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Derechos Humanos

Represalia contra Homún favorece a empresa porcícola, afirma Indignación A.C.

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Redacción.- El uso de instituciones, de la fuerza pública y de la justicia al servicio de una mega granja porcícola y en contra del pueblo maya de Homún que defiende el agua, quedó de manifiesto ayer con el fuerte despliegue policíaco ante una manifestación pacífica, con la clausura que realizó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) precisamente de los cenotes de los más activos defensores del pueblo, justamente cuando se realizaba la clausura simbólica de la empresa PAPO, y con la amañada resolución de un Tribunal.

El abuso de poder que este concierto de acciones significó, la evidente represalia federal, puso en riesgo la paz de Homún y pone en riesgo el ejercicio de sus derechos, el agua y la salud de sus habitantes.

El día de ayer, 21 de septiembre, ante el sigiloso inicio de operaciones de la megagranja porcícola que contraría la decisión del pueblo expresada en una consulta y que se hace cuando no han concluido procesos jurídicos, el pueblo de Homún organizó una protesta pacífica: la clausura simbólica de la mega granja porcícola. El arbitrario inicio de funciones de la mega granja, el temor ante la amenaza que representa por la contaminación de los cenotes y la reciente resolución de un tribunal administrativo habían puesto en alerta al pueblo.

El Tribunal de Justicia Administrativa del estado impidió a la agrupación Ka’anan Ts’onot (Guardianes de los cenotes) ser parte del juicio que favoreció a la empresa y, por lo tanto, le impidió al pueblo de Homún presentar alegatos y defender sus derechos. Al dejar en indefensión a un pueblo maya que defiende su tierra y sus recurso naturales dicho tribunal ha incurrido en una grave práctica.

El equipo Indignación deplora y expresa su más profunda extrañeza por este concierto de instituciones y tribunales estatales y federales en contra de un pueblo.

El titular de Seduma, Eduardo Battlori, se ha deslindado he insistido que el permiso de uso de suelo corresponde al municipio, pero en la práctica las instituciones y tribunales han impedido al pueblo de Homún y a los guardianes de los cenotes defender sus derechos, y al municipio ejercer sus facultades pues el cabildo revocó el permiso de uso de suelo. La empresa se inconformó ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, Tribunal que impidió a Ka’anan Ts’onot ser parte del juicio alegando que no tienen interés jurídico y recientemente falló a favor de la empresa.

El pueblo de Homún, en uso de su derecho a la libre determinación, organizó una consulta en octubre pasado en la que la gente expresó su rechazo mayoritario a la instalación y operación de la megagranja porcícola.

Esta megagranja, que pone en riesgo el agua por sus dimensiones, no está en cualquier lugar. Se encuentra en la zona de recarga de la reserva geo hidrológica Anillo de los Cenotes.

Precisamente mientras se organizaba la protesta pacífica, PROFEPA clausuró 5 cenotes: justamente los de los directivos de la agrupación Ka’anan Ts’onot, que ha encabezado la defensa del agua y de los cenotes y de los derechos del pueblo maya de Homún. Un fuerte despliegue policíaco de agentes estatales acompañó el concierto.

Al equipo Indignación le causa enorme preocupación y extrañeza este concierto de acciones. Si muestran que una institución federal, un tribunal estatal y la fuerza pública pueden estar sometidos a los intereses de una empresa, está en riesgo el ejercicio de los derechos de toda la población, que podría quedar a merced de instituciones que no actúan de manera imparcial.

Indignación, que estuvo presente ayer en la manifestación de Homún realizando labor de observación de derechos humanos, expresa su más profunda extrañeza y se declara en alerta por el posible uso ilegítimo de las instituciones estatales y federales para reprimir al pueblo de Homún, a los defensores del agua, a las personas que se han solidarizado con esta lucha.

La preocupación de Indignación concuerda con la de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que en reciente informe expresa que es sistemático imputar cargos a pueblos indígenas que defienden sus derechos y precisa:

 

47. Antes de la imputación de cargos, suelen organizarse campañas de difamación y desprestigio en los medios sociales contra los pueblos indígenas, sus dirigentes y sus comunidades, acusándolos de actuar contra el desarrollo y contra el interés nacional (…)Las campañas de difamación suelen ser organizadas por sectores empresariales (véase A/HRC/39/17/Add.2, párr. 67), con el apoyo abierto o encubierto de funcionarios públicos corruptos cuyos intereses financieros se ven afectados por la defensa de sus tierras por los pueblos indígenas.

 

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