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Derechos Humanos

El Congreso de Yucatán ante el matrimonio igualitario: inconstitucionalidad y discriminación, dicen

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Redacción / Carta enviada a organismos de derechos humanos.- Jan Jarab Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

Víctor Madrigal Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género de la ONU 

Flávia Piovesan Relatora sobre los derechos de las personas LGBT de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Luis Raúl González Pérez Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Alexandra Haas Paciuc Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

Miguel Ángel Sabido Santana Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 

Apreciables responsables y representantes de organismos de derechos humanos en Yucatán, 

México y la región. Nos dirigimos a ustedes con preocupación para solicitar su apoyo ante la posibilidad de que el Congreso de Yucatán continúe perpetuando la discriminación en contra de la población LGBTTTI+ que vive en este estado de la República Mexicana. En los últimos días, el tema del matrimonio igualitario ha estado una vez más en el Congreso de Yucatán. 

Sin embargo, las y los diputados han pospuesto la discusión del tema “por cuestiones de calendario”. Esta decisión se ha producido en paralelo a las declaraciones de los coordinadores parlamentarios de las dos bancadas más numerosas en el Congreso de Yucatán sobre los criterios que seguirán para determinar el sentido de su voto. 

Por ejemplo, Felipe Cervera Hernández, coordinador de la fracción del Partido Revolucionario Institucional y Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, dijo recientemente que el sentido de su voto será en función de “lo que quieren nuestros electores y la mayoría de los ciudadanos” . P

or su parte, la 1 coordinadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Rosa Adriana Díaz Lizama, ha declarado que es relevante considerar que 99% de las voces que ha escuchado se oponen al matrimonio igualitario y el papel del Congreso “no se trata sólo de respetar los derechos humanos, sino de respetar los derechos de terceros”2 

En este contexto, recurrimos a ustedes por los siguientes motivos. (1) Porque nos alarma que el Congreso de Yucatán considere la posibilidad de que el reconocimiento de los derechos humanos estén vinculados a su popularidad y a la aprobación de mayorías. Somos conscientes de que los derechos humanos son el producto de luchas de minorías por su dignidad, libertad e igualdad. 

En Yucatán, el movimiento LGBTTTI+ lleva una lucha de por lo menos diez años por el reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario, demanda que no ha sido atendida por el Congreso de Yucatán. 

Esta demanda ha sido reiterada en la “Agenda estatal política de la Coalición Mexicana LGBTTTI+ (Yucatán)”, presentada el año pasado por una veintena de organizaciones de la sociedad civil y diversas ciudadanas y ciudadanos. 

A ello tenemos que sumar el desconocimiento sobre la naturaleza de los derechos humanos o la historia de la defensa de estos derechos que declaraciones como las mencionadas arriba implican. (2) Porque nos parece inaceptable que desde el Congreso de Yucatán se tomen decisiones francamente inconstitucionales. 

A pesar de que en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 84/2015, “Matrimonio entre personas del mismo sexo. 

Las normas civiles que definen la institución del matrimonio como la que se celebra entre un solo hombre y una sola mujer, contienen una distinción con base en una categoría sospechosa”, y que en ese mismo año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó la Recomendación general no. 23 sobre el matrimonio igualitario, dirigida a los Titulares de los Poderes Ejecutivos y a los Órganos Legislativos de todas las entidades federativas del país con el fin de que adecuen los correspondientes ordenamientos en materia civil y/o familiar para permitir el acceso al matrimonio a todas las personas y en condiciones tales que se impida cualquier tipo de discriminación, la constitución y el Código Familiar de Yucatán continúan impidiendo el acceso de las parejas del mismo sexo al matrimonio. 

El Artículo 94 de la Constitución Política del Estado de Yucatán define en su segundo párrafo al matrimonio como “una institución por medio del cual se establece la unión jurídica de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, con la posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e informada. 

El Estado reconoce que es de vital interés para la sociedad que en la unión de hombre y mujer para la procreación, se establezcan límites en cuanto a la edad y salud física y psíquica”. 

De manera similar, el Código de Familia y Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán dispone en su Artículo 49 que “El 1https://www.lajornadamaya.mx/2019-02-19/Piden-a-Congreso-discutir-union-homosexual-mediante-parla mento-abierto 2 http://www.desdeelbalcon.com/el-99-se-opone-a-matrimonio-igualitario-diaz-lizama/#.XG2Qbi2cbOQ matrimonio es una institución por medio de la cual se establece la unión voluntaria y jurídica de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, con la posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e informada”. 

Ambas disposiciones resultan claramente inconstitucionales, pues continúan restringiendo el matrimonio a las parejas conformadas por un hombre y una mujer y establecen como su fin la procreación. 

Como consecuencia de este acto de discriminación, las parejas del mismo sexo en Yucatán sólo pueden acceder al matrimonio por medio de un amparo o contrayendo matrimonio en otra entidad federativa; no pueden hacerlo libremente y en igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales de Yucatán. (3) Porque en Yucatán las administraciones anteriores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) han optado por guardar silencio sobre este tema, a pesar de que la situación de discriminación de la población LGBTTTI+ en Yucatán es preocupante. 

De acuerdo con la “Encuesta estatal sobre discriminación. 2014”, elaborada por la propia Codhey, el 76.8 por ciento de la población del estado considera que “las personas homosexuales/lesbianas sufren discriminación” y el 83.7 por ciento “señala que las personas homosexual/gay son discriminadas”. 

Asimismo, Yucatán se ubica en el octavo lugar en crímenes de odio por homofobia y transfobia en México, según la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio. Este es el contexto que ha llevado a quienes firmamos este documento a recurrir a ustedes solicitando su posicionamiento sobre este tema. 

Nuestro único objetivo es hacer ver a quienes integran el Congreso de Yucatán que el reconocimiento de los derechos humanos no está sujeto a su popularidad, que no modificar el marco legal vigente para reconocer plenamente el matrimonio igualitario es inconstitucional y que un Congreso que se niega a reconocer este derecho contribuye a perpetuar la discriminación y la opresión. Atentamente
La carta va acompañada de decenas de firmas.

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