La libertad de prensa, no se negocia ni se condiciona... se ejerce.
Derechos Humanos

Preocupación por proceso en Congreso en materia de matrimonio igualitario: legisladores deben pensar en las familias

119

VISITAS
Redacción.- A LAS Y LOS DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LAS ASOCIACIONES CIVILES
A LA SOCIEDAD EN GENERAL
La familia es la base de la sociedad. Es el primer contacto que la gran mayoría de la población tiene con la sociedad. En ella aprendemos a interactuar con los demás, a entender los límites y el respeto, así como a externar manifestaciones de solidaridad y cooperación mutua. La familia es, a lo largo de la vida de cada persona, una fuente de amor, apoyo, comprensión y refugio.
Es por eso que vemos con especial preocupación el proceso legislativo que tiene lugar en el Congreso para analizar las iniciativas que modificarían el Código de Familia del Estado de Yucatán y la Constitución Política del Estado de Yucatán, con el objetivo de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Creemos que las y los diputados deben analizar la iniciativa pensando siempre en las familias. En todas las familias. Actualmente, el artículo 94 de la Constitución de Yucatán define familia como la institución conformada por “dos o más personas unidas o emparentadas entre sí, por afinidad, por consanguinidad o por adopción, que como comunidad afectiva y de convivencia, potencía el libre desarrollo de todos sus miembros”.
Es por eso que todas las familias -independientemente del número de miembros que tengan, o el sexo o identidad de sus miembros, o si sus miembros tienen vínculos biológicos o no- deben ser protegidas por la ley y vivir en un ambiente libre de violencia. Todas las familias importan.
En Yucatán, la homofobia, el desconocimiento y los prejuicios entorno a las orientaciones sexuales diversas, la información falsa y la resistencia de determinados sectores conservadores, han puesto a miles de familias en peligro. Por un lado, porque muchas de ellas no poseen los mismos derechos de protección patrimonial, migratoria, médica, de seguridad social, de vivienda y de otros tipos, ya que se les niega el acceso a figuras como el matrimonio y el concubinato.
Por otro lado, porque esos discursos homofóbicos y la difusión constante de información tergiversada basada en prejuicios, han generado rechazo y violencia al interior de las familias. Han hecho que padres rechacen a sus hijas o hijos, que personas tengan que abandonar sus familias por miedo al rechazo o por efectivamente haber vivido la animadversión por parte de sus seres queridos. Esos discursos, apoyados por el derecho, aumentan los índices de bullying y violencia en los espacios públicos, puesto que se estigmatiza e incluso señala como un peligro a las personas cuya familia tiene una composición distinta al modelo considerado “normal” o “tradicional”. En muchos casos incluso han empujado al suicidio a personas LGBTTI+, particularmente a adolescentes, lo cual debiera alarmarnos por vivir de por sí en una las entidades con más suicidios del país.
Estadísticamente, todas las personas en Yucatán tenemos si no a un familiar al menos a seres queridos que forman parte de la comunidad LGBTTTI+. No importa si nos lo han dicho o no, si lo sabemos o no, si lo sospechamos o no. Alguien que nos importa se encuentra en estos momentos en un estado de indefensión, con menos derechos que el resto de la población y padeciendo el rechazo de personas debido a que se continúan permeando discursos que los acusan de ser personas depravadas, pedófilas, inestables emocionalmente e incapaces de formar una familia, entre otros.
Aprobar el matrimonio igualitario en Yucatán puede salvar a muchas familias. No solo por los derechos que esa figura permitiría, elevando su calidad de vida. Si bien esto ya es de por sí razón suficiente para aprobar la reforma, también lo es el hecho de que ayudaría a que la gente comprenda que las familias diversas existen ya, que tienen la misma potencialidad que las familias heteronormativas, y que el discurso actual de proteger la “tradición” o lo que se considera “natural” está generando daño.
En virtud de lo anterior, hemos decidido conformar el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, para lo cual hacemos de su conocimiento los siguientes puntos.
PRIMERO.- El pasado lunes 18 de febrero, algunos de nosotros presentamos una solicitud formal fundada en el artículo 8 constitucional solicitando a las y los diputados del Congreso que nos permitan participar en las audiencias de la Comisión de Puntos Constitucionales en un ejercicio de Parlamento abierto. Actualmente estamos en espera de respuesta, confiando en que será favorable.
SEGUNDO.- El día de hoy hemos hecho llegar una carta dirigida a Jan Jarab, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; a Víctor Madrigal, Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género de la ONU; a Flávia Piovesan, Relatora sobre los derechos de las personas LGBT de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; a Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; a Alexandra Haas Paciuc, Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; y a Miguel Ángel Sabido Santana, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. En esa misiva, firmada por más de 500 personas, les hacemos llegar información del actual proceso legislativo en Yucatán, externándoles nuestras preocupaciones. Particularmente, confiamos en que la nueva administración de la CODHEY demostrará un cambio en comparación con las administraciones anteriores, manifestándose a favor de los derechos. Esta carta será difundida el día de hoy a través de redes sociales.
