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Corrupción en la Sedesol, de arriba a abajo por Eduardo Lliteras Sentíes

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Cierra el sexenio de Enrique Peña Nieto con crecientes evidencias y pruebas de la corrupción galopante en instituciones federales como la Sedesol. Por ejemplo, ahora se sabe que parte de los 700 millones desviados de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), durante las gestiones de Rosario Robles, terminaron en Quintana Roo transferidos en efectivo a domicilios privados (como una casa de cambio) utilizando una institución pública: el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SCSI). Lo que evidencia corrupción y lavado que involucra a funcionarios e instituciones –inclusive privadas- de varios niveles.

Así lo reveló el diario capitalino Reforma, el que cita la investigación realizada por la Auditoría Superior de la Federación, la que demuestra que esos 700 millones no terminaron en las 76 empresas presuntamente beneficiadas por contratos de servicios con dichas instituciones públicas, sino que fueron transferidos a través de un esquema de triangulación que incluyó la conversión en efectivo y su entrega en domicilios privados al final del proceso. Lo que falta saber es qué se hizo con dicho dinero y quienes fueron los que lo utilizaron o se beneficiaron en diversos Estados de la República

Esto ayuda a entender la complacencia con la corrupción en niveles menores y locales de las delegaciones de dichas instituciones, como ocurrió en Yucatán con las extorsiones denunciadas por víctimas del funcionario Emmanuel Morales Briceño, Coordinador Operativo del Programa de Estancias Infantiles de la Sedesol federal, hoy preso. O la complicidad del delegado en Yucatán, Miguel Enríquez López, como ha señalado la señora Wendy Uicab López recientemente, afirmando que tiene correos electrónicos y documentos por escrito en los que notificaba a los superiores de Morales Briceño de sus extorsiones, sin que actuaran en su contra.

Wendy Uicab López nos comentó que son alarmantes los casos de abusos a mujeres; en mi caso no fue sexual, pero sí de violencia psicológica, física e incluso institucional por parte de la Sedesol.  Muchas de mis compañeras aún temen salir a denunciar porque recientemente han recibido amenazas de muerte, nos dijo.

Nos explicó que “durante los años que he estado en conflicto con esta persona y con la Delegación de la Sedesol he sufrido de daño psicológico, durante un año no salía a la calle por temor a encontrarme con esta persona o con sus compañeros y a que me agredieran, apenas puedo hablar ahora sin llorar, alzo la voz para decirle a todas las mujeres que hemos sido víctimas de éste individuo para que nos unamos y en un frente común digamos basta a la corrupción, basta a la extorsión, somos mujeres trabajadoras y valientes y que no tenemos por qué escondernos”.

Nos dijo también que “la coordinación del área de estancias infantiles ya sabía de los problemas con este funcionario y que pese a habérselo informado incluso por escrito a su jefa inmediata, Sthepanhie Dinorah Álvarez Torres, ella insistía en enviarlo a realizar verificaciones, aún sabiendo que dicha persona abusaba de su poder para intimidarnos, extorsionarnos y en caso de no obtener ningún dinero de nuestra parte nos calificaba mal y ocasionaba el cierre de nuestras estancias infantiles, perjudicando a muchas madres de familia”.

Wendy Uicab López es muy clara en señalar al mismo titular de la Sedesol en el Estado: “Lo más vergonzoso de todo esto es que incluso el delegado de la Sedesol en el Estado de Yucatán, sabía de esta situación desde el 01 de agosto de 2016 y le reiteré el 14 de julio de 2017 que todo está documentado en oficios a los que incluso él contestaba firmando la respuesta y jamás hizo nada para evitar que continuarán los atropellos, no dio parte a ninguna autoridad y tampoco suspendió a las personas que nos extorsionaban”.

Comentó que el delegado incluso tuvo el cinismo de salir en televisión diciendo que “no estaba enterado” lo que deja en claro que “no solamente sabía, sino que solapaba las acciones y las prácticas abusivas”.

También afirma que “con documentación en mano pruebo que incluso di parte al Órgano Interno de Control para que investigara los hechos en fecha 01 de agosto de 2016 y le reiteré en fecha del 14 de julio de 2017 y tampoco hizo nada, fueron omisos y nunca recibí ningún tipo de apoyo y de protección”.

“Incluso en fecha del catorce de julio del año 2017 envié un correo electrónico a varias cuentas de la Sedesol y Función Pública indicándoles que me estaban obligando a “pagar” para trabajar”.

Y concluye lapidaria: “Todas las afectadas somos mujeres, mujeres que tratamos de trabajar en paz y para apoyar a otras mujeres con la atención de sus hijos, y es por esa razón, por nuestra condición de género y por la misoginia de ésta persona que hemos sido afectadas, ya que sólo se envalentonaba cuando estaba delante de nosotras y no contábamos con nuestro esposo o algún hombre que nos defendiera ya que no le importaba amenazarnos e intimidarnos cuando estábamos en nuestras instancias y delante de nuestras compañeras de trabajo”.

Queda claro que la violencia, la delincuencia que padecemos en el país, va de la mano de la corrupción, extrema, en las instituciones públicas y sus funcionarios.

 

 

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