en Teabo en los últimos años, y sancionarlas de acuerdo a la gravedad de sus responsabilidades. Exigimos reparación y garantías de no repetición.

Quienes integramos el equipo Indignación, que junto con la familia de José Nery lamentamos la agresión contra dos policías municipales abandonados por el Alcalde y demás funcionarios del Ayuntamiento que desaparecieron ayer, así como los daños al Palacio Municipal y al mobiliario, nos vemos obligadas a señalar la actuación de la Policía Estatal, a subrayar a la Fiscalía que no es posible acusar a personas sin pruebas y que las detenciones cometidas indiscriminadamente con características de razzia son ilegales y constituyen también una responsabilidad para quienes las cometen y para quienes las toleran.

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