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El País

Urzúa en Proceso dice que peligraría gas para la Península de Yucatán por litigio con Transcanada y la estadounidense Sempra: esta última fue acusada de corrupción y lavado

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Redacción.- El exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, asegura en una entrevista con la revista Proceso que el conflicto con las transnacionales que construyeron el gasoducto Texas-Tuxpan amenaza con dejar sin gas a la Península de Yucatán. Además de señalar que está en contra de que se haya puesto alto a la construcción del aeropuerto en Texcoco también dice que el Tren Maya “está en diseño”. Y claro, señala al empresario Alfonso Romo –propietario de un inmenso rancho en Yucatán productor de soya y maíz- como el conflicto de interés al que hizo alusión en su renuncia mediática a través de internet.

Dice en la entrevista que "en la jefatura de la Oficina de la Presidencia se maneja a diario un cúmulo de información económica confidencial, uno quisiera que Alfonso Romo y sus familiares hasta de primer grado no tuvieran actualmente participación accionaria alguna en la Casa de Bolsa Vector".

Asimismo, dice que "ideológicamente Romo es un hombre de extrema derecha. Y en términos sociales oscila entre el Opus Dei y los Legionarios de Cristo. ¿Cómo un hombre así, que llegó a admirar a Augusto Pinochet y a Marcial Maciel, acabó no solo siendo amigo de López Obrador sino incluso siendo el jefe de la Oficina de la Presidencia?", cuestiona a su vez Urzúa.

Respecto al tema energético –además de rechazar la construcción de la refinería de Dos Bocas- descalifica a Manuel Bartlett para ocupar el cargo de director de la Comisión Federal de Electricidad.

Afirmó que Bartlett dice que son un robo a la nación varios contratos de empresas extranjeras de construcción de gasoductos: uno de los gasoductos paradigmáticos es el que va de Texas a Tuxpan, Veracruz el cual se firmó hace cinco años y ya se terminó de construir. Ese gasoducto, que provee más de un tercio de toda la demanda de gas en México, fue construido por Transcanada, una paraestatal canadiense, junto con Ienova, una empresa mexicana, subsidiaria a su vez de una estadounidense llamada Sempra. Puede ser cierto que el gasoducto haya salido caro, como afirma Manuel Bartlett, pero lo cierto es que nosotros firmamos un contrato y debemos cumplirlo, dice Urzúa según la revista Proceso.

También afirma que Bartlett no quiere entregar ese gasoducto y que pretende renegociar el contrato, pero no está evaluando correctamente sus costos, porque al parecer no entiende el concepto de valor presente. Alguien así no puede dirigir una empresa de electricidad. El problema es que si no se respeta el contrato, Transcanada demandará a la CFE porque el gasoducto ya se terminó de construir.

Asegura que mientras ese pleito dura, el gasoducto no se podrá utilizar, lo que nos dejaría imposibilitados de satisfacer un tercio de la demanda de gas. El pleito va a durar años y es muy probable que México lo pierda, además de que no podremos usar ese gasoducto por un buen rato. Eso es jugar literalmente con fuego y con el bienestar de millones de mexicanos que viven en la Península de Yucatán, donde ya están sufriendo apagones severos porque no hay gas.

Además, mencionó a la empresa estadounidense Sempra. Esta última tiene en su consejo a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, líder demócrata y con quien Urzúa veía problemas porque Bartlett no quiere cumplir un contrato ya firmado con esa compañía, lo que además podría dejar eventualmente sin gas a millones de mexicanos en la Península de Yucatán, según dijo.

Cabe recordar que la empresa norteamericana Sempra Energy, ha sido acusada de lavado de dinero, tráfico de influencias y crimen organizado. Nada menos.

La misma revista Proceso advertía en un reportaje publicado en 2014 que Sempra Energy es una empresa de Estados Unidos dedicada en especial a la explotación de gas shale. Cuenta con intereses prácticamente en todo el mundo y destaca de ella la formación de sus ejecutivos, algunos de los cuales han tenido presencia en lugares que fueron escenario de cruentas guerras en los últimos años: Chechenia y Afganistán

Por ejemplo. Proceso señalaba que la embajada de Estados Unidos en México fue el escenario para presionar y obligar al alcalde de Ensenada, el priista Enrique Pelayo Torres, a fin de que retirara los sellos de clausura puestos el 11 de febrero de 2011 al complejo gasero de Sempra Energy en ese municipio bajacaliforniano. La trasnacional había incumplido la autorización de uso de suelo y violó el Plan de Desarrollo Urbano de la región.

Asimismo, Proceso afirmaba que el anfitrión del encuentro de finales de mayo de 2011 en la sede diplomática estadounidense fue John D. Feeley, en ese entonces subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, quien entonces era encargado de negocios de la embajada. En realidad Feeley era más que eso: Durante su estancia en México fue responsable de aplicar la Iniciativa Mérida, según el perfil que exhibe el sitio oficial del Departamento de Estado.

Proceso daba datos escalofriantes respecto a la manera de proceder de Sempra y sus representantes diplomáticos: Respecto a Sánchez Ritchie, Sempra llegó al extremo de contratar al comandante de la Policía Ministerial del estado, Jaime Niebla, para que lo espiara mediante un contrato signado por Raúl Olamendi Smith, un abogado de la gasera, el 16 de abril de 2008, en San Diego California. Proceso consultó copia del contrato, los cheques por el trabajo realizado y los reportes de espionaje que incluyen fotografías de vehículos, domicilio y actividades tanto de Sánchez Ritchie como de su hija.

Aun peor, decía Proceso. El general Sergio Aponte Polito, quien por los días del contrato de Jaime Niebla con Sempra era comandante de la II Región Militar, denunció tiempo después (en las páginas del semanario Zeta) que Niebla y una mujer identificada como Sonia Navarro utilizaron vehículos y armas de la procuraduría estatal con el fin de secuestrar a Sánchez Ritchie y que Blake Mora abogó para que la mujer no fuera incriminada.

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