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Desvíos por aclarar y contabilidad negra por Eduardo Lliteras Sentíes

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Por primera vez en la historia de la ASEY (Auditoría Superior del Estado de Yucatán) las cuentas de un gobierno estatal aparecen con “observaciones”. Es decir, hay indicios de que hay algo chueco, aunque podría ser que lo chueco no lo esté tanto y se subsanen las “observaciones”, asegura un diputado local, restando fierro al entuerto. Claro, se sabe que las cuentas negras de la pasada administración nadie las fiscalizó, obviamente, y allí es donde podrían emerger muchos más millones desviados. Pero mucho más.

En la nota de Oscar Rodríguez publicada en La Jornada Maya se habla de más de 70 millones de pesos con observaciones en el ejercicio fiscal 2017, cantidad que se antoja exigua aunque con ese dinerito muchas familias vivirían en Yucatán por muchos años o podrían tener casa, un baño más o salud.

Claro, la cifra se vuelve algo ya de peso si se incluyen, como explica Oscar Rodríguez, los más de mil 220 millones con observaciones correspondientes a 96 municipios, de los cuales 39 están marcados como “negativos” y el resto con “salvedad”.

Ya se sabe, en esto de tender cortinas de humo, las burocracias, incluidas las fiscalizadoras, son maestras de la prestidigitación. El metalenguaje sirve para marear a la perdiz, al ciudadano.

En la danza de las cifras que no se sabe dónde acabaron –podrían haber sido desviadas a algunos bolsillos o a las elecciones, por ejemplo- aparecen 74 millones de la Universidad Autónoma de Yucatán así como casi otros 100 milloncejos correspondientes a organismos operadores paramuncipales de agua potable.

No sorprende, para nada, que entre los ayuntamientos con más observaciones se encuentre a la cabeza el municipio de Kanasín con 114 millones de pesos, convertido en un caldo de cultivo de muchos problemas, incluida la delincuencia.  

Otros municipios ejemplo de desvíos y corrupción son Oxkutzcab y Tekax, con 60 millones cada uno así como Motul con 43, Hunucmá con 36 millones y Ticul con 30 millones.

En el informe de la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la ASEY obtenido por La Jornada en primicia se especifica que en el Fondo de Aportación para la Seguridad Pública, así como en la Universidad Tecnológica Metropolitana, en el Colegio de Bachilleres y en el Instituto del Deporte hay varios millones pendientes por aclarar. Entre otras dependencias.

El problema, como siempre, es si la danza de los millones dejará de consumarse sexenio tras sexenio, administración tras administración, y si habrán investigaciones dignas del grueso nombre de la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, si se fincarán responsabilidades; si se recuperarán millones. Hablamos de propiedades, mansiones, negocios, carros, para ser devueltos a la población yucateca, la que mayoritariamente vive en la pobreza, entre la opulencia digna del Egipto de los faraones, de unos cuantos.

Precisamente, hace pocos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los bienes y recursos decomisados a organizaciones criminales serán devueltos a la ciudadanía, y que para eso se creará un instituto que buscará simplificar los procesos de decomiso y confiscación de recursos generados de manera ilícita o provenientes de hechos de corrupción. Veremos si se vuelve realidad para intentar enderezar el entuerto de la corrupción generalizada, Estado por Estado.

Claro, cabe recordar que hablamos de las cuentas que dejó el ex gobernador Rolando Zapata Bello en el año 2017. Todavía faltan por conocer las conclusiones a las que llegará la ASEY sobre las cuentas del último año de Rolando Zapata, en el que tuvo lugar el proceso electoral, por cierto. El nuevo gobierno estatal denunció faltantes mil millonarios, falta ver a qué conclusión llegan quienes revisan las cuentas, y la flamante fiscalía anticorrupción.

Como señala la misma ASEY, si bien “hubo un incremento en el número de fincamiento de responsabilidades para el segundo semestre del 2018” del gobierno de Rolando Zapata, “a la fecha de emisión del presente informe no se ha promovido acción alguna en lo referente a la fiscalización de la cuenta pública 2018”. Es decir, pura llamarada de petate.

¿Hasta ahí quedará esta historia? Todo depende de si la Fiscalía Anticorrupción buscará más allá de la cuentas palomeadas por el Congreso local, y husmeará en los pasajes oscuros de las cuentas negras, donde se contabilizaban los diezmos cobrados a contratistas y prestadores de servicios al gobierno estatal. Tema denunciado reiteradamente por empresarios yucatecos, por cierto. Y que podrían explicar mucha riqueza, inexplicable, en Yucatán.


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