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Colonos del Arco y Vista Alegre denuncian a la mafia inmobiliaria y agraria que pretende despojarlos de sus casas

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Redacción / Eduardo Lliteras Sentíes.- Centenares de familias podrían perder sus casas en los fraccionamientos del Arco y Vista Alegre luego de que la abogada Rebeca Buenfil Méndez desempolvara un supuesto expediente ejidal para despojarlos de sus viviendas, a través de una sentencia del Tribunal Agrario el que pretende rematar sus casas, según explicaron. 120 propietarios de viviendas recibieron iniciando el año una notificación del Tribunal Agrario que favorece a los ejidatarios de Chuburná y a través de la cual exigen el pago de 500 pesos el metro cuadrado o de lo contrario los despojarán de sus casas y las rematarán.

No a la mafia agraria, no a la mafia inmobiliaria. Exigimos respeto a la propiedad privada. Los colonos del fraccionamiento del Arco y de Vista Alegre, realizaron una manifestación en el norte de Mérida hasta el monumento a las Haciendas para exigir “respeto a nuestros derechos humanos y a las autoridades que escuchen nuestras demandas. Afirmamos que no estamos viviendo en terrenos ejidales”.

Desde el cruzamiento de la calle 20 del fraccionamiento Vista Alegre con la avenida Correa Rachó, en el nororiente de la ciudad marcharon hasta el monumento a las Haciendas.

Allí explicaron ante medios de comunicación que hubo mucho tortuguismo de la administración anterior, pero ahora ya hay más agilidad con el cambio del nuevo gobierno.

Es decir. Dijeron que “ya recibimos las primeras sentencias, pero son las primeras sentencias en contra, cuando nunca se desahogaron todas las pruebas, la confesional, la documental. Nunca le hicieron caso a todo lo que presentamos y simplemente resolvieron que debemos pagarle a los ejidatarios. No tenemos nada contra los ejidatarios. Nosotros respetamos los derechos humanos”, afirmaron.

En la marcha se mostraron mantas en las que se acusa a la abogada Rebeca Buenfin Méndez “de utilizar a los ejidatarios para enriquecerse y de encabezar la mafia agraria: nosotros no hemos cometido delito alguno”, insistieron.

“Exigimos un alto a la indiferencia de las autoridades. Los vecinos del Arco, exigimos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador, Mauricio Vila Dosal, el alcalde, Renán Barrera Concha y los diputados del Congreso local nos apoyen para evitar una injusticia más de la mafia inmobiliaria que atenta contra el patrimonio de las personas”, se escuchaban a través de los bocinas de un vehículo.

“Que nadie diga que Yucatán ya no es un lugar seguro para vivir. Pedimos a la sociedad yucateca que nos ayude. Pedimos a las sociedades civiles que luchan por los derechos humanos, a las organizaciones empresariales que exijan a las autoridades que pongan un alto a la mafia inmobiliaria que afecta a Yucatán”, añadía la grabación.

Explicaron durante la conferencia de prensa improvisada “que se han propuesto luchar por el derecho a nuestra calidad de vida” y señalaron que las 26 hectáreas en las que “se asientan dichos fraccionamientos (y sus casas) en el norte de Mérida, desde 1913 nunca han sido realmente propiedad ejidal”.

“Los terrenos donde estamos viviendo de la noche a la mañana nos vienen a decir que son terrenos ejidales, cuando en realidad esta dotación de tierras es de 1929 pero ahora dicen que se dieron cuenta que les falta una porción de terreno de 1994”.

Señalaron que “en el fallo se afirma que en caso de que usted no pueda pagar entonces su propiedad puede ser rematada por los ejidatarios, que cobren ellos lo que les corresponde y la diferencia se la entreguen. Por eso habrá perdido usted su propiedad tras 45 años viviendo allí, con títulos de propiedad vigentes, habiendo realmente cumplido con todos los pagos de los impuestos como debe de ser”.

Explicaron que con éste litigio de la mafia inmobiliaria se ha venido a romper la paz de la comunidad, de unas personas que mayoritariamente son pensionados o jubilados.

Ahora resulta que la propiedad no es de ellos.

Por último, dijeron que a medida que vayan saliendo los dictámenes se irán a recurso de revisión en el Tribunal Agrario de la Ciudad de México; esperamos que se nos haga caso y justicia y que en una mesa de diálogo intervengan todas las autoridades. Queremos que se aplique la justicia, nosotros somos gentes de paz, concluyeron.

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