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El calzón, personas alcoholizadas y menores en Teabo por Eduardo Lliteras Sentíes

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Hasta ahora no hemos escuchado a ninguno de los candidatos que se baten en Yucatán, una opinión sobre la protesta pacífica en el municipio de Teabo por la muerte de José Nery Gabriel Camaal May –una muerte más en una cárcel de Yucatán–, que concluyó en una trifulca realizada por un reducido grupo de vándalos que destrozó la oficina de la llamada comandancia municipal, nombre exagerado para una oficina de policías mal preparados y conocidos por sus continuos abusos hacia la población y detenidos.

Ni los candidatos a la gubernatura, a las diputaciones o al Senado, han dicho ni pío. Menos aún los partidos, empezando por los llamados de izquierda, de los que se esperaría alguna supuesta sensibilidad en el tema de las protestas sociales, totalmente ausentes en las propuestas y discursos de los candidatos.

Todos guardan silencio, a pesar de que el tema de la seguridad se ha metido en la elección por los crecientes problemas en la materia, tanto en colonias, como en municipios y comisarías.

Quien sí habló tras las detenciones arbitrarias –auténtica razzia que incluyó a menores de edad, realizada con el pretexto de la destrucción de una oficina de la policía municipal de Teabo– fue la secretaria general de gobierno, quien criminalizó la protesta social, olvidando el derecho legítimo de los familiares y vecinos de dicho municipio a externar, pacíficamente, su malestar por la muerte de una persona en la prisión municipal; un padre de cinco hijos, que fue explicada como un suicidio, vía un calzoncillo amarrado al cuello.

Marta Góngora se dedicó a justificar a la autoridad local: “El alcalde priísta y la  Fiscalía han atendido a los familiares de inmediato” dijo. Y a lanzar advertencias y señalamientos sin nombre: “No debemos generar conflicto”; “No es a través del vandalismo”; “No es arengando a la gente”; “Debemos tener responsabilidad y ser prudentes”; “a veces muchos abanican y agitan a la población”; “llamamos a la calma a la familia”; “Habrá que deslindar responsabilidades por los daños que se hicieron a Palacio”; “fue un atentado”.

Esa es la justificación del autoritarismo local de cualquier abuso, violencia o delito cometidos por las mismas autoridades; es decir, cualquier protesta contra el mal gobierno, no es legítima; porque es abanicada, movida, por esos hilos sospechosos de los “agitadores profesionales”, siempre exógenos, bacterias venidas de fuera, que contaminan el armonioso tejido social de la Islandia tropical, donde la ciudadanía no es tal, en ejercicio pleno de sus derechos, sino menores de edad a los que hay cuidar de sí mismos, deteniéndolos, aun cuando estuvieran plantados tranquilamente en rechazo al alcalde, por la muerte de una persona.

Eso es preferible a tener que reconocer el malestar y la irritación social –como diría el clásico de Los Pinos.

La secretaria general de gobierno justificó la detención de al menos seis menores, argumentando el vandalismo perpetrado por un par de personas –grabadas en vídeo, lo que debería permitir su identificación plena–, posibles porros enviados a generar un clima de violencia para justificar, precisamente, la represión y desvirtuar la protesta que inició con una marcha pacífica con pancartas en las que se exigía justicia.

“Un llamado a que los padres no permitan que sus niños se involucren en este tipo de situaciones, porque los ponemos en riesgo; imagínense, estamos hoy acá ante una situación de la duda de qué pasó con un adulto; pero imagínense que anoche hubiese trascendido el problema y tuviéramos niños lastimados o, incluso, que hubieran perdido la vida”.

¿Cómo? ¿Niños lastimados o que hubieran “perdido la vida”, en el estado “más seguro”, por una protesta contra un mal alcalde y su policía? ¿Pues no que somos la excepción a la regla, de la violencia nacional?

En cualquier democracia pueden verse a padres, mujeres, niños, manifestarse libremente contra sus autoridades, pero en Yucatán nos dicen que personas “alcoholizadas y menores” –mezcla estilo cóctel Molotov que no debe enseñarse a los niños yucatecos, no vaya a ser que se conviertan en exigentes ciudadanos del mañana– estaban en el plantón de centenares de habitantes contra Daniel Fabián Puc Naal, alcalde emanado del mismo partido que la señora Góngora.

Pero, claro, como dijo la misma funcionaria estatal: “No podemos dejarnos llevar por la percepción o la creencia, Hubo omisión en estar vigilando, lo que a veces sucede en las cárceles de los municipios; que estén más pendientes de la gente que detienen. Sobre todo si ya hay antecedentes de depresión en las personas que encarcelan, sobre todo con alcohol”. Sí, el maldito alcohol, del que nos hemos convertido exportadores netos, precisamente gracias al presente gobierno.

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