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República de las Bananas

En Tabasco, la ley garrote, en Yucatán, la impunidad en la toma de PA por Eduardo Lliteras Sentíes

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8 días duró tomada la Procuraduría Agraria en Yucatán, a la fuerza. Ocupada sus oficinas sin supervisión o vigilancia alguna (para evitar su saqueo o robo de archivos o equipos), sin que pudieran laborar los burócratas que se dedican al tema agrario en el Estado y realizar trámites los ciudadanos. El costo de dicha ocupación, nadie lo ha establecido, pero llama la atención la facilidad con que algunos llamaron “pacífica” a una invasión de un edificio público en horas laborales, tras irrumpir pateando puertas y cerrando el tráfico en el centro de Mérida, sin que nadie lo impidiera. Por mucho menos, hemos escuchado linchamientos de auténticos movimientos sociales en el Estado y la exigencia de la “aplicación de la ley”, sin miramientos, por aquello de que Yucatán no es la Ciudad de México o Oaxaca (sic).

Dicha ocupación inédita en Yucatán se resolvió con una reunión con Huacho Díaz Mena, delegado de programas federales y el encargado de la Procuraduría Agraria en Yucatán, Felipe de la Cruz Díaz García, con los orquestadores y operadores de ese movimiento claramente financiado por  terratenientes en el Estado.

Las fotos de la reunión en la oficina de Huacho -en lo que fuera el edificio de la Sedesol federal en Yucatán- circularon así como un vídeo de una parte de la “amigable” plática (incluidos abrazos) con los comisarios que acompañaron a Salvador Arteaga Trillo, ex funcionario estatal, operador de poderosos intereses latifundistas en el Estado.

Hubo también un vídeo que entregó a algunos medios la oficina de comunicación social de Huacho Díaz.

Posteriormente, en la tarde, Huacho Díaz se reunió con los ejidatarios y comisarios que rechazaron la toma de la Procuraduría Agraria y la exigencia de que renunciara el Procurador agrario Alfredo Ramírez Gómez, quien después se dijo, había renunciado desde mayo por cuestiones legales del nuevo gobierno obradorista, quedando nada más como “enlace”.

Es decir, un auténtico despropósito y un circo que concluyó con la cínica exigencia de que se retirara la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado contra quienes ocuparon la delegación.

Huacho Díaz Mena prometió retirarla y todo indica que se retiró la denuncia. Del otro lado, quienes ocuparon la Procuraduría Agraria exigieron que sigan su curso sus denuncias contra Alfredo Ramírez. Dos pesos y dos medidas, en la aplicación de la ley.

De la reunión con Huacho y los ejidatarios que piden siga en su cargo Alfredo Ramírez, supimos que surgieron varias demandas al delegado de programas federales.

En primer lugar, se reunió con ellos, luego de que ellos lo buscaran. Es decir, no como sucedió con los ejidatarios que tomaron la Procuraduría, que fueron convocados a la oficina de Huacho para ser escuchados tras 8 días de ocupación, declaraciones y “ruedas de prensa” con los medios circundados por personas que exigían no se les cuestionara de ninguna manera.

Dos, quienes se opusieron a la toma del edificio exigieron a Huacho Díaz que no se retiren los cargos ante la Fiscalía General del Estado contra quienes orquestaron y tomaron la Procuraduría Agraria.

También exigieron tener copia de la minuta de la reunión, misma que se enviará al gobierno federal en la Ciudad de México.

Tres, pidieron reuniones periódicas con Huacho Díaz y el encargado de la Procuraduría Agraria, para dar seguimiento a los temas agrarios sobre la mesa, que son numerosos y con graves conflictos por la corrupción alojada en dicha dependencia federal desde siempre.

Y cuatro, pidieron que se escuchen sus problemáticas y puntos de vista sobre lo que está sucediendo en sus comunidades.

Por último, cabe señalar que la “entrega” de la Procuraduría Agraria, no se dio ante “notario” como prometió el abogado Arteaga Trillo, sino ante un escribano, que dio fe de la salida de los ocupantes, los que dijeron que no habían estado en el segundo piso, cuando hay fotos y vídeos de ellos sentados precisamente en el segundo piso.

CAJÓN DE SASTRE

En Tabasco, el gobernador morenista, Adán Augusto López Hernández, logró que el Congreso de Tabasco aprobara en comisiones un dictamen que busca imponer penas de hasta 20 años de prisión a personas que realicen bloqueos, impidan la realización de obras públicas o cierren el paso a zonas petroleras.

La reforma será votada en el Pleno el próximo lunes y cuenta con el aval de la bancada mayoritaria de Morena.

Aquí el tema, es la desmesura de la mano autoritaria del gobernador tabasqueño, dizque de un movimiento de “izquierda”. Pero también la otra cara de la misma moneda en Yucatán, tras la toma y ocupación de la Procuraduría Agraria, sin consecuencias legales, al menos para quien la orquestó.

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