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El contrato del hospital de Ticul no fue cancelado, sino rescindido por el Ejecutivo de Yucatán, dicen en boletín

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Redacción.- Tras la publicación de una nota en la que afirmábamos que un organismo de arbitraje internacional lo condenó en mayo pasado a pagar más de 723 millones a la empresa Infraestructura Hospitalaria de la Península, S. A. P. I. de C. V., de Grupo Marhnos, como compensación por haber cancelado el contrato para la construcción del Hospital de Ticul que se le adjudicó. Así lo informó el Diario de Yucatán, el que señaló que ese fallo resolvió que los Servicios de Salud de Yucatán, instancia que firmó el contrato, deberá pagar $584.498,005 (IVA incluido) “por el pago por terminación” y otros $138.949,663 por concepto de gastos financieros generados ante la falta de pago desde la cancelación del contrato, en julio de 2015, hasta junio de 2018, de acuerdo con un comunicado de Juan Luis Flores Flores, apoderado legal de la empresa. Esta es la respuesta del Gobierno del Estado: 

Respetable señor Director:

 

Respecto de la nota publicada hoy en su Diario referida a un supuesto adeudo del Ejecutivo del Estado por la cancelación del contrato PPS del hospital de Ticul,  se hacen las siguientes precisiones.

 

El contrato PPS fue celebrado con el objeto de complementar los servicios que Servicios de Salud de Yucatán proporciona a la población, para lo cual contrató con la sociedad Infraestructura Hospitalaria de la Península, perteneciente al Grupo Marhnos, la construcción y operación de un hospital en el Municipio de Ticul.

 

El contrato PPS tenía una vigencia de veinticinco años y obligaba al Estado de Yucatán a pagar la cantidad anual mayor a $237 millones de pesos que se incrementarían para mantener su valor, suma que se pagaría en mensualidades de casi $20 millones de pesos, equivalente a más de  $658 mil pesos diarios, lo que hace un total de más de $5,500 millones pesos. A todas esas cifras se agregaría lo correspondiente al IVA. 

 

El contrato no fue cancelado, sino rescindido por el Ejecutivo del Estado, con motivo del incumplimiento de la empresa del Grupo Marhnos, al dejar la obra de edificación del hospital con un avance de 39.02% únicamente, a pesar de que se le concedió una prórroga por trescientos días.

 

El incumplimiento de la empresa del Grupo Marhnos ha dado origen a una controversia que se ha dirimido en diversos procedimientos y juicios ante las autoridades administrativas estatales, y judiciales estatales y federales, quienes fueron y son competentes para resolverla; cada uno de esos procedimientos ha resultado favorable a Servicios de Salud de Yucatán.

 

La rescisión administrativa del contrato PPS es firme. En el procedimiento de rescisión seguido por Servicios de Salud de Yucatán se respetaron todos los derechos de la empresa del Grupo Marhnos y de sus obligados solidarios, quienes comparecieron en todas sus etapas y ofrecieron sus pruebas; en este procedimiento se determinó que valor actual de la obra del hospital es la cantidad de poco más de $160 millones de pesos, por lo que restando las penalidades contractuales por el incumplimiento que sumaron casi $34 millones de pesos, el adeudo a cargo de Servicios de Salud de Yucatán por la rescisión del contrato es por la suma de poco más de $125 millones de pesos, y no la que se indica en la nota periodística.

 

La empresa del Grupo Marhnos decidió combatir el monto de la deuda mediante juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, organismo que por sentencia definitiva confirmó la suma $125,051,765.70 millones de pesos como monto del adeudo declarando la validez de la resolución impugnada.

 

En cuanto a la información de la nota respecto del fallo de un organismo de arbitraje internacional, aclaro que debe referirse a un tribunal arbitral mexicano actuando bajo las reglas de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, cuya intervención se debió a que la empresa del Grupo Marhnos, en aras de obtener otra determinación, promovió un juicio arbitral mediante el que, contrario a lo que ya se resolvió, pretende cobrar todas las cantidades que, según dice, invirtió en la realización del 39.02% de la obra, a pesar de que incumplió con el contrato PPS.

 

Servicios de Salud de Yucatán no se sometió al tribunal arbitral e hizo valer la incompetencia del tribunal arbitral por corresponder a las autoridades locales y federales que ya estaban conociendo de la controversia y que  posteriormente resolvieron en definitiva. Por ello, el laudo que contiene la supuesta condena al pago de los $723 millones a los que se refiere la nota es inejecutable jurídicamente, y  la responsabilidad real a cargo de Servicios de Salud de Yucatán por la rescisión del contrato PPS, es limitada a la suma de $125´051,765.70 millones de pesos.

 

Debido a su ilegalidad, Servicios de Salud de Yucatán tiene promovido ante un tribunal estatal la declaratoria de nulidad del laudo arbitral mismo que, como se dijo, no podrá ejecutarse.

 

Es importante destacar que la decisión del Ejecutivo del Estado, fue realizada conforme a derecho y privilegiando los intereses de la población ya que, sin detrimento de los servicios de salud que presta y mediante la implementación de otros mecanismos, ha realizado la complementación de los servicios que eran objeto del contrato PPS.

 

Ello benefició al Estado de Yucatán con un ahorro presupuestal de más de $5,400 millones de  pesos en el plazo veinticinco años, evitando cargar a Servicios de Salud de Yucatán la cantidad mensual mínima de casi $20 millones de pesos, ambas cifras más IVA.

 

Agradeciéndole de antemano, atentamente le solicito la publicación de las anteriores precisiones, en los términos del artículo 6, párrafo primero de la Ley Reglamentaria del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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