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Derechos Humanos

Nueva información sobre el caso Ayotzinapa confirma la necesidad de investigar el papel del Ejército en el caso: normalista era infiltrado de Sedena, afirman

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Redacción / Comunicado de Prensa de Serapaz Tlachinollan, Centro PRO y Fundar.- Los videos revelados hoy en el programa radiofónico “Ciro Gómez Leyva por la Mañana”, en los que se muestran imágenes sobre la presunta relación entre uno de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala y el Ejército, confirman que la SEDENA no entregó ni ha entregado toda la información con que cuenta sobre el caso Iguala y su contexto. Los referidos videos y la información contenida en ellos eran desconocidos hasta este momento por las organizaciones representantes de las familias y fueron difundidos sin consentimiento ni conocimiento de la madre de familia videograbada, a sólo dos días de la formalización del anuncio del nuevo mecanismo de seguimiento de la CIDH.
 
Los videos difundidos hoy:
 
1. Confirman que el Ejército cuenta con información adicional sobre el caso que a más de cuatro años y medio de los hechos no se ha brindado a la Procuraduría General de la República (PGR), ni mucho menos se ha dado a conocer a las familias y a sus representantes legales, siendo innegable que el material revelado hoy fue grabado en instalaciones militares y proviene de una grabación de personal del Ejército. En este sentido, destacamos que el Coronel que aparece en el material no ha rendido declaración alguna en el caso y la muestra de sangre extraída por personal castrense a la madre del estudiante Julio César López Patolzin, no obra en los expedientes de la PGR, lo cual sugiere la posible existencia de una investigación paralela en el ámbito militar.
 
2. Confirman que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) practica la infiltración en la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, pues en el video aparentemente se reconoce una relación entre el estudiante Julio César López Patolzin y el Ejército para la realización de labores de inteligencia. Inclusive, según fue reportado, en reconocimiento de este vínculo la SEDENA habría brindado algún tipo de asistencia a la familia del estudiante sin que esto fuera del conocimiento de las autoridades civiles ni de los representantes de las familias. Para las organizaciones, es fundamental subrayar que la posible confirmación de este vínculo no deslegitima en modo alguno la exigencia de los familiares de Julio César de conocer el paradero de su hijo.

3. Confirman que las Fuerzas Armadas han ocultado información relevante al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e incluso a la Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH), pues estos videos nunca fueron brindados a dichas instancias. Es menester recordar la negativa en el sexenio pasado a que las y los expertos realizaran entrevistas directas a los elementos militares y la resistencia castrense a entregar material de inteligencia completo. Sobre el particular, la SEDENA incluso proporcionó información distorsionada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pues le reportó que Julio César López Patolzin “contaba con autorización para realizar estudios en instituciones educativas civiles”, lo que no se refleja en el video pues éste da cuenta de una relación laboral activa para fines de inteligencia. En este contexto, el material de hoy viene a confirmar la urgente necesidad de que en esta nueva etapa se investigue a profundidad el papel de las Fuerzas Armadas en los hechos.

Para las familias y sus representantes, es innegable que todas las dependencias deben brindar ya, sin pretextos ni dilaciones, toda la información en su poder que sea relevante para el esclarecimiento pleno del paradero de los 43 estudiantes, tal y como se ordena en el Decreto presidencial por el que se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a justicia, signado, entre otras autoridades, por el Presidente de la República, la Secretaria de Gobernación, el Secretario de la Defensa Nacional y el Secretario de la Marina.
 

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