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El País

Policías y escuadrones de la muerte en Guerrero: le arrancaron el rostro a normalista

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El propósito sembrar el terror en México, en Guerrero, entre los normalistas. Así dejaron a Julio César Mondragón. Foto: infolliteras

Eduardo Lliteras.- Era ya de noche cuando las primeras informaciones sobre las dimensiones auténticas de los ataques armados contra los estudiantes normalistas en Iguala comenzaron a llegarme a través de mi teléfono móvil. Personas con contactos hasta Guerrero me hicieron llegar esa misma noche del 27 de septiembre las primeras versiones de la matanza, después corroboradas a lo largo de los días por la llamada prensa “nacional”. De inmediato, puse manos a la obra, subí las primeras noticias, de las que tenía mayor certidumbre así como fotos. Era inaudito lo que estaba pasando. A escasos días de que se recordara la masacre de Tlatelolco, volvíamos a tener otra matanza de estudiantes a manos de gendarmes, de cuerpos policiacos. Los habían cazado como a conejos. Por lo menos a tres normalistas. Y luego, a un jugador de Los Avispones que se transportaba en un autobús “que fue confundido” con normalistas. En ese tiro al blanco de los policías contra ciudadanos desarmados falleció una profesora de la CETEG que circulaba en un taxi y el chófer del autobús, Víctor Manuel Lugo Ortiz. Parecía el Chile de Pinochet, pero no, era México, en pleno siglo XXI. El país de las reformas y en “movimiento”, aplaudido alrededor del mundo.

En efecto. Centenares de balazos, disparados contra los autobuses en los que se transportaban un grupo de normalistas, quedaron en el piso. Casquillos de diversos calibres, lo mismo de rifles AK47 que de pistolas automáticas.

Los policías dispararon casi a quemarropa, a la cabeza, al primer estudiante que bajó de uno de los autobuses para pedir, clamar prácticamente, que los dejaran pasar. “No venimos armados, déjenos pasar”, les dijo a los policías municipales, estatales y federales –según señalan los testimonios- los que tras una larga persecución por las calles de Iguala, les habían cerrado el paso.

Pero los policías no los dejaban pasar. Sacaron sus armas y algunos de ellos se pusieron pasamontañas para ocultar sus rostros. Y comenzaron a disparar contra el autobús como si fuéramos un país sin ley –lo que somos, evidentemente-, a masacrar a los estudiantes que gritaban desesperados, dentro. Los vidrios se hicieron pedazos. El joven que había bajado de la unidad a pedir que los dejaran pasar había recibido varios disparos en la cabeza.

Los estudiantes que pudieron, salieron corriendo, alguno cayó en el asfalto herido o muerto. Según los testimonios, los policías comenzaron a perseguir a los estudiantes pistola en mano, con las metralletas en ristre disparando en medio de la calle, matando o hiriendo lo mismo a civiles que a estudiantes.

Ese fue, más o menos, el relato del primer ataque. El segundo, vino horas más tarde, lo que no puede ser explicado sin el contubernio de autoridades de otros niveles, superiores a la autoridad municipal, ya que para entonces la nota circulaba en las redes y en algunos medios “nacionales”.

Un autobús de Los Avispones, horas más tarde, fue también interceptado y baleado. Allí hubo más muertos. Los policías, y un comando armado sin siglas, volvieron a remeter contra los autobuses de los normalistas cuando algunos de éstos hablaban con periodistas.  Es decir, hablamos de varias horas de horror, de auténtico terror. Horas en las que el centro de la ciudad de Iguala fue convertida en escenario de una cacería al hombre. Al estudiante, al normalista. El día siguiente se supo que habían desaparecido por lo menos 43 normalistas. Y que a uno de los muertos, le habían arrancado la cara. Sí, la cara, práctica realizada en el pasado por escuadrones de la muerte. Las fotos me llegaron a mi celular. Estaba incrédulo. Preferí no subir la más violenta de todas, en la que se le veía de frente, sin rostro, convertido en una máscara sanguinolenta mostrando los huesos de la cara.

Se trataba de “El Chilango” como apodaban los demás estudiantes a Julio César Mondragón, quien cursaba el primer año de su carrera profesional y era originario del Distrito Federal.

