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República de las Bananas

Empresarios, omertá y huachicoleo por Eduardo Lliteras Sentíes

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Llama la atención el silencio de las cámaras empresariales y sus líderes, en Yucatán, en materia de robo de combustibles en el Estado. Y sorprende más porque algunos de los distinguidos empresarios y líderes empresariales son, efectivamente, propietarios de gasolineras o sus familiares.

 

Tan preocupados siempre, según dicen, por la seguridad en Yucatán se les escucha poco preocupados por el robo de combustibles, del que ya se sabía desde el sexenio pasado, por lo menos. Es decir, el silencio viene de tiempo atrás en un tema que, además, es un peligro latente para la integridad de la población, como demuestra la tragedia en Hidalgo, a la que se llegó a través de sexenios y silencios cómplices que extendieron la corrupción en todas direcciones. Inclusive, hasta la cúspide de algunas empresas.

 

El huachicoleo en Yucatán, del que apenas se conoce la punta del iceberg, como demuestran los operativos recientes, tiene ramificaciones insospechadas.

 

Por ejemplo. El fisco identificó un quebranto por inconsistencias relacionadas con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 3,217 millones de pesos (mdp) tras una auditoría a contribuyentes relacionados con gasolineras, dijo la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat. Se identificaron 194 contribuyentes relacionados con esas inconsistencias "relevantes", dijo la funcionaria.

 

Y claro, Mérida aparece en el mapa de las inconsistencias de los gasolineros. Así como Ciudad del Carmen, por citar dos ejemplos de la Península. Claro, el 54 por ciento de los 3, 217 millones de pesos detectados se concentraron en siete entidades de México: Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Puebla, Michoacán, Tamaulipas y Jalisco. Es decir, el 46% restante se distribuyó en los otros estados, incluido Yucatán.

 

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda detectó 32 casos inusuales por robo de hidrocarburos y abrió investigaciones contra otros 200 casos.

 

Pero hay otros datos relevantes que involucran a empresarios y empresas. Por ejemplo. El presidente de Amegas, Pablo González Córdova, señaló que la Coca-Cola compraba el combustible a la mitad de precio, es decir, compraba huachicol. En un reportaje reciente de la Revista Proceso se dio a conocer que la transnacional Coca –Cola compraba a la mitad de precio la gasolina, es decir, consumía combustible robado. Pero no es la única empresa involucrada en la compra de gasolina robada para nutrir sus flotillas, según señaló sin especificar más.

 

La respuesta empresarial a estas informaciones no fueron los ya cotidianos desplantes en redes sociales, exigiendo al gobierno obradorista con dos meses en el poder -como nunca se hizo con Calderón o Peña Nieto-, sino un nombramiento: Carlos Salazar Lomelín.

 

Salazar Lomelín fue elegido nuevo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en lugar de Juan Pablo Castañón, convertido, repentinamente, en un hombre muy crítico de la presidencia y en un “liberty fighter”. Salazar Lomelín tiene en su biografía un dato relevante: es ex directivo de la poderosa transnacional estadounidense, Coca Cola-Femsa. Lo que llama la atención en el contexto de la revelación de la compra de combustibles robados por parte de la transnacional, la que ha guardado silencio al respecto.

 

¿Dicho nombramiento tiene que ver precisamente con estas informaciones? Vale la pena preguntarse. Sobre todo cuando algunos poderosos hombres de negocios del llamado Grupo Monterrey anunciaron la creación de un fondo de 100 millones en clave anti AMLO, según consignó Lourdes Mendoza en El Financiero. Quien menciona también que los rumores indican que una de las primeras reuniones tuvo lugar en la casa del dueño de Hidrosina, el grupo gasolinero más grande del país.

 

Pero hay más. El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en días recientes las concesiones de gasolineras que tienen grupos vinculados a partidos políticos, como el PRI y Antorcha Campesina.

 

Como parte de las investigaciones que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para detectar las gasolineras que compran huachicol, se detectaron las 50 que pertenecen a la organización “de los pobres” Antorcha Campesina, distribuidas en todo el país.

 

Antorcha Campesina posee más de 50 estaciones de gasolina y gas LP en el Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Morelos y Veracruz. Aunque no se sabe si también en Yucatán, donde ya pidió al nuevo gobierno estatal recursos para sus agremiados, por cierto.

 

Como vemos, la hydra de mil cabezas del huachicoleo y el robo de combustibles tiene tantas ramificaciones que es de preverse habrán muchos más estallidos en el país. Y no serán únicamente de ductos. Sean accidentales o a través de mano negra.

 

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