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LXII Legislatura avala reformas a favor de la transparencia y derechos laborales

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Redacción.- Las siete fuerzas políticas aprobaron por unanimidad reformas a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán  para garantizar el pago de laudos laborales a trabajadores despedidos, así como regresar atribuciones a la comisión permanente de Vigilancia de la Cuenta Pública para fortalecer sus facultades a favor de una mejor transparencia de los recursos públicos.

Referente al dictamen para modificar la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, en materia de salarios caídos, Karla Franco Blanco (PRI) destacó que se establece un equilibrio para conservar los derechos de los trabajadores pero al mismo tiempo, permite el ejercicio del servicio público de las entidades públicas estatales y municipales, para que finalmente, se armonice con la norma federal, “rompiendo paradigmas y principios en materia laboral”.

Milagros Romero Bastarrachea (MC), informó que hasta hoy, más de 80 municipios deben pagar más de 450 millones de pesos, por más de dos mil ex trabajadores que ganaron sus demandas laborales por despidos injustificados de ayuntamientos anteriores, como el caso de Hunucmá, que tiene acumuladas 27 demandas que comenzaron en el periodo 1998-2001, generados por seis gobiernos municipales, con una suma de casi 26 millones de pesos.

“Estamos sentando las bases para resolver un problema que no sólo afecta las finanzas públicas municipales, sino también la economía de las personas que en su momento sean despedidas y se vean obligadas, a entablar juicios laborales”, expresó.

Sobre las reformas a la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, su reglamento, la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública y el Reglamento Interior de la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, Alejandro Cuevas Mena (PRD), impulsor de la iniciativa, indicó que se incorpora formalmente esta Unidad a la estructura del Congreso del Estado, se establecen plazos que actualmente no existen ofreciendo mayor certeza jurídica, se definen los límites y alcances de su organización interna y por supuesto de su objeto, se homologan atribuciones en las diferentes disposiciones legales relacionadas con ella.

“No menos importante es que las convocatorias, multas y auditorías serán aprobadas por la Comisión Permanente de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción que propondrá al Pleno los dictámenes y estos deberán ser discutidos y votados por los 25 diputados de este Congreso y que este órgano legislativo no manejará ningún recurso económico ni decidirá quienes ocuparán los espacios laborales”, recalcó.
 
Franco Blanco, mencionó que los diputados coincidieron en la importancia de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, para que los yucatecos tengan la tranquilidad de que esta iniciativa obliga a quienes no ministran la información en tiempo y forma, a hacerlo puntualmente, en un actuar con apego a la legalidad, “reconociendo en todo momento, que la ciudadanía debe tener certeza que el recurso público es destinado en beneficio social”.

En la sesión de este miércoles, la LXII Legislatura también aprobó por unanimidad el Punto de Acuerdo, presentado por Lila Frías Castillo (PRI), para que el Congreso del Estado exhorte a la Secretaría de Innovación, Investigación y Educación Superior, a través de sus instituciones de educación superior, centros de investigación y demás organismos que dependan de esta secretaría a generar e implementar políticas educativas, programas y estrategias que favorezcan y coadyuven en el ingreso, permanencia y egreso de las mujeres en carreras científicas y tecnológicas.

Además, se turnó a la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la iniciativa para reformar el artículo 27 de la Constitución Política del Estado y diversos artículos de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, suscrita por el PAN; así como se envió a la comisión para el Respeto y Preservación de la Cultura Maya, la iniciativa para declarar “2019, año de la Lengua Maya en el Estado de Yucatán”, presentada por el PRI.

Estancias Infantiles

En asuntos generales, Romero Bastarrachea presentó un proyecto de acuerdo, admitido por mayoría, para que el Congreso del Estado exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal a definir mecanismos que permitan garantizar el pleno y equitativo ejercicio de los derechos de los niños bajo los cuidados del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras.

Segundo, para que el Congreso local exhorte respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal a reasignar recursos que permitan al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras contar con un monto presupuestal igual al del ejercicio fiscal 2018.

Tercero, para exhortar a las Secretarías de Bienestar y Salud del Gobierno Federal a emitir reglas de operación para el ejercicio 2019 del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras que garanticen un servicio en condiciones de legalidad, calidad, transparencia, seguridad, equidad y correcto uso de los recursos.

En el mismo sentido, Rosa Díaz Lizama (PAN) presentó otro proyecto de acuerdo, también admitido por mayoría, para que el Congreso de Yucatán exhorte al Congreso de la Unión para que dentro de sus facultades revise las reglas de operación de los programas sociales, específicamente del Programa de Estancias Infantiles, así como la correcta aplicación de los mismos.

Segundo, para que el Congreso del Estado exhorte al Poder Ejecutivo Federal a realizar las gestiones necesarias que garanticen la correcta operación y financiamiento adecuado del Programa de Estancias Infantiles.

En respuesta, Miguel Candila Noh (Morena) indicó que no se les está cortando recursos a las estancias infantiles, sino que se le está otorgando a las familias para que ellas puedan pagar el lugar que consideren que pueda ser más seguro para sus hijos, para más control, porque se encontraron irregularidades en el manejo de estos planteles.

Ante ello, Manuel Díaz Suárez (PAN) señaló que el espíritu del mencionado programa es responder una dinámica familiar, con padre y madre que trabajan, por lo que sería un retroceso eliminar este recurso, de existir corrupción en el tema, que se investigue a las personas y se sancione.

Luis Loeza Pacheco (Morena), aseveró que es falso que haya una afectación en las guarderías, porque se sostiene por dos vías: para gastos operativos y la aportación de $950 pesos por niños, por lo que es el segundo caso lo que se recorta por corrupción.

En otros temas, Cuevas Mena presentó otro proyecto de acuerdo, admitido por mayoría, para que el Congreso del Estado exhorte a la Cámara de Diputados a revisar de inmediato las partidas presupuestales del rubro de Fortalecimiento del ramo 33, se reorienten los recursos necesarios a fin de que los municipios puedan cubrir su consumo de energía eléctrica y sus costos de seguridad: así mismo, que conmine a la Comisión Federal de Electricidad a:

No realizar cortes de energía eléctrica de consumo público a los Ayuntamientos del Estado, en virtud de la falta de dispositivos de medición y la falta de recursos suficientes para su pago; instalar los respectivos equipos de medición de energía en todos y cada uno de los municipios del estado; así como crear una mesa de diálogo y solución a los adeudos de electricidad de administraciones municipales.

Por otro lado, Leticia Euán Mis (Morena) presentó una iniciativa para expedir la Ley de Movilidad Sustentable que consta de 60 artículos, dos títulos y nueve capítulos.

Para finalizar, Lila Frías hizo un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales a redoblar esfuerzos en temas de seguridad en la costa yucateca, que requiere de elementos especializados para abatir la delincuencia, la piratería en altamar y los robos que ponen en peligro la paz y la tranquilidad de los ciudadanos.

En la plenaria del día también se dieron a conocer oficios de la Cámara de Senadores y de la Legislatura del estado de Hidalgo, además de que se contó con la presencia de alumnos de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Vizcaya y de la misma profesión del Centro de Estudios Superiores CTM “Justo Sierra O’Reilly”.

Por último, se convocó para la siguiente sesión el próximo miércoles 20 de febrero del año en curso a las 11 de la mañana.

 

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