TERCERO.- Advertimos que son ilegales y políticamente inaceptables las propuestas que han trascendido en medios de comunicación solicitando que el tema sea resuelto por una consulta popular. Los derechos no se eligen por votación porque la democracia no puede ir contra sí misma. La democracia parte de la toma de decisiones entre personas que poseen la misma base de derechos para participar en la vida pública. Si esto se hubiese propuesto en los debates acerca de los derechos civiles de la población afrodescendiente en Estados Unidos, o de los derechos de los pueblos indígenas durante la reforma constitucional del 2001 o al momento de dirimirse el derecho al voto de la mujer, ninguno de esos grupos tendrían hoy los derechos que les son reconocidos por la ley.
CUARTO.- Por lo anterior, consideramos que no hay motivos para que la iniciativa no sea discutida en el Pleno del Congreso. No es un tema nuevo. No es un debate inédito ni para Yucatán, ni para el país, ni mucho menos para la comunidad internacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias nacionales e internacionales han coincidido en que no es justificado restringir a las parejas del mismo sexo a figuras de protección jurídica ya reconocidas para las parejas heterosexuales, como el matrimonio. Esto implica que el Congreso de Yucatán tiene una carga mucho mayor
que hace 10 años para justificar porqué hasta ahora no ha adecuado su legislación. Menos razones hay para que ese debate no llegue pronto al Pleno del Congreso.
QUINTO.- Le recordamos al Congreso de Yucatán en su conjunto que ellos representan a una comunidad en la que conviven personas de distintas creencias y religiones, desde ateos y agnósticos, hasta judíos y musulmanes. En este sentido, los debates deben darse a partir de argumentos jurídicos y con una institucionalidad laica. Las leyes no deben atender a visiones religiosas en lo particular, sino ser pensadas de forma general para que no se acepte nunca que las creencias espirituales de unos se imponga a otros, ni mucho menos obstaculicen el ejercicio de derechos de quienes no comparten sus creencias.
SEXTO.- Las personas LGBTTTI+ son padres, madres, hijas, hijos, hermanas, hermanos, primos, tías, vecinos, profesores de escuela primaria, músicos, conductores de transporte público o privado, profesionistas, deportistas, etcétera. Convivios con ellas a diario. Son gente valiosa y productiva en la sociedad. Negarles el acceso al matrimonio no solo les priva de derechos, generando un apartheid legal. Si el Congreso llega a votar en el sentido de no aprobar el matrimonio igualitario, mandaría el mensaje implícito a la sociedad de “esto no es normal”, “esto no debe aceptarse”, “esto es peligroso”. Confiamos en que no es esa la postura de la mayoría de las y los diputados, pero ese mensaje se enviaría, así esa no sea la intención. Ponemos como ejemplo las amenazas que estos días hemos recibido algunos de nosotros vía redes sociales por iniciar este proceso de seguimiento al proceso legislativo de referencia. Una de ellas, por ejemplo, enviada a uno de nosotros por mensaje privado, decía “Los vamos a mandar a Los campos de concentración de Chechenia maricas de mierda!!!”. No reconocer a las familias de personas del mismo sexo envía el mensaje de “esto no es correcto”, alimentando, se quiera o no, a gente como ésta que está dispuesta a hacer daño a cualquier miembro de la comunidad LGBTTI+.
Como Colectivo permaneceremos en constante seguimiento y monitoreo a este proceso legislativo. Exhortamos a las y los diputados de Yucatán a reflexionar sobre el impacto que esta decisión tendrá en la vida de muchas personas. Las familias necesitan ser protegidas y no pueden esperar más tiempo. Queremos un Yucatán en el que las familias vivan en paz, en condiciones de igualdad, y en el que la composición de sus miembros, y concretamente la orientación sexual de alguno de sus miembros, no sea motivo de rechazo o incluso inseguridad. Salvemos a las familias. A todas las familias.
Mérida, Yucatán a 25 de febrero de 2019
COLECTIVO POR LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS FAMILIAS EN YUCATÁN
Para información de contacto:
Alex Orué, alex@itgetsbetter.org. Twitter: @Alex_Orue.
Carlos Luis Escoffié Duarte, kescoffie@gmail.com. Twitter: @kalycho

Vídeo Poderes de Yucatán interpondrán controversia constitucional contra robo de territorio por Congreso de Quintana Roo

Leer Noticia

Reunión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso

Leer Noticia

Congreso de Yucatán aprobó reforma federal en materia de paridad de género así como la misma reforma a nivel local

Leer Noticia

Vídeo Expertos al Congreso en materia de agua, dice Felipe Cervera

Leer Noticia