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Diputada Cecilia Patrón y el PAN interponen un amparo indirecto contra el decreto de presupuesto presentado por el Gobierno Federal en materia de estancias

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Redacción / Comunicado de Prensa PAN.- Uniéndose a las voces de diversos sectores de la sociedad y a la lucha que el PAN nacional ha emprendido junto a sus representantes, este lunes 25 de febrero la Diputada Federal Cecilia Patrón Laviada y el Presidente del PAN Yucatán, Asis Cano, acompañaron a un grupo de responsables de estancias infantiles de Mérida y del interior del Estado a interponer un amparo indirecto contra el decreto de presupuesto presentado por el Gobierno Federal que reduce un 50% el presupuesto para estas instituciones, que en nuestra entidad prestan servicios de cuidados, educación y desarrollo a 8,160 niños y niñas en sus más de 200 sitios instalados; entre la niñez beneficiada con este programa se encuentran incluidos menores con algún tipo de discapacidad.

El amparo, que fue presentado pasado el mediodía en los Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, de la col. Petronila de la ciudad de Mérida, fue realizado a iniciativa y con la asesoría de la legisladora federal y el PAN yucateco, buscando con esto detener la reducción presupuestal a estas estancias que benefician también a más de 8,000 padres y madres de familia trabajadores en la entidad que dejan ahí a sus hijos de forma segura, así como a 2,130 familias que trabajan como asistentes educativos y más de 200 familias de las responsables de estos lugares, a estas últimas a quienes tampoco se les han transferido los recursos correspondientes a los meses de enero y febrero.

Esta solicitud de amparo, es la primera de su tipo que se presenta en Yucatán, y se suma a otras emprendidas en otras partes del país, acompañadas por diversos actores políticos y sociales.

Con estas acciones, el PAN Estatal y sus representantes, se suman al esfuerzo de varios actores de la sociedad civil para dejar en evidencia este problema y luchar contra esta decisión del Ejecutivo Federal, que afecta a miles de madres y padres trabajadores, así como a sus hijos menores de edad, quienes con este decreto dejarán de gozar del servicio de estancias y guarderías, atentando contra el interés superior de la niñez y contra el derecho de sus padres de desempeñar un trabajo digno con la seguridad que sus hijos están en buenas manos y al cuidado de personal especializado.


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