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Sempra e IEnova, los apagones en Yucatán y sus aliados por Eduardo Lliteras Sentíes

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¿Trabaja el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, para los intereses de TransCanada y de Sempra Energy, como ya algunos especulan? Como cuestionaba en su cuenta de Twitter, el columnista de La Jornada, Enrique Galván Ochoa: “¿Para quién trabajaba Urzúa? Según sus propias palabras parece que  representaba los intereses de las trasnacionales...”

En efecto. Como el mismo Urzúa advierte en la famosa entrevista recién publicada en la revista Proceso, en el Consejo de Administración de Sempra Energy se sientan personajes del calibre de Nancy Pelosi, la presidente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos y líder demócrata.

Como vemos en Sempra convergen los intereses económicos de una transnacional, de sus accionistas, con los políticos y geopolíticos de quienes gobiernan el vecino país y que operan en nuestro país a través de su filial, IEnova.

Sempra es una empresa peligrosa. Digna de temerse, debido, precisamente a los muy poderosos personajes que se sientan en su consejo de administración. Su mala reputación viene precisamente de su modus operandi digno de la mafia, al grado de que en México, donde se ha visto involucrada en graves escándalos cambió su nombre al de IEnova, para ocultarse.

Por ejemplo, el FBI (Federal Bureau of Investigation) abrió una investigación criminal por las denuncias contra Sempra por el supuesto pago de sobornos a funcionarios públicos en Ensenada en 2003, cuando pagó 7 millones de dólares a un “fondo” (trust) para obtener los permisos firmados en solitario por el entonces alcalde panista Jorge Antonio Catalán Sosa, contra el parecer de todo el Cabildo de Ensenada. Sempra obtuvo del entonces alcalde de Ensenada, Jorge Antonio Catalán Sosa, un oficio que, al no pasar por el cabildo, no podía, sin embargo, ser autorización de uso de suelo. A su vez Sempra le entregó 7 millones de dólares al fideicomiso Fondo Trust Ensenada, dinero cuyo destino jamás se hizo público, aún cuando el FBI asegura que se donaron diversos equipos a la ciudad y diversas instituciones baja californianas.

De hecho, Sempra en Ensenada se ha visto envuelta en un sinnúmero de escándalos desencadenados por su pago de supuestos sobornos a funcionarios municipales para obtener permisos para su planta de gas licuado, la que además ha sido señalada de causar grave contaminación en el litoral y mortandad de especies marinas.

En una investigación del FBI con fecha del 15 de marzo de 2015 (Vault Links, Sempra Energy) se menciona, por ejemplo, que dicha transnacional donó patrullas equipadas al municipio de Ensenada, así como material para el área de cocina de la Universidad Autónoma de Baja California, así como carros de bomberos, por ejemplo.

Ese, digamos, es el rostro “amable” de Sempra, para cooptar la voluntad de actores sociales y de la población.

Sin embargo, tras bambalinas, su rostro se rebela brutal. Por ejemplo, como menciona un reportaje de la revista Proceso publicado el 9 de agosto de 2014, la embajada de Estados Unidos en México fue el escenario para presionar y obligar al alcalde de Ensenada, el priista Enrique Pelayo Torres, a fin de que retirara los sellos de clausura puestos el 11 de febrero de 2011 al complejo gasero de Sempra Energy autorizado por el ex alcalde panista, Catalán Sosa, en ese municipio bajacaliforniano. La trasnacional había incumplido la autorización de uso de suelo y violó el Plan de Desarrollo Urbano de la región.

Como explicaba el reportaje firmado por Mathieu Tourliere y Arturo Rodríguez, el anfitrión del encuentro en la embajada estadounidense en la Ciudad de México a finales de mayo de 2011 fue John D. Feeley, entonces subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, quien entonces era encargado de negocios de la embajada. En realidad Feeley era más que eso: Durante su estancia en México fue responsable de aplicar la Iniciativa Mérida, según el perfil que exhibía el sitio oficial del Departamento de Estado. Precisamente al ex presidente Felipe Calderón –firmatario como presidente de la Iniciativa Mérida- también se le vinculó a Sempra.

La misma revista Proceso dijo a conocer que la trasnacional de origen estadunidense Sempra Energy presuntamente pagó sobornos millonarios a Felipe Calderón Hinojosa cuando estuvo al frente de la Secretaría de Energía, durante el sexenio de Vicente Fox, para que autorizara la instalación del Complejo de Gas Natural Licuado en Ensenada, según se desprende del reporte de la consultora en información e inteligencia Interfor consultado por Proceso.

Como señala Proceso, “la clausura del complejo de Sempra en Ensenada reveló la corrupción de las autoridades mexicanas y la forma en que esa trasnacional soborna funcionarios para imponerse, tuerce la ley hasta el absurdo y presiona a sus críticos y opositores valiéndose de altos funcionarios en México y el extranjero para espiarlos e incluso desaparecerlos”.

 

DE SEMPRA A IENOVA

 

Pero la corrupción siguió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Transformada en IEnova –para quitarse el estigma de corrupción asociado a Sempra- recién se había terminado de construir el gasoducto Los Ramones Fase II Norte cuando Petróleos Mexicanos (Pemex) ya se lo estaba vendiendo –sin licitación de por medio– a IEnova y al fondo de inversión BlackRock. Y en aquel entonces ninguno de los presidentes de cámaras –los que hoy alzan la voz todos los días- dijeron ni pío.

Precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que IEnova cobra a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) penalizaciones millonarias, pese a que no brinda el servicio de transportación de gas natural por sus ductos.

Y siguiendo con el hilo, cabe recordar que en la reciente reunión de alto nivel de funcionarios federales en Mérida con 22 directores generales de las empresas estadounidenses más importantes se contaban además de Larry Fink, de BlackRock, los pesos pesados de Sempra Energy, que acá en México se cambió el nombre a IEnova como señalamos y que opera en Yucatán, también.

Entre los aliados mexicanos de IEnova, además del ex secretario de Hacienda del presidente Andrés Manuel López Obrador, -quien admite que si bien “el gasoducto salió caro pero que lo cierto es que nosotros firmamos un contrato y debemos cumplirlo”-, se cuenta el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos.

José Manuel López Campos, exigió recientemente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llegar a un acuerdo con las empresas privadas (TransCanadá y IEnova) que construyen el ducto que distribuirá gas natural al sureste del país, porque el conflicto agrava el problema del suministro en la península.

La pregunta es si los apagones recientes en la Península son, efectivamente, por falta de gas o son actos de sabotaje, como el incendio registrado en la sub estación de la Comisión Federal de Electricidad en Caucel-Ucú ocurrido en el mes de abril del presente año. Y del que la misma Comisión no ha explicado, aún, las causas.


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