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Investigarían inédita ocupación de la Procuraduría Agraria en Yucatán por Eduardo Lliteras Sentíes

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Gargantas profundas nos dicen que se está investigando la toma, a la fuerza –nada de “pacífica”, como algunos justifican- de la Procuraduría Agraria en Yucatán, ubicada en la calle 66 de Mérida, y en manos de un grupo que se ostenta como de ejidatarios, pero en realidad compuesto por personas de diversa procedencia, incluidos, claro está, ejidatarios.

Al grito de “debe irse el Procurador Agrario, Alfredo Ramírez Gómez”, un grupo de varios centenares de personas, que llegaron a Mérida transportados en autobuses de la Alianza pagados y contratados desde la capital del Estado, irrumpieron en la Procuraduría, apoderándose del edificio hace ya cuatro días.

Los “ejidatarios”, con mantas y hasta un toldo, cerraron también la calle 66 ubicada en el corazón de Mérida, sin que algún policía se interpusiera. Los policías municipales aparecieron mucho después, esos mismos que no tienen tolerancia alguna para alguien que busca estacionarse en las complicadas calles del centro de la ciudad y que a la mínima se ponen violentos con los conductores.

La toma del edificio se completó con la expulsión, a la fuerza, del personal de la Procuraduría, tras forzar las puertas a empujones y gritos.

El Procurador, alertado minutos antes de la llegada del grupo, salió por piernas, abandonando el edificio a su suerte, para no arriesgar el pellejo, al no tener garantías para su integridad física.

Tras ya cuatro días de ocupación de una institución federal –situación inédita en el Estado- las preguntas surgen: ¿quién se responsabilizará de los posibles daños al edificio, a sus equipos, a los importantes archivos y moblaje?

Al no haber ni un policía dentro, las personas –desconocidas, salvo el operador, y ex funcionario estatal en la administración anterior, Salvador Arteaga Trillo- han hecho lo que han querido con el edificio y con los bienes públicos que están allí dentro.

Esta situación, además de anómala, puede –debería ser- objeto no sólo de una investigación, sino de la aplicación de la ley. Es decir, fincar responsabilidades.

Llama mucho la atención el silencio de los presidentes de cámaras empresariales sobre la toma del edificio.

Quizá sea porque detrás de la toma se encuentran algunos socios y amigos empresarios.

El tema aquí es insistir en que las manifestaciones, deben ser pacíficas. Al menos eso se presumía en Yucatán, Estado que se jacta de ser un remanso de paz donde las disputas no se resuelven con tomas de carreteras, de casetas de peaje o edificios públicos. Hasta ahora. Sin embargo, parece que la violencia se justifica cuando se trata de intereses empresariales.

No hay que olvidar que el mal ejemplo cunde. Y más si los ocupantes del edificio, obtienen lo que exigen: la renuncia del Procurador, por aquello de que no conviene a los intereses empresariales y de terratenientes en el Estado.

Mañana, entonces, no nos sorprendamos si otro grupo cualquiera, irrumpe en la Sedesol, estatal o federal, o en cualquier edificio público, o institución. Bueno, hasta en un edificio privado o fraccionamiento, alegando derechos e imponiéndolos a la fuerza.

Tampoco hay que olvidar que las tareas propias de la institución, se encuentran paralizadas, o semi paralizadas, ya que el personal no puede laborar en sus oficinas.

Del Procurador nada se sabe, ya que no responde al teléfono y se encuentra pertrechado en algún de Mérida, a la espera, quizá, de ser enviado al exilio en otro Estado.


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