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Autoridades federales, estatales, del sector salud y de la UNAM realizaron inspección de la obra abandonada del hospital de Ticul

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Redacción.- Autoridades federales, estatales y de la Universidad Nacional Autónoma de México realizaron una visita a la obra del hospital abandonado en Ticul. Dicha obra quedó aprobada durante el sexenio de la gobernadora, Ivonne Ortega Pacheco fue suspendida durante el gobierno del gobernador Rolando Zapata Bello. La empresa en ese entonces exigió 520 millones de pesos por la cancelación anticipada del contrato.

Recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se  resolverá la situación del inconcluso Hospital de Ticul, por lo que se comprometió a finalizarlo y habilitarlo para que brinde servicios de calidad a la población del sur del Estado durante una gira en compañía del gobernador Mauricio Vila Dosal.

Como se recordará, la empresa constructora del Hospital de Ticul, Infraestructura Hospitalaria de la Península (IPH), llevó el caso de la rescisión del contrato de esa obra, decretado por la administración de Rolando Zapata Bello en 2015, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En la reciente visita, realizada por indicaciones de Jorge Alcocer Varela, Secretario de Salud federal, asistieron autoridades de la UNAM, IMSS, Secretaría de Salud, COFEPRIS y la Secretaría de Salud de Yucatán.

Según se supo, se analiza su vocación para el sector salud en beneficio de la gente.

Como se recordará, la obra del hospital de Ticul fue aprobada por los legisladores locales del Congreso del Estado en 2012, dominado por el Partido Revolucionario Institucional, durante el último año del gobierno de la priísta Ivonne Ortega. 

Los legisladores priistas autorizaron que se construyera bajo la modalidad del Proyecto de Prestación de Servicios (PPS).

Los PPS son contratos en los que una empresa privada se encarga de edificarlo y de su operación durante 25 años.

En ese entonces se informó que la inversión anunciada para su construcción era de mil 173 millones de pesos.

Sin embargo, el contrato firmado con la empresa Infraestructura Hospitalaria de la Península, SAPI de CV, subsidiaria de Grupo Marhnos, especificaba que el gobierno estatal pagaría anualmente una cifra que se multiplicaría por cinco.


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