Se lo habían llevado y lo habían matado a golpes. Ya que no tenía balazos en el cuerpo. Lo habían torturado y arrancado la cara, con un cuchillo. Así lo tuvo que reconocer su joven esposa que viajó días después hasta la morgue en Chilpancingo. Melissa, de apenas 24 años, fue advertida, varias veces, por el personal forense: “¿Está segura que quiere pasar?”, “¿Está segura que quiere verlo?”, le insistían.

Marissa, en su relato, dice que nadie le había dicho que su marido, su joven marido, había sido encontrado así: desollado, es decir, que le habían arrancado la piel del rostro.

 

ESTO ES MÉXICO A 46 AÑOS DEL 68.

 

Tlatoaya e Iguala muestran el auténtico rostro del país, violento, fuera de la ley, terrorífico, infiltrado por la delincuencia que se ha apropiado de Gobiernos, funcionarios e instituciones.

Si vemos al México de hoy, no hay gran diferencia con el México de Aguas Blancas o de Tlatelolco, en el 68. La vida, no vale nada en México, y las ejecuciones de ciudadanos, estudiantes, indígenas, líderes sociales, luchadores y defensores de derechos humanos así como de periodistas es una realidad opacada por el silencio y la complicidad de medios y de políticos.

El brutal caso de Iguala apenas sucintamente narrado, es un parteaguas en la actual administración federal priista y una gravísima crisis de la que no puede desvincularse el Partido de la Revolución Democrática y su gobernador guerrerense, Ángel Aguirre. México es visto por el mundo con horror. Y preocupación.

El escenario temible ante el cual nos encontramos en la República tampoco puede desvincularse de lo que sucedió en la pasada administración federal panista. A pesar de que a muchos no les guste, y quieran usar políticamente el desastre, la violencia en el país, para señalar al Gobierno de Enrique Peña Nieto, culpable por no haber cambiado de ruta, sin lugar a dudas. Pero el tobogán por el que nos deslizamos cubiertos de sangre, tuvo un momento muy importante en la pasada administración panista, con la declaratoria de guerra al narco de Felipe Calderón.

En efecto. En éstos días recientes se volvió a señalar que la ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de los Estados Unidos) llevó a cabo la introducción, a través de la frontera con México, de granadas, rifles TS Barret y rifles automáticos de alto poder como AK47 y R15 durante la administración de Felipe Calderón.

Esa siembra de armas de alto calibre escaló la violencia en nuestro país, a través de un programa gubernamental instituido en secreto en 2004 para supuestamente saber cómo operaban las bandas del narcotráfico en México. Esto en su momento lo señalamos en nuestro libro “México, Emergencia Nacional”, publicado durante el sexenio de Calderón.

Como lo señalamos fue así como ingresaron en territorio mexicano miles de armas, a través de las operaciones llamadas “Rápido y Furioso” y “Receptor Abierto”, ambas montadas, organizadas y financiadas desde Estados Unidos con la plena cooperación del Gobierno de Felipe Calderón y miembros de su gabinete. Esto ahora lo señalan -con documentos de por medio del Congreso estadounidense y con informaciones obtenidas en México- intelectuales, miembros de la sociedad civil y abogados mexicanos.

Los integrantes de la organización “Desarma México” interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República para que se investiguen a los funcionarios federales calderonistas involucrados en los operativos “Rápido y Furioso” y “Receptor Abierto”.

“Desarma México” (organización de la sociedad civil formada por abogados y luchadores sociales e intelectuales) pide a la Procuraduría General de la República se investiguen estas operaciones de forma seria desde el punto de vista técnico-jurídico, tras la entrega de un dossier de más de 40 páginas en las que se señala que el Gobierno mexicano –desde Vicente Fox a Felipe Calderón- ayudó, conoció e intervino en la introducción de armas de alto calibre, las que sabían eran entregadas a grupos de delincuentes y organizaciones criminales, a propósito.

Y yo añado, con la finalidad real, de desestabilizar al país y acabar con la oposición política -a través del terror y el miedo- a la entrega de sus recursos naturales, como el petróleo y el gas.

“Desarma México” presentó una denuncia de hechos ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la Procuraduría General de la República. La denuncia fue presentada por la Maestra Miriam Morales, el Doctor Sergio Aguayo, y miembros de la sociedad civil involucrados con “Desarma México”, junto con los abogados Gonzalo Aguilar Zinser, Felipe Gómez Mont Landerreche y José Miguel Castillo Hernández.

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